El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a las divisas preferenciales el mejor de los negocios. La creación de empresas de maletín fue un modus operandi estelar, pero no el único para defraudar el control de cambio
Venta y alquiler de empresas recién creadas, pero listas para realizar importaciones; entrega de información privilegiada sobre los aranceles en los que se concentrarían las aprobaciones de divisas; pago de tarifas por la obtención de permisos indispensables para tramitar moneda extranjera; desembolsos de comisiones por cada dólar liquidado; sobrefacturación y simulación de compras en el exterior.
El catálogo dibuja apenas parte de los mecanismos utilizados para vulnerar los procesos blindados en el papel de la eliminada Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, el principal órgano del control cambiario que funcionó por una década en Venezuela. La enumeración además sintetiza los flancos débiles más identificados en una consulta con empresarios que estuvieron involucrados en gestiones con el desaparecido organismo y con el que lo reemplazó Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, expertos en investigaciones penales de fraudes, economistas, ex funcionarios de la banca, gestores que aceptaron cooperar para este trabajo y fuentes familiarizadas con los pasos necesarios para otorgar o recibir divisas de manos oficiales.
Los modus operandi que florecieron alrededor de los trámites controlados por funcionarios para la aprobación de dólares adoptaron varias facetas y en los casos más extremos se materializaron en las “empresas de maletín”, término comúnmente utilizado para referirse a compañías fantasma, con domicilios que existen solo en papel, a las que las cadenas de corrupción permitieron la asignación de millonarias cantidades de divisas. Además de estas hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales. La existencia de distintas modalidades delictivas fue confirmada a principios de este mes por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, que ha revelado los nombres de apenas la quinta parte de 782 empresas investigadas por presunta comisión de ilícitos cambiarios.
El despacho solo ha informado desde mayo pasado, cuando voceros del gobierno admitieron la pérdida de entre 25 millardos y 30 millardos de dólares, de investigaciones a dos ex funcionarios de Cadivi: uno militar, el teniente coronel Francisco Navas Lugo, ex gerente de Importaciones, sometido a juicio, y otro civil, William Rojas, condenado luego de reconocer que cooperó en la constitución de compañías falsas. No deja de sorprender a fuentes consultadas que la lista de servidores públicos sometidos a la lupa de los fiscales sea tan diminuta. Dos de ellas, entrevistadas por separado, relataron un episodio ocurrido hace dos años para ilustrar su punto. Fue en un HOTEL de la capital de un estado de Venezuela. Un emisario de Caracas convocó a un conjunto de empresarios que tenían solicitudes de divisas pendientes de liquidación. Todos eran propietarios de compañías que trabajaban en un rubro específico de la economía que depende casi exclusivamente de las importaciones. El detalle de la información que manejaba el hombre con respecto a cada firma le permitió presumir de sus contactos, incluidos los militares, dentro de Cadivi. Prometió agilizar la entrega de divisas pero, claro está, no de manera gratuita. “Pidió que le pagaran en dólares un porcentaje de cada asignación. Algunos aceptaron, pero otros nos fuimos impactados de la impunidad con la que operaban mafias que, por lo que han informado las autoridades, no han recibido castigo todavía”.
Rusad, la joya de la corona
“Vendo firma comercial de empresa con Rusad y todas sus solvencias al día. Verificable en el sector alimentos. Lista para la importación”. El anuncio aparece en un sitio web de clasificados y es solo una muestra del mercado negro que se creó alrededor de los trámites para obtener divisas con el fin de adquirir productos al mayor en el exterior. Una pieza constituye la joya de la corona: es el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas. Sus siglas, Rusad, se mencionan como la más valiosa de las mercancías en anuncios como el citado.
El registro es imprescindible para entrar a las bases de datos gubernamentales y presentar solicitudes de moneda extranjera. Las empresas con Rusad se han cotizado y todavía se cotizan en montos millonarios no solo para la venta, sino también para el alquiler. Algunos se dedicaron al negocio de crear compañías, poner los papeles en regla y transarlas cuando estaban listas para pedir divisas e importar. Así lo apuntan gestores que declararon en condición de anonimato. En la web hay personas que pueden llegar a ofrecer más de dos compañías al mismo tiempo. Otros no tienen una oferta tan amplia. A un vendedor se le llamó la semana pasada para consultarle sobre una empresa: «La vendimos ya, la firma será en los próximos días».
¿No tiene otra para ofrecerme? La pregunta causó indignación del otro lado de la línea: “¿Y qué cree? ¿Qué esto es fácil?”.
La compra-venta de compañías con Rusad ha adquirido mayor relevancia. Los gestores consultados afirman que las nuevas inscripciones están bloqueadas. Uno de ellos lo explicó así: “Desde febrero o marzo el Cencoex no deja cargar nuevas compañías en su sitio web. Antes de esos meses los bancos tampoco estaban admitiendo carpetas nuevas debido a que desde hace más de un año Cadivi no respondía a las solicitudes. Los últimos trámites que pudieron hacerse completamente comenzaron en 2011”.
La gestión del Rusad podía llegar a costar más de 100.000 bolívares dependiendo de lo actualizado que estuviesen los documentos de la empresa en cuestión. “Si la compañía tenía retrasos en el pago de impuestos o con el Seguro Social, todo lo cual era necesario tenerlo a punto, era más complicado. Podía salir más barato crear una empresa nueva”, explica la fuente. Todavía, sin embargo, se anuncian en Internet gestores que venden sus servicios para realizar el trámite.
Tras los códigos privilegiados
Asignaciones millonarias de divisas fueron concedidas para cubrir necesidades estratégicas relacionadas con alimentación, salud y compra de maquinarias, entre otros. Grupos organizados alrededor de los controles cambiarios, de acuerdo con testimonios recogidos, manejaban con anticipación un dato estratégico: cuáles serían los códigos arancelarios precisos que recibirían con preferencia las aprobaciones.
La información permitía, por ejemplo, constituir compañías con objetos sociales a la medida, lo que ayudaba a pasar los filtros de la eliminada Cadivi. También facilitaba negociar con antelación con proveedores extranjeros o incluso crear compañías en el exterior en los rubros privilegiados por las autoridades.
Alejandro Rebolledo, ex juez penal y experto en asuntos sobre lavado de dinero, asegura que los empresarios de maletín y los que buscan sacar provecho de los controles cuentan con asesoría sobre el perfil requerido para la rápida concesión de divisas: “Suelen estar informados. Algunos sabían, por ejemplo, que el tema agrícola era una prioridad y se prepararon para perseguir los dólares preferenciales”. En 2011, por ejemplo, se destinó 79% de las divisas asignadas por Cadivi para la compra de insumos y maquinarias para el desarrollo.
Beneficiadas, pero inexpertas
Más de 30% de las empresas que la Fiscalía anunció que está investigando por delitos cambiarios no aparecen en las listas de adjudicación de divisas que entregó Cadivi hasta 2012, según cálculos de El Nacional. Es decir: la mayoría debió recibir las primeras asignaciones el año pasado o el presente. Muchas son compañías que no pertenecen a los grandes gremios nacionales y son desconocidas en sus sectores. Por ejemplo, de la primera lista de investigadas, que contenía 56 nombres, solo 2 pertenecían a Fedecámaras, la mayor federación de empresarios de Venezuela, según dijo Jorge Roig, presidente de la organización, a este diario la semana pasada.
El gobierno no puso restricciones, en principio, a la entrega de divisas a empresas recién creadas o sin trayectoria: la ventana fue aprovechada por grupos que las utilizaron para captar dólares preferenciales. Hoy se exige dos años de trayectoria a los solicitantes. Los gremios presentaron recomendaciones al gobierno para evitar que otras compañías se convirtieran en un desaguadero.
“Se sugirió que se consideraran las 500 empresas con mayor experiencia e historia y se les aprobara un presupuesto de divisas, pero eso no ocurrió”, lamenta el analista económico Tomás Socías.
El desvío de recursos fue favorecido por los recelos gubernamentales. “Hubo prejuicio del Ejecutivo al aprobar divisas a empresas tradicionales. Pensaban que iban a manipular el mercado para estimular lo que llaman guerra económica. Buscaron empresas nuevas, en muchos casos amigas, pero eso fracasó”, añade Socías.
Las comisiones por dólar liquidado
La Fiscalía solo ha divulgado un caso de lo que los testimonios retratan como un patrón general: la agilización de los procesos de liquidación de divisas a través del pago de comisiones. El único informe del Ministerio Público con respecto a la modalidad remite a la acusación que se presentó contra el coronel del Ejército Roberto Martínez Orsetti. Al oficial le atribuyeron haber visitado la sede del Central Azucarero Portuguesa y haber prometido facilitar la obtención de moneda extranjera a cambio de un pago de cuatro bolívares por cada dólar liquidado. El militar afirmó, según las averiguaciones, que tenía contactos en Cadivi pese a que no trabajaba en la extinta institución. Fue acusado de extorsión por los fiscales, pero también de asociación para delinquir, lo que supone la existencia de un grupo que se organizó para perpetrar ese delito, aunque no se ha aclarado quiénes fueron y dónde están ahora.
Los cobros a través de personas que trabajaban en el órgano cambiario o eran ajenos a este son retratados por un empresario del interior del país que lo vivió: “Te ofrecían la liquidación de órdenes de 100.000 dólares. Ayudaban a sacar los pagos al proveedor que señalaras. Conozco gente que lo hizo”. No todos tenían que salir a buscar los contactos para transitar una ruta de corrupción. Compañeros del empresario entrevistado fueron ubicados por emisarios que manejaban la información precisa de qué solicitudes de divisas habían presentado y desde cuándo estaban pendientes. Con esos datos a mano no era difícil negociar comisiones o extorsionar a quienes tenían dudas: “Así ocurrió con todo un gremio que se dedica a un negocio que no puedo mencionar porque correrían peligro”. El propietario de una importadora asevera que ha recibido llamadas telefónicas de toda clase: “Me han dicho que es de parte de un general o de un coronel y así comenzaban a ofrecer arreglos o a indagar cosas”.
Los peajes
Los Certificados de No Producción, CNP, comenzaron a ser solicitados por Cadivi en 2008. El documento entregado por distintos ministerios según el producto representaba una garantía oficial de que el bien cuya importación se tramitaba no era fabricado en Venezuela. En la práctica funcionó como un filtro para intentar contener las crecientes importaciones, pero también como otro recurso aprovechado por grupos que tomaron ventaja del control cambiario. Alrededor del trámite, de acuerdo con fuentes consultadas, prosperaron los negocios. Una ex ejecutiva de la banca que manejó solicitudes de divisas explica que el trámite creó nuevas alcabalas: “Hubo productos que terminaron siendo exclusividad de unos importadores”.
La trama burocrática se expresa en las constantes negativas de los funcionarios. Un ejemplo puede advertirse en el sector salud. Antonio Orlando, presidente de la Asociación Venezolana de Equipos Médicos, Avedem, lo explica así: “Una vez se negó la importación de una incubadora para recién nacidos porque en la solicitud no se explicaba qué uso se le iba a dar. La importación se presta para que los funcionarios decidan discrecionalmente. Detrás del control de cambio hay una maraña de peajes que sirven a muchos para negociar”.
Importar un equipo médico que no emita radiación requiere según Avedem al menos seis grandes trámites. Primero se tiene que buscar una certificación de calidad generalmente en el Ministerio de Salud , luego se deben conseguir los registros sanitarios en ese despacho; posteriormente hay que acudir al Ministerio de Industrias y pedir un CNP. Después, solicitar los dólares ante el Cencoex y aguardar a que llegue el equipo. Una vez que se logra eso hay que lidiar con el Seniat en la aduana para luego esperar la liquidación de los dólares y pagar la importación. El proceso puede durar dos años o más y se tienen que acudir como mínimo a cinco instituciones del Estado.
Una mano vende a la otra
Otro mecanismo que se prestó para irregularidades fueron las compras y ventas entre las mismas personas o grupos. El ex juez Alejandro Rebolledo explica que el esquema funciona cuando una importadora y sus proveedores extranjeros pertenecen a iguales dueños y se utilizan como plataforma para la sobrefacturación o simulación de importaciones. Detalla que hubo casos en el sector farmacéutico y que, en algunas ocasiones, los envíos ni siquiera se hacían. “Muchos pagos no se efectúan en dólares o efectivo, sino en bienes en el extranjero. Allí funciona igualmente la figura del testaferro”.
El gigantesco agujero de la sobrefacturación
Los cálculos hablan por sí mismos: la sobrefacturación de importaciones alcanzó 69,5 millardos de dólares desde el inicio del control cambiario en 2003 hasta 2012, según un estudio de la firma privada Ecoanalítica.
“Esa es una modalidad fraudulenta porque se piden más divisas preferenciales de las que se necesitan para comprar bienes que cuestan menos”, explica Alejandro Rebolledo. «Los dólares sobrantes usualmente son vendidos en el mercado negro o depositados en cuentas en el exterior», añade. Fue esa una de las principales estrategias empleadas contra Cadivi.
La investigación de Econoanalítica, dirigida por Asdrúbal Oliveros, se fundamentó en cifras macroeconómicas. No se entró en detalle sobre cómo se efectuaron las operaciones ni cuántas fueron, ni quiénes estuvieron involucrados.
La firma sí pudo concluir, sin embargo, que la sobrefacturación en las importaciones públicas llegó a 22,7 millardos dólares (32,7% del total) y que las privadas alcanzaron 46,8 millardos de dólares (67,3% del total). Cada año hubo un promedio de 6,9 millardos de dólares de exceso en la facturación de bienes importados: la cifra equivale a 33,9% de las reservas internacionales que posee el país.
El economista José Guerra indica que procedimientos fraudulentos como la sobrefacturación son comunes en cualquier tipo de control de cambio. “En la época de Recadi sistema establecido en Venezuela entre 1983 y 1989 también sucedió lo mismo. Si tienes un dólar a 6,30 bolívares, ¿qué crees que va a pasar?”, expresa. No faltaron profesionales que alertaran sobre la corrupción que anidaría en los sistemas de administración de divisas desde que fueron creados por el fallecido Hugo Chávez.
El economista Tomás Socías señala que la compra de alimentos fue una de las áreas más afectadas por la sobrefacturación. Una de las razones fue la falta de verificación de las importaciones: “El nerviosismo por evitar la escasez y los aumentos de precios limitaron esos controles a la calidad de los productos”.
Socías identifica además otro tipo de irregularidad: la sobreimportación de productos de los cuales el país cuenta con buenos niveles de abastecimiento. Un empresario que declaró en condición de anonimato tiene una historia al respecto en el área de equipos médicos: “Supimos de empresas del área que trajeron componentes por cinco veces el consumo nacional”.
La mentira en contenedores
Chatarra, basura, desechos. Fueron las tres palabras que voceros oficiales utilizaron para describir un cargamento que una empresa de maquinaria agrícola importó a Venezuela en lugar de los equipos para desviscerar y descabezar aves que debieron ser adquiridos con los dólares de Cadivi aprobados. La simulación de importaciones fue otra de las modalidades empleadas por compañías a las que no siempre descubrieron oportunamente o que se beneficarion con la ceguera oficial al momento de nacionalizar cargas.
Expertos consideran que es una estrategia común de las mafias en situaciones de control de cambio. “No es extraño la compra a altos costos de productos inservibles solo para simular que hubo una negociación aparentemente lícita”, señala Alejandro Rebolledo. El gobierno ha presentado algunos casos con apoyo de los medios públicos, pero todavía ninguna autoridad ha mostrado una estadística consolidada sobre cuántas empresas estuvieron asociadas a esa forma de fraude cambiario.
El control aduanero
Un total de 12.000 contenedores se encontraban en abandono legal en el país en febrero pasado. La mitad estaba en Puerto Cabello. Esos fueron los datos que reveló en ese momento la diputada del Consejo Legislativo de Carabobo Neidy Rosal. En la misma época Herbert García Plaza, entonces jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, anunció un operativo para sacar toda la mercancía con más de 30 días.
La interpretación del dato está asociada a irregularidades cambiarias: sobran los importadores para quienes el negocio era el acceso a las divisas y no la comercialización de las mercancías compradas. “Seguramente muchos de ellos hicieron transacciones con los dólares preferenciales y la carga ni les importó”, dice el economista Tomás Socías.
La cooperación de funcionarios en aduanas es clave para vulnerar los controles estatales, de acuerdo con fuentes consultadas. Cadivi tuvo un departamento aduanero con muy escaso personal que debía encargarse de verificar millones de toneladas de productos importados. “Era un puñado de funcionarios”, dice un ejecutivo de un agente aduanal. De la supervisión de esos empleados dependía la emisión del último documento sin el cual no se liquidaban las divisas. “Si hubo fraude en puertos y aduanas es muy difícil que se haya logrado sin el concurso de esos trabajadores de Cadivi y, desde luego, sin participación de autoridades del Seniat y la Guardia Nacional Bolivariana”.
Falta de transparencia estimuló las mafias
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, no tiene dudas de que las mafias de la extinta Cadivi ahora reemplazada por el Cencoex operaron en instituciones públicas: “Es vox pópuli: hay conexiones, los vínculos con el poder están allí. Las empresas de maletín o incursas en delitos cambiarios no solo tuvieron garantizados los dólares, sino también la protección. El Estado les dio impunidad. El dinero desapareció y nada pasó”.
Las empresas involucradas en ilícitos cambiarios no son conocidas en su totalidad. Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, anunció en marzo que harían pública la lista. Cencoex divulgó el 20 de julio los nombres de un millar de compañías convocadas a explicar cómo usaron las asignaciones de dólares recibidas a partir de 2012. La Fiscalía ha dicho que investiga a 782 empresas, pero solo ha revelado los nombres de 166. Edmée Betancourt, ex presidente del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ex ministro de Planificación y Finanzas, ocupaban esos altos cargos cuando advirtieron que entre 25 millardos y 30 millardos de dólares fueron entregados a empresas de maletín, pero nunca dieron más detalles de sus denuncias a pesar del acceso privilegiado a información que tenían por las posiciones que ocupaban.
“Las mafias de divisas fueron estimuladas por la falta de transparencia del Estado, que cuando no pone presos a los involucrados en este delito y tampoco divulga información sobre estas compañías envía un mensaje claro a la sociedad: protege a los corruptos. Eso genera en la población una sensación de impotencia”, señala De Freitas.
Hasta la fecha el Ministerio Público solo ha informado de 15 condenados por las averiguaciones y no ha dicho palabra alguna sobre si funcionarios o ex directivos de Cadivi se encuentran en la lista de investigados.
Alejandro Rebolledo, experto en asuntos de lavado de dinero, está seguro de que hay complicidad en el negocio: “Detrás de las empresas de maletín hay mafias que, por supuesto, tienen relaciones de poder. No es casual que se manejen como holding e incluso privilegien las relaciones públicas. Siempre saben a quién acudirán y cómo hacerlo para lograr sus objetivos criminales”.
Repatriación. Expertos coinciden en que las divisas obtenidas de manera fraudulenta de Cadivi contribuyeron a la crisis económica del país. Rebolledo no descarta que el capital pueda repatriarse si se siguen los mecanismos necesarios: “Este dinero suele guardarse en cuentas en el exterior, pero mientras no haya una averiguación o solicitud del Estado para repatriar el dinero este no se devuelve. Hay convenciones, entre ellas una de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la recuperación de los activos. También es necesario que el Estado se valga de alianzas internacionales para averiguar a personas sospechosas de fraude o estafa a la nación. Se necesita asistencia mutua”.
Otro experto, que prefirió no ser identificado, afirmó que la recuperación de las divisas extraídas a Cadivi plantea dificultades. “Hay mecanismos de cooperación con organismos internacionales, pero la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo pareciera estar más dirigida a dar soluciones a otros países que solicitan confiscación de bienes, que a definir cómo debe hacerlo Venezuela cuando pide la repatriación de capitales”.
Ortega Díaz anunció el 15 de agosto que personal de la Fiscalía se había reunido con representantes del Banco Central de Venezuela para fijar cómo serán los mecanismos a través de los cuales los condenados deberán reintegrar divisas.
La ley de Ilícitos Cambiarios obliga a que los acusados reintegren la totalidad de los montos que les fueron cancelados o incluso cantidades superiores.
