CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción, delitos graves, que no sólo son penados en la ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, la Ley de Drogas, y contra la corrupción, también el artículo 271 de la Constitución plantea la norma a seguir en los casos de extradición cuando se trata de estos delitos graves. A finales del mes de agosto de 2013, el Mandatario Nacional ofreció incluir en la Ley Habilitante normas más severas para combatir la corrupción, incluyendo la pena máxima que también abarcaría los casos de legitimación de capitales. Asimismo, prometió jueces sin rostro y emergencia nacional para combatir el uso y manejo ilícito de los recursos públicos.
El pasado sábado 21 de junio, el Presidente Maduro volvió a referirse al delito también conocido como lavado de dinero, lavado de activo o blanqueo de capitales. Anunció que la lucha contra el tráfico de drogas y el combate contra el delito de legitimación de capitales son los dos nuevos vértices de la “Gran Misión a Toda Vida Venezuela”.
Lo dijo durante el acto de graduación de más de 3.500 graduandos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), donde explicó que estos dos nuevos vértices permitirán completar la ecuación necesaria «para avanzar hacia una política integral de seguridad».
Con respecto a la lucha antidroga expresó que se afianzará las acciones contra el narcotráfico nacional e internacional, la lucha contra los antivalores que promueven el consumo de estupefacientes y el combate a las mafias que controlan el microtráfico.
Pena máxima
Cuando, el presidente Maduro gestionaba la aprobación de la Ley Habilitante afirmó que ésta le permitiría dictar “normas muy severas” para combatir la corrupción y la guerra económica en el país. Asimismo, propondría la pena máxima no sólo para los delitos de corrupción, sino también abarcaría la legitimación de capitales.
Lo afirmó , finalizando agosto de 2013, en el programa Diálogo Bolivariano, desde el estado Zulia, donde destacó que los poderes especiales serían utilizados para proteger al pueblo venezolano.
“Normas muy severas para todos estos delitos de legitimación de capitales, todos estos delitos vinculados a la guerra económica contra el pueblo. He estado pensando solicitar estos poderes habilitantes para luchar contra la corrupción y contra la guerra económica que hay contra el pueblo venezolano. Una ley habilitante poderosa para proteger al pueblo de Venezuela”, sentenció.
Jueces sin rostro
El presidente Nicolás Maduro anunció otras propuestas que incluiría en la Ley Habilitante que, en aquel momento, planeaba solicitar a la Asamblea Nacional. Citó la incorporación de jurisdicciones y jueces sin rostro para atacar con mano dura las redes de corrupción, contrabando, narcotráfico, sicariato y secuestro. “Pudiéramos explorar en la ley habitante la creación de jurisdicciones especiales que entren en el concepto de seguridad y secreto de Estado, y se haga el juicio de acuerdo a la ley y la Constitución, pero la identidad de quienes accionan (la sentencia) pueda mantenerse como parte de un secreto de Estado para la estabilidad y paz”.
Emergencia nacional contra la corrupción
“Como jefe de Estado voy a llamar a una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción y voy a pedir poderes especiales para ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad, para ir a un combate a fondo (contra la corrupción)”, dijo el presidente en el marco de un Consejo de Estado, convocado (13 de agoto de 2013) para estudiar todos los escenarios de la lucha contra la corrupción en el país, informó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.
Maduro enfatizó que de ser necesario fortalecerá el articulado anticorrupción de la Constitución Nacional, respondiendo a la propuesta que hiciera el periodista José Vicente Rangel en su columna El espejo, publicada por Últimas Noticias.
En su escrito, Rangel hizo hincapié en la importancia que reviste para el país abrir un debate nacional para determinar responsabilidades, arbitrar recursos legales y políticos, la efectiva participación popular y el control social.
El 19 de noviembre de 2013, la Asamblea -Nacional aprobó la Ley Habilitante. A más de seis meses de vigencia no se han establecido «las normas» que el presidente anunció contra la corrupción , el tráfico de drogas, la legitimación de capitales, el secuestro y el sicariato.
Veremos…
