El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha impuso la pena modificada de 4 años de reclusión menor ordinaria a Byron E.B. y Rosalín M.A., en calidad de autores del presunto delito de lavado de activos. Este hecho se habría estado perpetrando a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), entre Ecuador y Venezuela. Foto La Hora
La pena incluye la multa equivalente al duplo del monto de lavado de activos (13 millones de dólares), es decir, 26 millones de dólares e igualmente el comiso especial de los bienes incautados y la extinción de tres compañías.
Las investigaciones de la Fiscalía dieron cuenta de que se reportaron operaciones inusuales e injustificadas. Básicamente, la recepción de altos montos de dinero provenientes desde Venezuela por concepto de exportaciones, acogiéndose al sistema Sucre. Las compañías citadas se dedicaban a exportar construcciones prefabricadas, maquinaria agrícola, matizando que la industria nacional no se destaca por la producción de estas mercancías.
De acuerdo con el Banco Central, el sistema denominado Sucre durante 2012 presentó 2.064 transacciones por concepto de exportaciones, totalizando 834 millones de dólares, siendo Venezuela el comprador del 99% de los productos exportados.
Detalles
La operación fraudulenta consistía en constituir empresas de fachada para exportar esos productos y recibir transferencias como pago de las exportaciones realizadas, valiéndose de prácticas de sobrevaloración de los productos exportados, registros de proveedores ficticios, elaboración y uso de documentos falsos, entre otros.
Se cita, como ejemplo, que una de las empresas fue constituida el 14 de mayo de 2010, compraba molinos de café a 842 dólares en el mercado de Ecuador y los exportaba a Venezuela por 62.000 dólares. (LC)
‘El otro lado de la moneda’
° La defensa de los procesados alegó la inocencia de sus clientes y, según dijo, las empresas han cumplido con todas sus obligaciones tributarias, pago de impuestos y otros deberes. Por ello, argumentan que mal se puede hablar de actividades ilícitas, más aún si a los procesados no se les ha probado incremento en su patrimonio personal ni familiar.
Alegaron también que el supuesto delito que se investiga es lavado de activos y no sobrevaloración del precio de productos. Expusieron que hay que entender cómo operan la oferta y la demanda en el libre mercado, por tanto no hay nada inusual haber adquirido en el mercado ecuatoriano un producto a un precio y haberlo vendido a otro.
El Dato
El dinero que ingresaba al Ecuador producto de esas exportaciones permanecía poco tiempo en el país.
