CCD | El Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento, ante la acusación presentada por el Ministerio Público, de ocho personas presuntamente vinculadas con un desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano, recursos que estaban destinados a los planes de producción de alimentos durante los años 2011 y 2012.
En la audiencia preliminar, las fiscales nacionales 23° contra la legitimación de capitales, delitos económicos y financieros, 26º contra la corrupción y 84° penal, tributaria y aduanera, Carolina Morgado, Jeimy Yesenia Duque y Dizlery Cordero, respectivamente, ratificaron la acusación contra exintegrantes del Fondo Chino Venezolano, entre los cuales está Pablo José González Hernández (gerente ejecutivo encargado) por presuntamente incurrir en el delito de peculado doloso propio en calidad de coautor.
Asimismo a César Rafael Cortizo Ospino (coordinador legal), María Gabriela Dona García (analista en la Coordinación Legal), Javier Fernando González (analista operacional) y a Ángel Daniel Dávila Briceño (analista de la gerencia de operaciones) por presuntamente ser coautores del delito de peculado doloso impropio.
Igualmente, ratificaron la acusación a los siguientes integrantes de la Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial (Cavemin): Roberto Pfeffer (administrador), Dubravka Dojg (directora general adjunta) y su hija Lea Dojg (arquitecto), por presuntamente incurrir en los delitos de forjamiento y uso de documento público en grado de coautoría, y cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio.
Estas ocho personas fueron acusadas por presuntamente incurrir en asociación para delinquir en concurrencia real de delito. Seis permanecen recluidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta Norte, municipio Sucre del estado Miranda. Las otras dos personas, Dona García y Dubravka Dojg, tienen medida cautelar de presentación cada 15 días ante el referido tribunal por encontrarse amamantando y padecer de una grave enfermedad, respectivamente.
Esta investigación se inició el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, mayor Hugo Carvajal Barrios, solicitó al Ministerio Público indagar con relación a dos presuntos desembolsos irregulares de fondos económicos autorizados por el Fondo Chino Venezolano y pagado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a las empresas Kelora S.A (22 millones de dólares) y Bismarck Consorcio Traving Corp (62 millones de dólares).
Tras la investigación coordinada por el Ministerio Público, las mencionadas personas fueron aprehendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la inteligencia militar en distintos procedimientos realizados en el AMC, en cumplimiento de varias órdenes de aprehensión solicitadas por la representación fiscal y acordadas por el citado Tribunal.
