El 4 de diciembre de 2012 Ricardo Miranda Rodríguez, presidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, elaboró un informe para el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, mayor general Hugo Carvajal Barrios, con el fin de alertar sobre el “desembolso irregular” de 84,9 millones de dólares. Foto referencial
Los pagos comenzaron en junio de ese año y no fueron considerados irregulares sino una semana antes de elaborada la solicitud de investigación. En otras palabras, pasaron casi seis meses sin que se descubriera esa situación.
Las primeras señales de que algo raro sucedía surgieron el 15 de noviembre, cuando funcionarios del Fondo de Cooperación Chino Venezolano se reunieron con representantes de la CVA Pedro Camejo para conciliar estados de cuenta, cosa que no hacían desde marzo. Detectaron dos pagos que no fueron tramitados por la compañía, encargada de escoger a los proveedores de maquinaria agrícola con los que se llevarían a cabo los programas de “soberanía alimentaria”.
Documentos del expediente de la Fiscalía 00-DLCLDFE-F23-0161-2012 en poder de El Nacional revelan además que en esa reunión la funcionaria del Fondo Chino Janis Peñaloza creyó que esa discrepancia debía ser producto de un error. Quedó en hacer una revisión en los archivos originales.
Tres semanas después, el 4 de diciembre, la situación estaba clara: hubo un fraude. El expediente de un contrato que originalmente favorecía a la compañía argentina Pauny fue suplantado por dos, identificados con un mismo número, para beneficiar a las empresas de papel Kelora SA y Bismarck Consorcio Trading Corp.
En el caso del contrato con Bismarck, fueron detectadas 16 irregularidades. El convenio con Kelora tenía 13. En ambos, por ejemplo, fue falsificada la firma del presidente y del director general de Pedro Camejo. Además, aparecen firmando personas que no estaban habilitadas para ello, y las órdenes de pago correspondían a contratos celebrados con otras empresas.
Pasaron otros 10 días para que se solicitara formalmente una averiguación penal, y otros 5 antes de que la Fiscalía se diera por enterada.
En ese momento Bismarck y Kelora supuestamente habían transferido los millones de dólares recibidos en sus cuentas del Credit Suisse a otra empresa que también tenía cuenta en ese banco suizo, Cavemin. Una vez integrados los fondos producidos por el fraude, la cuenta fue cerrada.
Betancourt reclama
Los pagos a Kelora y a Bismarck fueron en junio y septiembre, respectivamente. El primero por 22,1 millones de dólares y el otro por 62,8 millones de dólares. Pasaron 3 meses entre uno y otro, y aun así nadie se percató de las irregularidades e inconsistencias. Tampoco si la maquinaria agrícola que sería adquirida con ese dinero efectivamente había llegado.
El gerente ejecutivo de fondos para el desarrollo del Bandes, Ramón Larralde, declaró en la Fiscalía que cuando hubo la primera notificación sobre la irregularidad él estaba con la presidente del banco, Edmée Betancourt, y otros funcionarios en China.
“Fui testigo de que el señor Pablo González,gerente del Fondo Chino, le informó verbalmente sobre la queja del ente ejecutor (Pedro Camejo). La presidente manifestó que iba a contactar al Sebin para que revisara el caso”, recordó.
Al regresar del país asiático, González se reunió con representantes de la CVA Pedro Camejo y, según Larralde, insistió en la legalidad de los pagos a Kelora y a Bismarck.
“La presidente del banco reclamó que dicha reunión fue realizada sin su autorización y convocó a las gerencias operativas y de seguridad del banco para revisar el caso. Se observó preliminarmente que los procedimientos de revisión se habían cubierto; sin embargo, se requería de revisiones más rigurosas”, dijo.
Betancourt fue destituida de la presidencia del Bandes el 14 de agosto. El Ministerio Público daba entonces los últimos toques a la acusación contra cinco funcionarios del Fondo Chino (adscritos a ese banco) y tres particulares por el desfalco.
JAVIER IGNACIO MAYORCA
