El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda argentina en posesión de Venezuela al fondo financiero estadounidense Short-Term Liquidity Fund I Ltd, empresa que forma parte del grupo de compañías del financiero venezolano-estadounidense, hoy preso en Connecticut (EEUU). La negociación por más de 93 millones de bolívares se realizó sin que mediara una subasta
Las firmas del banquero, quien espera sentencia en el norte, recibieron dólares de Pdvsa y de la Oficina Nacional del Tesoro, como lo demuestra la carta firmada por Andrade, recursos que cayeron en el hoyo negro de la trampa financiera
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Cuando el país aún analizaba los resultados electorales de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010, en la trastienda de la Oficina Nacional del Tesoro, el presidente de esa institución y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), el teniente Alejandro Andrade, firmaba una carta que abrió la puerta a una negociación que benefició a una empresa inscrita en Isla Caimán, perteneciente al financiero venezolano-estadounidense, Francisco Illaramendi, presidente de Michael Kenwood Group, actualmente preso en EEUU por montar un fraude que involucró recursos provenientes de Pdvsa e inversionistas venezolanos.
Andrade dirigió la correspondencia al director del fondo financiero Short-Term Liquidity Fund I Ltd, Odo Habeck, un hombre con experiencia como técnico del Banco Mundial para América del Sur y uno de los más cercanos a Illaramendi, al punto de que en 2004 los dos formaron parte de un equipo para asesorar a PDV-USA a solicitud del ex directivo de esa empresa petrolera estatal y ex ministro de Finanzas, José Rojas, según revela un documento de las autoridades de EEUU. Dos años después Habeck se convirtió en principal directivo de Michael Kenwood Group
El documento fechado el 11 de octubre de 2010, tres meses antes de que las autoridades estadounidenses acusaran a Illaramendi de fraude, responde a una comunicación enviada por Habeck hacía apenas tres días, el 8 del mismo mes, en el cual el representante del grupo financiero solicitaba que se le vendieran bonos ARARGE03F144, con un valor nominal de 16 millones de dólares. Por ellos, Short-Term ofertó 93.980.800 millones de bolívares.
Desde el sur
Esos papeles, fueron emitidos originalmente por la República de Argentina y posteriormente, en 2004, los adquirió Venezuela, junto a las deudas de otros países amigos como Ecuador, por una cantidad de 12 mil millones de dólares.
Dos años después, el Ministerio de Finanzas de Venezuela, dirigido entonces por el actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, presentó el Bono del Sur, una nota estructurada compuesta por papeles argentinos y uno venezolano, con el objeto, entre otros, de reducir la presión sobre el dólar paralelo, de allí que se compraban en bolívares y se pagaban en divisas de EEUU. En principio, tendrían acceso a este instrumento entes financieros nacionales y a través de subastas. La negociación con Short-Term no cumplió esos dos criterios.
En la referida misiva, Andrade informa a Habeck que “el precio propuesto había sido aceptado, con fecha de pacto de 07 de Octubre de 2010 y fecha de valor 15 de Octubre de 2010… El producto de esta venta, es decir, la cantidad de NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (VEF 93.980.800,00) deberá ser depositado en la cuenta Nro. 0001-33-0040000152 del Banco Central de Venezuela a nombre del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)”, instruía el funcionario para luego refrendar el documento con su firma (ver imagen de la carta).
De acuerdo con el histórico del bono ARARGE03F144, el 15 de octubre el papel valía 93,15% de su valor nominal. Para inicio de octubre de 2010, el dólar paralelo se encontraba en Bs 8,04 en las calles de Venezuela.
Cuatro meses antes de que Andrade firmara la carta, el 14 de junio de ese año, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) emitió un comunicado dirigido a todas las entidades financieras públicas y privadas, en la cual recordaba que las operaciones de compra y venta en bolívares de títulos valores denominados en moneda extranjera, únicamente se podrían realizar través del ‘Sistema de Transacción con Títulos en Moneda Extranjera’ (Sitme).
El mismo oficio anunciaba la existencia de una excepción, pero advertía que quien se acogiera a ella y negociara fuera del Sitme, “deberá notificar a este Ente Regulador (Sudeban)” toda compra venta en un plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha de la operación.
De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República de 2010, el último firmado por el fallecido contralor Clodosvaldo Russián, se determinó que “el BANDES –bajo la presidencia de Alejandro Andrade- omitió el procedimiento establecido por la SUDEBAN en cuanto a la venta o permuta de los títulos valores, al evidenciarse que las operaciones de venta y canje de 84 notas estructuradas no estaban amparadas por el documento a través del cual la Superintendencia remitiera la autorización; asimismo, no contaban con el informe técnico financiero que respaldara la razonabilidad de tales operaciones; en la operación de canjes, no consideraron el costo de convertir inversiones en euros a inversiones en dólares, debido a la diferencia del valor en la tasa de cambio diferencial de cada divisa para el momento de efectuarse la operación, así como los intereses generados”, se indica en la página 100.
En informes posteriores de la Contraloría no se ha hecho ninguna otra referencia a este caso.
Las preguntas a Andrade
La carta firmada por el ex tesorero levanta una serie de interrogantes acerca de la legalidad y efectividad de una operación que benefició a un fondo financiero, el de Illaramendi, que desde 2005 hasta el otoño de 2010 ejecutó una serie de trampas, bajo el esquema Ponzi, para tapar los huecos creados por una administración que se quedó con más de 500 millones de dólares de jubilados y trabajadores de Pdvsa.
Entonces surgen las preguntas que ojalá el hombre de confianza del ex presidente Hugo Chávez pueda contestar.
¿Quién autorizó a Alejandro Andrade a vender esos bonos a la empresa de Illaramendi y a permitir que las condiciones las pusiera Short-Term? ¿Acaso pasó por encima del ministro de Finanzas y el presidente del BCV?
¿Cabía la excepción en este caso? ¿Notificó a la Sudeban?
¿Por qué una respuesta en tan solo tres días?
¿Por qué a un intermediario financiero registrado en Islas Vírgenes?
¿Quién prestó los bolívares a Short-Term? ¿Se benefició de la operación?
¿A cuánto ascendió la ganancia al vender los bonos a dólar paralelo?
¿Estos papeles ayudaron a tapar el hueco del fraude Illaramendi?
¿A quién revendió los bonos Illaramendi? ¿Sería a la misma Oficina Nacional del Tesoro como ocurrió en el caso de la ex gerente de Finanzas del Bandes, María de los Ángeles González de Hernández?
¿Cuántas operaciones de este tipo efectuó Andrade?
¿Será éste uno de los 84 casos a los que se refiere el informe de la Contraloría General de la República de 2010?
¿Por qué la Contraloría no ha sancionado a nadie por las 84 operaciones realizadas en la gestión de Andrade y no autorizadas por la Sudeban?
¿Está dispuesto Andrade a dar la cara y responder a estas preguntas?
