El Universal | Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente, de menos de 20 asesinatos cada 100 mil habitantes, a una tasa de 73 asesinatos, ocupando uno de los índices más altos del mundo para llegara en 2012 a 21.692 homicidios de acuerdo a las cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia.
A juicio del escritor y experto en seguridad, Marcos Tarre, los altos índices de criminalidad presentes hoy en la vida venezolana están relacionados con el auge del crimen organizado en una siniestra ecuación que se origina en la corrupción, que deviene en el fortalecimiento del crimen organizado y que a su vez genera entre 34% a 55% de los homicidios que se cometen en el país. «En Venezuela no tenemos situaciones extremas como los carteles mexicanos de la droga, pero tenemos índices delictivos más altos que México. A su juicio detrás de eso está la corrupción, que el sociólogo y experto en temas de violencia, Roberto Briceño León, atribuye a la ausencia de instituciones y a la falta de autonomía de los Poderes Públicos, entre otras causas. Para Marcos Tarre, en Venezuela hay una aceptación social del tema de la corrupción.
Carlos Tablante, quien se ha ocupado del estudio del crimen organizado en Venezuela precisa que en los barrios de las principales ciudades del país existe una economía subterránea que se mueve con capitales ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el sicariato. Estas organizaciones delictivas se disputan el control de los territorios, el control de las actividades ilícitas y el dinero que mueve. El enfrentamiento permanente entre ellos generan una situación de violencia que nuestras estimaciones indican que aportan 40% de los homicidios en el país.
Ambos expertos: Carlos Tablante y Marcos Tarre, acaban de publicar un libro con el título de «Estado delincuente» que contiene un amplio estudio sobre el crimen organizado. El libro, cuya primera edición desapareció «misteriosamente» de las librerías apenas horas de haber sido distribuido, acaba de ser entregado a las librerías en su segunda edición.
Allí exponen que, al lado del rol que ocupa la corrupción en esa ecuación de violencia, otro factor que ha propiciado la expansión de la delincuencia organizada deriva de la tolerancia y hasta complacencia gubernamental frente a la existencia de grupos irregulares armados en Venezuela tales como las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Liberación (FBL) o los llamados colectivos como La Piedrita, Carapaica, y otros grupos de base que tras la cara política controlan los mercados locales de la droga , tráfico de armas, secuestros y extorsión.
Para Tablante toda esa actividad también se sostiene gracias a que tenemos «un Poder Judicial tomado por la delincuencia organizada. Los juicios, los tribunales, las instancias del Poder Judicial tienen tarifa». Aclara que si bien es cierto que la hegemonía gubernamental del Gobierno sobre el Poder Judicial, se buscó en el plano ideológico y político, ella se transformó en una hegemonía de la corrupción.
Destaca que resulta irónico que el mismo presidente Maduro, quien ha estado 15 años en los puestos más altos de Gobierno, esté hablando de crear leyes especiales para frenar la corrupción, cuando son precisamente ellos quienes han estado a cargo de la tesorería, de la hacienda pública y de los bienes del país.
«Como no ha habido separación de los poderes, esa corrupción ha ido permeando en todas las instituciones y es lo que nosotros definimos como un «Estado delincuente». Es decir, ya no es un Estado paralelo, no es una Estado dentro del Estado, sino que las redes de la corrupción han avanzado y se han extendido en esa especie de hegemonía de la corrupción que se ha adueñado del Estado y que tiene el control de las principales instituciones del Estado».
Armas y crimen organizado
El «Estudio Global de Homicidios 2011» de la ONU, en el capítulo relacionado a armas de fuego, establece la conexión que existe entre el uso de las armas y las organizaciones delictivas. A nivel mundial el informe estima que 42% de los homicidios del año 2010 se cometieron con armas de fuego. En Latinoamérica ese porcentaje es superior 70% pero en Venezuela la cifra asciende a 88% de homicidios con armas de fuego. Esa cifra está vinculada al crimen organizado y puede precisarse al tomar algunas características como el número de disparos que se le hace a la víctima, la parte del cuerpo que se busca afectar o el tipo de arma utilizada.
Las crónicas policiales que se publican en los medios han dado cuenta de esa realidad como: «un presunto confidente de cuerpos policiales fue muerto de 60 disparos en la cara». Según los autores de «Estado delincuente» tales hechos muestran ciertos «ritos» propios de las bandas delictivas.
Una cifra tomada de Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Inosec) indica que en 45% de los homicidios con armas de fuego, las víctimas recibieron más de 3 disparos, haciéndose regular en el último año homicidios con 50 y 60 disparos.
Otros indicadores lo constituyen delitos como el secuestro y el sicariato los cuales han aumentado sustancialmente en los últimos años. En cuanto al secuestro en el que hay un gran porcentaje que no es denunciado por las víctimas ante las autoridades, de 67 casos denunciados en el año 2000, se pasó a 686 en el año 2010. Asimismo los delitos como enfrentamiento entre bandas, enfrentamiento con las autoridades y venganza, muy relacionados a las bandas organizadas, cubren 42% de los homicidios.
Un dato muy llamativo que indica la ineficiencia del Estado para controlar a las bandas organizadas se da por ejemplo en el tráfico de drogas. A pesar de que en Venezuela ha habido un incremento sustancial en el decomiso de grandes cargamentos de droga, tenemos que por posesión, en el que la mayoría son solo consumidores, fueron detenidos en el año 2010, 17.590 personas, en tanto que por tráfico de drogas solo se realizaron 32 detenciones. Ello explica la ineficiencia del Estado para castigar al traficante y cómo el traficante, que es quien tiene el poder económico, es el que tiene la capacidad de comprar la justicia. Para Carlos Tablante «ellos compran la impunidad y no les llega la justicia».
Boliburguesía y corrupción
En el ámbito internacional existe una clara percepción de la corrupción como un mal asociado a la delincuencia organizada. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que tiene su asiento en Berlín, en su último informe mundial sobre «índice de percepción de la corrupción de 2011» al hacer una evaluación sobre 182 países, ubica a Venezuela en el puesto 172 compartiendo honores con Burundi y Guinea Ecuatorial como los países más corruptos del planeta.
Señala Marcos Tarre que en los últimos 14 años, además de que se ha consolidado una delincuencia organizada que podríamos llamar tradicional, existe otra que se ha hecho muy poderosa. Esta última es propiciada por la corrupción y el deterioro institucional. Han aparecido nuevas formas de organizaciones delictivas surgidas de las políticas de controles económicos como el control de cambio, o regulaciones como el contrabando de gasolina, el contrabando de productos subsidiados como la cabilla y el cemento etc. Se han fortalecido organizaciones delictivas ligadas al Estado y ha formado una nueva clase poderosa.
Refiere Carlos Tablante que en Venezuela se ha ido construyendo un «Estado delincuente» que es más poderoso que el Estado constitucional. Asegura que «la red de corrupción que sustenta a ese Estado delincuencial, ha asumido el control de varias áreas, pero en especial, de las finanzas públicas, las cuales ha privatizado por la vía de la corrupción».
Tales redes de corrupción tienen su expresión en los nuevos grupos económicos surgidos en una especie de mestizaje en donde los negocios ilícitos se han ido ligando cada vez más a los negocios lícitos. Y ese mestizaje ha dado lugar a una nueva clase que ha tomado distintos nombres como la «boliburguesía» o los llamados «bolichicos», estos últimos quienes hicieron grandes negocios a partir de la crisis eléctrica. Estos seudos empresarios han sido promotores de la revolución en una suerte de capitalismo de prebendas, acota el autor.
Escándalos que no se resolvieron
En el libro se recogen ejemplos de los negocios que se hicieron desde el Gobierno y que nunca fueron investigados, tales como el de Bariven con la importación de alimentos que se pudrieron por traerlos con fechas de vencimiento próximas, sin garantía y con sobreprecios. El caso del maletín con dólares en efectivo enviados por el Gobierno para la campaña de Cristina Kirchner nunca se investigó. Makled y su red de funcionarios y militares comprados. Igualmente describe cómo funcionarios que tienen la discreción de asignar las divisas facilitaron lo que el propio ministro Jorge Giordani denunció cuando dijo que descubrió que 20 mil millones de dólares fueron importaciones ficticias de empresas de maletín. Una denuncia del propio ministro de la que no hay responsables a pesar de que el Gobierno maneja en detalle la información sobre las personas y las empresas fantasmas.
Como ejemplo de impunidad, el libro menciona el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional, cuyo nombre no aparece en ninguna de las investigaciones realizadas con las operaciones cambiarias, y los bancos quebrados, a pesar de haber sido uno de los principales responsables de las finanzas públicas. «Se trata de un ex funcionario de origen humilde, súbitamente convertido en un ostentoso millonario». La estructura de negocios con bonos, con notas estructuradas, produjo enormes ganancias derivadas del diferencial del dólar oficial y el dólar paralelo, con los dineros del Estado, con los depósitos que recibían de parte de Andrade quien estaba a cargo de la tesorería y a su vez era presidente de Bandes y Banfoandes. Con los depósitos gubernamentales se compraron compañías de seguros, medios de comunicación y otras propiedades. Esas actividades no se pueden realizar sin el entramado y complicidad necesaria del el alto funcionario del Gobierno que maneja el dinero, indican los autores.
