El Nacional | Eugenia Sader fue nombrada ministra de Salud por el expresidente Hugo Chávez el 28 de mayo de 2010. En 3 años de gestión, hasta abril de 2013, al menos 10 organizaciones entre públicas y privadas la denunciaron por irregularidades en su gestión frente al despacho que hoy enfrenta la crisis sanitaria más grave en décadas. El 19 de junio fue imputada de peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiro presupuestario por el Ministerio Público.
Sader, llamada comúnmente «la Coronela”, por el rango que identifica su jerarquía como médico pediatra asimilada a la Aviación Militar Venezolana, fue acusada por ONG y centros de investigación por la omisión de la contratación del servicio de mantenimiento para los equipos de radioterapia del país que paralizaron los tratamientos para los pacientes con cáncer.
Del mismo modo, las ONG se quejaron por la falta de conclusión en la reconstrucción de varios hospitales, pese a una cuantiosa y consecutiva aprobación de recursos para Barrio Adentro IV, además de la acumulación de medicamentos vencidos en varias zonas del país, especialmente en el Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas.
En junio de 2012 el ex ministro de Sanidad y director del Cendes, Carlos Walter, el médico e investigador Luis Fuenmayor Toro y el coordinador del Observatorio Venezolano de la Salud, Jorge Díaz Polanco, pidieron abrir una investigación contra la hoy imputada Sader por la omisión e inobservancia en el proceso de selección de contratistas previstas en la Ley de Licitaciones vigente. También se denunció el cambio en los proyectos originales de seis hospitales que ya no serían construidos de manera tradicional, pese a que se habían adelantado obras de vaciado de concreto, y pasaron a ser hospitales con estructura prefabricada. En la lista de pendientes está la reconstrucción del hospital Luis Razzetti de Tucupita, en Delta Amacuro, que quedó destrozado por una explosión ocurrida en 2012.
A inicios de junio de 2014 el Ministerio de Salud anunció la rescisión de los acuerdos de construcción con Conmed, una de las contratistas, debido a que las obras tenían al menos 10 meses paralizadas. Sin embargo, se había cancelado 80% de los recursos presupuestados.
“En la Memoria y Cuenta de 2012 aparece una mención al contrato hecho con Conmed, pero la fecha del pago es anterior a la aprobación de crédito adicional de la AN. Si es así, Sader contrató sin tener disponibilidad presupuestaria y hay que investigarlo. ¿Con qué se pagó si el crédito fue posterior?”, señaló Walter.
Fundeeh en familia. En 2010, a pocos meses de su designación como ministra, Sader asumió paralelamente la dirección de hospitales y la presidencia de varias dependencias del ministerio, entre ellas la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios, encargada de ejecutar la refacción y construcción de nuevas instalaciones sanitarias. Ese año la Memoria y Cuenta reflejó que las obras apenas tuvieron un avance de 49%, por lo que 222 remodelaciones quedaron pendientes por ejecutar y actualmente la lista de espera por cirugías en hospitales llega a 30.000 personas.
En abril de 2011 Sader constituyó la Comisión de Licitaciones de la fundación. El secretario de esa comisión, encargada de evaluar a las empresas que ejecutarían las obras, era su hijo Eugen Enrique Bejarano Sader, según consta en la Gaceta Oficial 39656 del 4 de abril de 2011. La Memoria y Cuenta correspondiente a 2011 omitió las actividades realizadas por la referida dependencia en ese lapso.
Bejarano Sader es a su vez accionista y tesorera de una empresa denominada Asociación Cooperativa Zic Zac 514, RL, fichada en el Registro Nacional de Contratistas con el número 0100005299167487 cuyo objeto social es la construcción civil en general, la elaboración y ejecución de todo tipo de proyectos de obras mecánicas, eléctricas, civiles e hidráulicas, entre otras. La ficha disponible en el registro no indica si se suscribieron contratos entre la empresa y Min Salud.
Sin medicinas y con epidemia
El 20 de agosto de 2010 el diputado Carlos Berrizbeitia denunció la incineración de 200 toneladas de medicamentos oncológicos vencidos en el Sefar. En 2011 Provea y otras ONG presentaron un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir los resultados de la investigación por el hallazgo, debido a la negativa del ministerio a ofrecer los datos. Las demandas coincidieron con la publicación de los informes de 2011 y 2012 de la Contraloría General de la República que confirmaron el vencimiento de los fármacos con una data entre uno y seis años en el instituto. Ese año los diputados Dinorah Figuera y William Dávila introdujeron, sin éxito, una petición de interpelación contra la exministra por las deficiencias en el abordaje de la epidemia de AH1N1. La meta, según cifras oficiales, era inmunizar a 2,6 millones de venezolanos contra la influenza, pero solo había 500.000 dosis en el país.
Las diputadas Dinorah Figuera y Nora Bracho pidieron otra interpelación en 2012 por las fallas en la dotación de tratamientos para niños con leucemia del Hospital JM de Los Ríos.
En 2013 la Memoria y Cuenta reveló que la construcción de una planta para la fabricación de antibióticos en el país no se había concluido. Sin embargo, los materiales para fabricarlos se importaron y caducan a finales de este mes.
La Contraloría volvió a advertir con un informe que había poca claridad en la compra de los medicamentos.
El documento señalaba que Sefar “adquirió los mismos tipos de medicamentos en cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre 21,21% y 9.670,11%, sin justificación» entre 2012 y 2013.
Cáncer por omisión
Un total de 53 equipos, entre los que se cuentan aceleradores lineales y máquinas de cobalto, usados para administrar radioterapia a pacientes oncológicos, dejaron de recibir mantenimiento porque el servicio no fue contratado por el Ministerio de Salud. La omisión causó la paralización de 19 servicios de radioterapia en el país, que atendían a 19.000 pacientes. Los equipos fueron adquiridos en 2005, a través del convenio Venezuela-Argentina. Los contratos de mantenimiento suscritos por la exministra Eugenia Sader expiraron entre marzo de 2011 y 2012. Actualmente, algunos de esos equipos no han reanudado su actividad.
Tampoco se cumplió el acuerdo para formar técnicos especializados para aplicar las terapias, lo que evitó la apertura de nuevos turnos de atención a los pacientes.
Nuevamente, la diputada Figuera solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación contra Sader y su sucesora, Isabel Iturria, por el caso. Además presentó denuncias similares ante la Defensoría del Pueblo y la Organización Panamericana de la Salud.
Lissette Cardona
