El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales que necesita el país, pero que ha devenido en una demanda insaciable de divisas a la tasa oficial para luego revenderlas lo más caro que se pueda a través de las más asombrosas modalidades de ilícitos cambiarios.
VÍCTOR ÁLVAREZ R. Ultima Noticias, 13/10/2013
CuentasClarasDigital
En el último informe anual de la Fiscalía General de la República, correspondiente al año 2013, se revelan datos sobre el hallazgo de contenedores, propiedad de empresas que han sido beneficiadas con divisas preferenciales, cuya investigación determinó que presentaron sobrefacturación. Asimismo, sobre la acusación de 40 personas y la condena de otras cuatro por irregularidades en la obtención y comercialización de divisas, a lo que se suma la aprehensión de “numerosas personas” vinculadas con este tipo de ilícitos, entre ellos, funcionarios adscritos a las gerencias de Importaciones, Recepción de Solicitudes y Registro (Rusad) y Verificación Aduanal de la ahora suprimida Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Sin embargo, el problema no es tan corto en número, al contrario, parece copioso.
La jefa del Ministerio Público reveló que existen 942 investigaciones penales contra personas naturales, por estar presuntamente incursas en irregularidades en la solicitud de adquisición de divisas extranjeras, y otras 416 por parte de grupos de la delincuencia organizada, a través de las empresas de maletín.
El problema no sólo se ubicó en las aduana de los puertos, en los viajeros que no van a donde dicen, sino a otros lugares, con el propósito de negociar los dólares obtenidos a través de Cadivi, tampoco en los denominado “raspacupos”. Desde la misma sede de Cadivi pareciera que se “cocinaron” los ilícitos, se crearon empresas de maletín, cuyos titulares se mueven en la esfera del secretismo oficial. Los venezolanos siguen esperando la lista de “empresas de maletín”, prometida por el presidente Nicolás Maduro.
El secretismo oculto en empresas de maletín
Vale tan sólo recordar las declaraciones de Edmée Betancourt, durante su corta estancia en la presidencia del Banco Central de Venezuela, cuando afirmó: “Lo que se entregó en divisas el año pasado (2012) fueron cantidades muy considerables, pero también hay otra cantidad considerable de divisas que se llevaron a empresas de maletín,».
Betancourt estimo que unos 20 mil millones de dólares correspondieron a una especie de «demanda artificial» no asociada a actividades de producción.
Extraoficialmente se supo que su breve desempeño como presidencia del BCV se debió a diferencias con el Gobierno Nacional, fundamentalmente por revelar que en 2012 Cadivi aprobó 20 millardos de dólares a empresas de maletín.
La pregunta quedó en el aire ¿Quiénes son los representantes de las empresas de maletín que en 2012 recibieron 20 mil millones de dólares?
No son todos los que están
En los dos casos citados por la Fiscal, se detectó la existencia de empresas de maletín. En uno se constituyeron 85 empresas fantasmas para tramitar dólares. Se trata del exfuncionario de Cadivi, William Rojas Graterol (53) y su hijo William José Rojas Godoy (23), quienes admitieron su responsabilidad en la creación de “empresas de maletín” para obtener divisas de manera fraudulenta desde el año 2010 hasta 2013, por lo cual el tribunal les dictó sentencia condenatoria, aunque ninguno de los dos pagaron prisión, porque de acuerdo con lo contemplado en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, gozan de la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que la sentencia no excedió los cinco años.
En el otro caso, se crearon 154 empresas de maletín. Por este hecho el Ministerio Público acusó al exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de Cadivi, Francisco Navas Lugo (40) y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo (30).
Estos son dos situaciones irregulares. ¿Qué pasa con las 942 investigaciones penales a personas naturales y 416 otros casos delincuencia organizada? Los casos relacionados con las empresas de maletín han sido enviados a las direcciones contra la Corrupción, y la correspondiente a Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, dado que el modus operandi encuadra dentro de lo que es la delincuencia organizada. “La Dirección contra la Corrupción tiene 191 investigaciones que agrupan varias empresas, son muchísimas porque una investigación pudiera contener, 10, 20 ó 50 empresas de maletín”, indicó la Fiscal General.
No es exagerado estimar que se trata de una enorme maraña de ilícitos cambiarios. Los venezolanos y las venezolanas esperan que la fiscal explique detalladamente los resultados de estas investigaciones. Que no se pierdan en cuadros estadísticos. Que no se pierdan en discursos grandilocuentes. Que generen un aprendizaje y un cambio contundente en la política cambiaria y económica de Venezuela.
En el marco de una entrevista televisiva, realizada por José Vicente Rangel, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de una Comisión Presidencial Especial que se encargaría de investigar y determinar los culpables del robo de divisas contra el Estado a través de la creación de empresas de maletín. “Yo le voy a exponer al país la verdad de lo que pasó ahí, porque fue una vulgaridad, hay responsabilidad de funcionarios sin lugar a dudas, y hay una estafa contra la república…”.
José Khan, durante su ejercicio como presidente de Cadivi, aseguró que unas 500 empresas cometieron irregularidades en el uso de las divisas oficiales. “Hemos visitado cuatro estados y ha habido irregularidades en 400 a 500 empresas. Ya hemos levantado la información necesaria para que las instituciones resuelvan esto”. ¿Cuándo se conocerá ese informe?
Lavado de activos con el SUCRE
Hay otro caso detectado e investigado en Ecuador. Se trata de exportaciones ficticias y sobrefacturación a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), nombre de la moneda virtual de cuenta común que, en noviembre de 2008, acordaron adoptar los presidentes y representantes gubernamentales de los países miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
Durante el año 2012, Cadivi puso en marcha una estrategia dirigida a incrementar el uso del Sucre como mecanismo para importar y recortar las asignaciones de divisas dirigidas a las compras en el exterior. Para importar a través del Sucre, las empresas venezolanas pagan en bolívares, a través de la entidad bancaria de su preferencia, la cual inmediatamente transfiere los bolívares al Banco Central de Venezuela. Seguidamente, el BCV realiza la conversión a Sucres y finalmente los transfiere al Banco Central del país donde se encuentran los exportadores.
Medios de comunicación de Ecuador, en julio de 2013, divulgaron informaciones sobre exportaciones ficticias desde Ecuador hacia Venezuela, la mayoría de ellas aprovechando las ventajas que ofrecía el sistema. “Las empresas usaban el Sucre para obtener dólares de Venezuela, utilizaban de puente al Ecuador y salían hacia paraísos fiscales” manifestó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga. Agregó que se detectó “un exorbitante desbalance entre los bienes exportados por las compañías ficticias y los dineros recibidos por el Sucre desde Venezuela”,
La Fiscalía General de Ecuador informó sobre los resultado de las investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas, a las cuales se les bloqueó , a favor del Estado, US$ 57 millones en efectivo y 2 millones adicionales en bienes e inmuebles. Las tres compañías lograban recibir altas sumas de dinero para luego desviarlo hacia paraísos fiscales”, señaló el comunicado de la Fiscalía.
De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías las tres empresas serían “fachadas” que simulaban operaciones societarias, comerciales y financieras”.
Solo una compañía, entre diciembre del 2012 y marzo del 2013, recibió transferencias a través del Sucre por 159,8 millones de dólares. Y según Jaramillo clonó facturas que justificaban las transacciones ilícitas.
Una de las compañías investigadas, exportaba a Venezuela carbonato de calcio con valores superiores al 1.000%, ya que dicho producto se vende en el Ecuador a 0,12 centavos de dólar el kilo, pero lo traían a 997 dólares el kilo.
El Fondo Global de Construcción
El 24 de noviembre de 2013, el Fiscal General de Ecuador Galo Chiriboga, anunció la remisión a Venezuela, luego de casi un año de investigaciones, del caso de las empresas que operaban bajo el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) y realizaron exportaciones ficticias o sobrevaloradas a Venezuela. Justificó la medida argumentado que “hay operaciones irregulares de comercio exterior, abusando de los fondos públicos tanto venezolanos como ecuatorianos”.
Dos días antes, el 22 de noviembre de 2013, el fiscal José Luis Jaramillo formuló cargos contra tres personas por el presunto delito de legitimación de capitales (lavado de activos), vinculado a la empresa Fondo Global de Construcción, constituida en Ecuador en septiembre de 2012. Esta compañía recibió transferencias por 159,9 millones de dólares entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, a través del Sucre.
Por este caso, el juez Álex Silva dictó la medida de prisión preventiva contra dos de los tres acusados, Luis Eduardo Sánchez Yánez, de nacionalidad venezolana; y Enrique Pulido Vargas, colombiano. Ambos, según el fiscal, figuran como accionistas de la compañía Fondo Global de Construcción (Fodocons s.a.), constituida en Ecuador en septiembre del 2012.
De acuerdo a los alegatos del fiscal de la causa, los volúmenes de exportación a través del Sucre, tenían precios inferiores a las cantidades de dólares recibidas desde Venezuela “había graves distorsiones y procedimientos inusuales e injustificados”.
El informe del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) de Ecuador realizó una comparación entre lo que la compañía supuestamente exportó (casas y partes de piezas) y lo que recibió, lo cual justificaría solo 3,1 millones de dólares del total recibido mediante transferencias.
“Al no existir exportación y haber recibido volúmenes superiores a los 159 millones de dólares, el origen de ese activo es ilegal, se han constituido compañías de fachada, se han simulado operaciones societarias, económicas, comerciales y de comercio exterior, esto es exportaciones ficticias y sobrevaloración de bienes desde Ecuador hasta Venezuela”, enfatizó el fiscal José Luis Jaramillo
Los otros aros de la cadena
En una ceremonia realizada en Caracas, el 28 de noviembre de 2011, con la presencia de los presidentes de Venezuela y Colombia, respectivamente, Hugo Chávez, y Juan Manuel Santos, con la presencia del canciller Nicolás Maduro y su homóloga colombiana María Ángela Holguín, se firmaron once convenios bilaterales de cooperación, entre ellos un acuerdo comercial para el otorgamiento de preferencias arancelarias, dirigido la importación de productos de ambas naciones.
En este marco de intercambio comercial, destacamos, para efectos del contenido de este trabajo, el convenio entre la Corporación Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa) y el Fondo Global de Construcción de Colombia, dirigido a la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno.
Llama la atención que el Fondo Global de Construcción se registró en la Cámara de Comercio de Bogotá sólo cuatro días antes de la firma del convenio, y aunque Álex Saab firma como su representante legal, en el documento tal representación es asignada a Adriana Rodríguez Martínez.
Conocidas las investigaciones y las decisiones judiciales acordadas en Ecuador, en Colombia se publicaron informaciones que deducían que el Fondo Global de Construcción asociado a los fraudes con el Sucre era el mismo en ambos países, incluso en Venezuela.
Alex Saab – a quien fuentes periodísticas relacionan con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba – y sus abogados negaron tal relación entre Fondo Global de Construcción de Ecuador y otras empresas con idéntico nombre registradas en Venezuela y Colombia. Para avalar este argumento destacaron que el nombre de Saab no aparece en los documentos de registro de la compañía investigada en Ecuador.
En la web http://infodio.com/es/tags/alex-saab, cuya página fue borrada, pero está almacenada en caché, bajo el titulo “Fiscalía Ecuador emprende acciones legales contra empresa de Alex Saab”, se exponen algunas conclusiones que transcribimos textualmente:
1) Los dos imputados por la fiscalía de Ecuador (Sánchez Yánez y Pulido Vargas) son socios y apoderados de Alex Saab;
2) El director de Fondo Global de Construcción de Venezuela (Menahem Michel Edery) es socio de una empresa intermediaria (Thermo Group) que ha solicitado y recibido divisas para pagar importaciones a Fondo Global de Construcción en Perú y Ecuador.
La web en cuestión sostiene que «Esta son pruebas irrefutables de que si hay una conexión entre Saab y las empresas llamadas Fondo Global de Construcción en Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador».
El 17 de febrero de este año, la Fiscal General de Venezuela precisó que gracias al convenio de asistencia mutua con Ecuador, se tiene información acerca de este tipo de empresas que operan desde y hacia Venezuela, situación que se ha trabajado conjuntamente con el Fiscal General de la nación ecuatoriana para poder castigar a los responsables de una acción que afecta las finanzas del país. Aunque no lo precisa la nota de prensa, se trata del caso de las exportaciones ficticias o sobrefacturadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).
Si el fiscal de Ecuador remitió los casos a Venezuela, por qué hasta ahora no se conoce de alguna investigación en el país siendo un caso que calza perfectamente en la macro estafa perpetrada contra la nación popularmente conocida como «cadivismo»? Quiénes fueron los altos funcionarios venezolanos cómplices de este fraude? Por qué no han actuado la Contraloría General de la República, la Fiscalía? Revisó Maduro, en su carácter de canciller y como era su deber antes de la firma de los convenios, los detalles de los mismos?.
La sobrefacturación en la zona libre de Colón
“Los empresarios sobrefacturaban a los venezolanos para ayudarlos a sacar los dólares”, preciso el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank De Lima, al referirse a la situación con la deuda con comerciante de la Zona Libre de Colón (ZLC).
El rompimiento de las relaciones diplomática con Panamá, decidida unilateralmente por el Presiente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece haber corrido la cortina que tapaba la verdad de la deuda con la ZLC. El canciller venezolano, Elías Jaua lo advirtió pocos días después del rompimiento diplomático, «El 90% (de la deuda) es fraudulenta. Es una verdadera podredumbre lo que hemos encontrado allí (con) el desfalco que se le pretende hacer a la República Bolivariana de Venezuela, con mercancía que nunca salió de Panamá y se pretende cobrar como una deuda en dólares», dijo en entrevista televisada con José Vicente Rangel, a través de Televen.
En entrevista divulgada por la página web del diario La Estrella, a Leopoldo Benedetti, gerente de la ZLC, calificó los empresarios venezolanos de ‘ladrones’. Y aseguró que estos, en complicidad con funcionarios del Gobierno venezolano, habían intentado efectuar un fraude.
“Benedetti se refería a una deuda de 1,472 millones de dólares (deuda de la Comisión de Administración de Divisas —CADIVI— con empresarios de la ZLC), de los cuales 937 millones habían sido facturados por empresas que no existían.
Presuntamente, las transacciones habían sido hechas a través de las llamadas empresas de maletín (sociedades anónimas de papel para hacer fraudes).
En Venezuela, los empresarios han preferido guardar silencio y ‘off the record’ han mencionado su temor por posibles represalias o a salir ‘trasquilados’.
En Panamá, los usuarios de la zona franca no descartan ni confirman su participación. Severo Sousa, expresidente del gremio empresarial de la zona franca, señaló que ‘nadie ha dicho que el 100% de las facturas están justificadas, pero deben pagarse las que sí lo están’…” http://www.laestrella.com.pa. Marzo 18 2014
El informe de la Contraloría de 2007
A propósito de las abundantes denuncias sobre los grandes montos en dólares otorgados por Cadivi a empresas de maletín, hubo también exigencias a la Contraloría General de la República. En respuesta, la Contralora encargada, Adelina González, aseguró que desde 2007 se advirtió sobre la situación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
“Desde el año 2007 la Contraloría General de la República alertó sobre la situación irregular en Cadivi, las demoras que habían con respecto al tema de las divisas. Los informes están en la página web de nuestro organismo, no estoy diciendo nada a lo que no tenga acceso la ciudadanía”, aseguró.
Agregó que el procedimiento aduanal estaba excediendo los lapsos que establecía la reglamentación y, en ese sentido, la ex Comisión Nacional de Divisas “debió hacer seguimiento a lo que había autorizado en lapsos determinados”.
Este planteamiento para la Contralora Adelina González responde a un ilícito administrativo “sin presumir nosotros que constituían delitos, por lo menos constituían retardos y perjuicios para el país”. (Entrevista a YVKE Mundial. Enero 28 2014)
Posteriormente, en declaraciones a Unión Radio, González precisó que los fraudes realizados con las divisas asignadas por Cadivi se dan porque el sistema “tiene unos mecanismos de control que fallaron y son violentados constantemente”.
En el informe anual de la Contraloría General de la República, correspondiente a 2007, se publican las fallas detectadas por la auditoría realizada a Cadivi, entre las cuales podemos destacar
- Falta de mecanismos de control interno para la verificación de los vencimientos de las fianzas y la actualización de la información del sistema automatizado de CADIVI. Situación que no garantiza la confiabilidad de la data procesada por el sistema.
- Al revisar 9.783 solicitudes de divisas para importación, equivalentes a 1.886 millones de dólares, en el marco de la revisión del sistema automatizado de autorización y liquidación de divisas, la Contraloría encontró que apenas 250 peticiones, por un monto de 58 millones de dólares, estaban en la etapa de «ejecutar fianza» o de «liberación de fianza», pues al momento de realizar el estudio no se demostró el uso correcto de los fondos asignados.
- Deficiencias en los mecanismos de control interno administrativo, así como en la supervisión y control de las operaciones efectuadas por la Comisión, originaron que se pagara a proveedores Bs. 331,68 millones, sin recibir la correspondiente contraprestación en bienes o servicios.
- Se determinaron deficiencias en los controles aplicados por CADIVI para la autorización de la adquisición y liquidación de divisas para importaciones; así como para la verificación del correcto uso de las divisas otorgadas,
- Los mecanismos de control interno implementados por CADIVI, dentro del proceso llevado a cabo para la adquisición de bienes y contratación de servicios, no contribuyen a garantizar las mejores condiciones de precios, calidad de bienes y servicios contratados, la debida salvaguarda de los recursos erogados, ni el apego a las disposiciones legales y sublegales. Igualmente, no aseguran el cumplimiento de la normativa legal que regula los procesos de autorización y liquidación de divisas, previstos por la Comisión.
En aquel momento las Recomendaciones de la Contraloría fueron:
- Implantar los controles, tanto manuales como automáticos, para alertar sobre el vencimiento de los plazos, fraccionamiento de las solicitudes de autorización de adquisición de divisas y, además, corroborar la veracidad de la información suministrada por los importadores para el trámite de las solicitudes de divisas, en especial los referidos a la declaración y pago de impuesto, para la nacionalización de la mercancía objeto de la solicitud, y para el resto de la documentación exigida en la normativa que rige la materia, utilizando al máximo los elementos tecnológicos de los que disponga, a los fines de cumplir con los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y transparencia dispuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Efectuar los estudios técnicos correspondientes para la implementación de procedimientos automáticos de monitoreo y control de cambios de las aplicaciones, formal y debidamente documentado.
- Efectuar, en el corto plazo, los estudios correspondientes, a los fines de implementar en sus aplicaciones, controles automáticos que alerten sobre el vencimiento de los plazos, de acuerdo con lo dispuesto en el marco legal y los mecanismos automatizados necesarios que apoyen el proceso de verificación del correcto uso de las divisas por parte de los importadores, utilizando al máximo los elementos tecnológicos de los que disponga, a objeto de cumplir con los principios de celeridad eficacia, eficiencia y transparencia dispuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Todo parece indicar que las irregularidades detectadas y las recomendaciones de la Contraloría no salieron del papel. Tampoco queda claro en el informe la existencia de empresas de maletín. (Descargue el informe)
Al final…
El 31 de diciembre de 2010, el entonces presidente de Cadivi, el teniente coronel Manuel Barroso, participó en el programa Aló Presidente Nº 350, con motivo del séptimo aniversario de la comisión.
Presidente Chávez: ¡Bueno! Felicitamos a Cadivi en su séptimo aniversario y estamos seguros que seguirá cumpliendo su papel en todo este sistema, un nuevo sistema de administración de los dólares, bueno de la riqueza nacional, sea dólares, barras de oro, petróleo, gas, hierro, agricultura, banca, finanzas, etcétera, es la administración. ¿Qué es lo que antes pasaba? Bueno, por un lado entraban los dólares del petróleo y por otro volaban ¿En manos de quién? De la burguesía, los compraba y bien baratos. Bueno, adelante Barroso y felicitaciones.
Cuatro años después desaparece Cadivi con los mismos vicios: compra de dólares baratos que se ofertan en el mercado paralelo a precios que crecen hasta en un 700 por ciento, además de las empresas fantasmas que engordan los bolsillos de sus creadores., cuyos nombres son un secreto bien guardado.
El 31 de diciembre de 2014 desaparece finalmente Cadivi… pero la escasa información oficial y el mundo oculto de las investigaciones dirigidas a juzgar a los responsables de las irregularidades, los fraudes y de los ilícitos cambiarios… auguran más vida al Cadivismo.
NOTA DEL EDITOR
Hemos recibido la comunicación que a continuación presentamos, tal cual nos llegó, de una de las empresas mencionadas en este reportaje:
Nicholas & Associates
Venezuela
Your Excellency,
As precedent by the Venezuelan Court of Law in various cases, I would like to acquaint you about a case against Thermo Group and their directors which is an ongoing case in the Venezuela High Court, the information you are publishing is primitive according to the current scenario and the accusations you are publishing have not been proved yet. On the basis of just mere allegations such news articles should not be published as the allegations mentioned are concocted and there is no proper evidence against the accused provided to the court. This act is not only defaming the reputation of the company but their employees also, in professional terms. Publishing such defamatory articles against renowned names and a popular company is an offense under the Article 19 of criminal defamation , which is completely breaching the freedom of expression without prior evidences just on the bases of allegations which is not acceptable and is completely violating the limitations subjected to rights of freedom of expression . Under Venezuelan law, judges have the authority to impose criminal penalties, including jail sentences, in criminal defamation lawsuits under defamation, Libel and slander laws. I hereby demand you to kindly take these links down from your website:
Sincerely,
Nicholas Barrios, LLP
………………………..
Nicholas & Associates
Venezuela
Su Excelencia,
Como precedente de la Corte Venezolana de Derecho en varios casos, me gustaría que se familiarice sobre un caso en contra de Thermo Group y sus directores, que es una causa abierta en el Tribunal Superior de Venezuela, la información que está publicando es primitiva de acuerdo con el escenario actual y las acusaciones que está publicando no se ha demostrado todavía. Sobre la base de meras acusaciones tales noticias no deben ser publicadas como los alegatos mencionados se inventaron y no hay evidencia adecuada contra el acusado ante la Corte. Este acto no sólo está difamando la reputación de la empresa, sino también a sus empleados, en términos profesionales. La publicación de estos artículos difamatorios contra nombres de renombre y una empresa popular es un delito previsto en el artículo 19 de la difamación penal, que está violando por completo la libertad de expresión sin evidencias previas simplemente sobre la base de acusaciones que no es aceptable y está violando completamente las limitaciones sometidos a los derechos de libertad de expresión. Bajo la ley venezolana, los jueces tienen la autoridad para imponer sanciones penales, incluidas penas de cárcel, en demandas por difamación penal, conforme a las leyes de difamación, injuria y calumnia. Por este medio pido que tome amablemente estos enlaces desde su sitio web:
Nicholas Barrios, LLP
