CuentasClarasDigital en Cambridge | En Venezuela, el periodismo de investigación enfrenta las mismas presiones que en el resto del mundo: recortes presupuestarios y coerción corporativa. Sin embargo, las características y el desempeño del actual gobierno hacen que exista mayor presión y limitaciones sobre la investigación y cobertura de informaciones relativas al manejo de las finanzas y presupuestos públicos y la relación de funcionarios corruptos con sus aliados en el sector privado, expuso la ponente.
La editora de Cuentas Claras Digital (CCD) Margarita Woyciechowsky de Tablante expuso la situación de los medios de comunicación en Venezuela y alertó acerca del debilitamiento de gran parte del sector denominado “independiente” o privado, para no hablar de los medios oficiales – abiertamente al servicio de los intereses del partido de gobierno y no del Estado venezolano – en su rol de organismos de control, como guardianes del interés público, en especial en la denuncia y seguimiento de actos de corrupción, entre otros delitos económicos como el tráfico de drogas y minerales, secuestros, sicariato y lavado de dinero.
Más de una docena de periodistas de Europa, EEUU, Asia y Latinoamérica se reunieron en el marco del XXXI Simposio Internacional de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, para exponer y compartir experiencias y opiniones en torno a la actual cobertura que los diferentes medios de comunicación hacen sobre delitos económicos como corrupción, fraude, cibercrimen y lavado de dinero.
Gremios de periodistas y trabajadores de la prensa, ONG´s de derechos humanos y académicos en Venezuela han denunciado las enormes dificultades que enfrentan los ciudadanos en general, pero en especial los periodistas, en el acceso a la información pública. Igualmente, la libertad de expresión y la libertad de prensa han sido atacadas, ya sea directamente a través de episodios de violencia de partidarios del gobierno contra periódicos, radios y televisoras y contra los propios periodistas, o de manera más sutil, por medio de demandas legales y amenazas de suspensión de licencias de transmisión, a veces concretadas como el caso de Radio Caracas Televisión RCTV y más de 30 emisoras de radio en 2007 y 2009, respectivamente, recordó la editora de CCD.
Sin embargo, en los últimos meses ha surgido otra modalidad de control oficial sobre los medios: la adquisición de los mismos por parte de grupos relacionados al gobierno, como contratistas y proveedores, o de supuestos testaferros y socios de altos funcionarios públicos en oscuros negociados en base al manejo ilícito de presupuestos públicos, en especial en el área de las finanzas y la industria petrolera, subrayó la editora de Cuentas Claras Digital.
De la noche a la mañana, estos grupos, popularmente conocidos en Venezuela como “boliburgueses y bolichicos”, grotescamente enriquecidos a la sombra de dichos negociados, han empezado a comprar medios de comunicación con el mismo frenesí que lo hicieran en 2007 los primeros representantes de esta nueva “casta” con la adquisición de bancos, aseguradoras y casas de Bolsa. En aquella oportunidad los daños fueron principalmente económicos y financieros, generando la denominada “mini crisis bancaria” de 2009 que acabó con cincuenta empresas financieras, dejando sin trabajo a más de diez mil personas, además de afectar los presupuestos públicos – extrañamente depositados en los bancos privados intervenidos – en una cantidad multimillonaria aún no determinada y sin responsables aparentes en el sector público, denunció Margarita de Tablante.
Esta nueva modalidad de intervención de los medios se está extendiendo a nivel nacional, donde grupos afectos a gobernaciones y alcaldías en manos del partido de gobierno están comprando periódicos y emisoras de radio.
El origen de los fondos empleados para estas adquisiciones está bajo fuertes sospechas de ser, en su mayoría, dinero proveniente de la corrupción. Hasta ahora, ninguno de los organismos reguladores oficiales, ya sea del sector financiero (Superintendencia de Bancos) o comunicacional (Conatel), ha solicitado conocer el origen de dichos fondos, cuestión que confirma la estrecha relación del gobierno con los nuevos dueños.
Para un observador desprevenido, todo ello podría responder al deseo de estos grupos de congraciarse con el régimen ayudándolo a controlar la opinión pública y así lograr mantenerse en el poder. La realidad es que este tipo de grupos de la delincuencia organizada tiene su propia agenda y responde a sus propios intereses. Su principal objetivo es seguir beneficiándose de la impunidad reinante para proteger tanto sus ilegales negocios como a sí mismos de futuras investigaciones, demandas o procedimientos legales en su contra, advirtió la editora de CCD.
La propiedad de los medios de comunicación es un tema delicado en Venezuela y en cualquier parte del mundo. El rol de la prensa como cuarto poder y como foro para el debate público, a pesar de su actual inclinación a la promoción de la sordidez, el sensacionalismo y la superficialidad, así como su empleo en disputas partidistas entre políticos, sigue profundamente arraigado. Es un área compleja que pocas veces se aborda. Sin embargo, está generalmente aceptado que los medios públicos deben responder a los intereses de los Estados y no de los gobiernos de turno, y que los medios privados, por su parte, deben ejercer un rol de vigilancia y seguimiento de los gobiernos para apuntalar y profundizar la democracia. Esta función la ejercen los medios prioritariamente a través del periodismo de investigación, cuyo objetivo es denunciar abusos y delitos, tanto de representantes del gobierno como del sector privado.
El periodismo de investigación, que en algunos casos ha ocasionado la destitución de presidentes y la caída de gobiernos corruptos, ha hecho que los medios de comunicación adquieran gran importancia también en la detección, investigación y procesamiento legal de otros casos de delitos económicos relacionados a la delincuencia organizada, como lavado de dinero, sicariato, secuestro y tráfico de personas, drogas y minerales, entre muchos otros. Investigadores, policías y jueces reconocen al periodismo investigativo como una de sus principales fuentes de información, sin la cual su labor sería mucho más difícil.
En Venezuela, uno de los países con mayores índices de violencia y criminalidad del mundo, el periodismo investigativo es de vital importancia. De allí que resulte imperativo salvarlo de su total desaparición, apuntó Margarita de Tablante.
La adquisición de medios de comunicación por parte de grupos asociados a la corrupción oficial, entre otros delitos de la delincuencia organizada, puede ser la estocada final a la ya endeble libertad de prensa y de información en Venezuela.
