CCD.- La madre de uno de los 12 jóvenes desaparecidos y luego asesinados por funcionarios del Ejército, Mary Isabel Silva, fue quien denunció por primera vez los hechos ocurridos el 15 de octubre en Barlovento, según contó La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que acompaña a las víctimas en la exigencia de castigo para los responsables.
Silva denunció entonces que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad se los llevaron detenidos en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), realizado en el sector La Peica, en el municipio Acevedo (Caucagua).
«No es posible garantizar la seguridad violando los derechos humanos, ni con operativos esporádicos e indiscriminados que en vez de traer seguridad, generan más violencia, angustia y zozobra. La seguridad es también un derecho humano que el Estado debe garantizar sin menoscabar los demás derechos»
Según refiere una nota de prensa, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz exige que se castigue a los militares que privaron de libertad y asesinaron a 12 jóvenes de Barlovento.
En este sentido considera la ONG que si bien nada puede compensar la angustia y el dolor que viven los familiares de las víctimas, estos tienen el derecho de saber qué ocurrió, obtener justicia y que se sancione a todos los responsables. “(Tienen derecho a que) se les brinde ayuda para la rehabilitación de los sobrevivientes y se les otorgue algún tipo de reparación o compensación de los terribles daños causados, así como garantías de que nunca más se repetirán estos hechos”, indica el comunicado.
Así mismo anuncia que ha acompañado a los familiares que denunciaron la desaparición de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, desde el pasado 15 de octubre en el municipio Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda.
Después de la detención de los jóvenes en la supuesta OLP, los familiares supieron que los muchachos fueron trasladados al comando militar ubicado en El Café, aunque otros efectivos negaban esa información.
“El 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar. Tres días después fueron liberados ocho de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares. “Fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”, revelaron. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la Red de Apoyo.
El sábado 26 de noviembre el Ministerio Público informó a través de una nota de prensa que imputará penalmente, por varios delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, ante los tribunales ordinarios del Estado Miranda, a 11 ex efectivos militares por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 jóvenes. Los efectivos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mismo día 26, según comunicado del Ministro de Defensa.
Se trata del teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera, Miguel Francisco Rodríguez; y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel, adscritos todos al batallón del Ejército 323 Caribe Coronel José Camacaro Rojas, con sede en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, quienes están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café, estado Miranda.
“La Red de Apoyo se solidariza con las madres y los familiares de las víctimas y exhorta nuevamente a las autoridades políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente las denuncias de abusos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos que ocurren en estos operativos de seguridad donde se corre el riesgo de que funcionarios de seguridad ejerzan acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades. Los funcionarios militares no deben ejercer acciones de seguridad ciudadana para las cuales no están preparados, ni entrenados. No es posible garantizar la seguridad violando los derechos humanos, ni con operativos esporádicos e indiscriminados que en vez de traer seguridad, generan más violencia, angustia y zozobra. La seguridad es también un derecho humano que el Estado debe garantizar sin menoscabar los demás derechos”, puntualiza la organización.
Fuente: El Pitazo
