Unas 33 empresas domiciliadas en Ecuador habrían incurrido en el delito de lavado de activos. La Fiscalía General informó hoy, jueves 10 de octubre, que tres de ellas ya fueron vinculadas dentro de las investigaciones, mientras que el resto está en etapa de indagación previa.
El fiscal general Galo Chiriboga se refirió esta mañana en Guayaquil a los avances de la investigación. Precisó que ayer en Quito se realizó una nueva audiencia de formulación de cargos en este caso.
Manifestó que la información que llevó a vincular a dichas firmas se cruzó previamente con datos de la Superintendencia de Bancos, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Rentas Internas y la Policía Nacional.
Chiriboga puso como ejemplo dos tipos de exportaciones. “Un pequeño molino que en el país cuesta entre USD 600 y USD 1000, se lo exportó a Venezuela en cifras que llegan, por cada unidad, a entre USD 250 000 y USD 295 000.
Hallamos también que se exportaba carbonato de calcio, que no producimos en el país, y que cuesta 17 centavos el kilo, pero que se lo exportaba por sobre los USD 1 000 el kilo”.
Dentro de la investigación, la Unidad de Delitos Aduaneros de la Fiscalía vinculó a 17 representantes de las tres empresas, entre ecuatorianos y extranjeros.
Paralelamente, el Banco Central del Ecuador se retuvo USD 57 millones que mantenían las tres firmas. Chiriboga explicó que los dineros que las empresas recibían de sus supuestas ventas fraudulentas a Venezuela, eran ingresados a sus cuentas en el país.
Los montos permanecían allí entre dos y tres días. “Luego (los montos) se reexportaban, en unos casos a Venezuela, Panamá y Estados Unidos”. Para determinar el destino de esos recursos la Fiscalía requirió información a las autoridades tanto de Venezuela como de Estados Unidos.
