Apenas el 6% de los exp
edientes concluidos por los diputados de la Comisión Contraloría de la Asamblea Nacional plantearon sanciones a los presuntos responsables de incurrir en hechos de corrupción, aunque en el informe de gestión correspondiente a 2014 se destaca, como un éxito, que cerró durante este ejercicio 157 casos. Sin embargo, de ese total, solo nueve concluyeron con una solicitud de declaratoria de responsabilidad política.
El planteamiento corresponde a la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, a través de una nota publicada en su página web http://transparencia.org.ve/, donde expone que la instancia que preside el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara) “da pie a preguntarse hasta qué punto la AN cumple de manera eficiente y oportuna con su función de ejercer “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional”, tal como lo establece el artículo 187 de la Carta Magna; o si, por el contrario, dedicó el año pasado a deshacerse de viejas carpetas”.
Llama la atención sobre la falta de precisión en las fechas de las denuncia presentada en el año 2014, no obstante destaca que por los títulos de algunos expedientes, se puede determinar la existencia de investigaciones iniciadas hace 12 años o más. Como ejemplo, citan las siguientes averiguaciones: “Presuntas irregularidades en la construcción de la autopista ‘Antonio José de Sucre’, tramo San Esteban-Santa Fe, estado Sucre, año 2002”, y “Presuntas irregularidades administrativas por la paralización y atraso de un conjunto de obras macro por la Gobernación del estado Vargas, durante el año 2002”, casos fueron analizados por la Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Regional Descentralizado y de Fondos Públicos del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano y del Poder Popular, coordinada por la diputada Isabel Lameda (PSUV-Lara).
“Incluso, la Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Municipal, a cargo de la diputada Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar), cerró una denuncia promovida contra Henri Falcón hace 14 años, cuando administraba la Alcaldía del municipio Iribarren. Esta misma Comisión de Contraloría ha abierto otras averiguaciones contra Falcón, ahora por su desempeño como gobernador del estado Lara”, agrega la nota. .
Sobre la información de los expedientes con declaratoria de responsabilidad política, entregados en 2014, revela la ONG que el informe en su “cuadro 3” sólo identifica seis. “Uno de ellos propone castigar por la presunta comisión de “irregularidades administrativas” al ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, que abandonó ese cargo en 2008 y lleva, al menos, cinco años en el exilio”.
Otro aspecto que resalta la ONG es que en este informe parlamentario no existe ninguna información sobre el desvío de unos 20 mil millones de dólares que habría sido otorgado por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a empresas de maletín, según lo denunciado el ex ministro de Planificación, Jorge Giordano, hecho que ha repercutido en la opinión pública.
Puro archivo
Entre los aspectos destacado por Transparencia con respecto al balance de la Comisión de Contraloría, figuran
- El informe consta de 128 páginas. Allí detallan las actividades que desarrollaron hasta la Unidad de Correspondencia, Mensajería y Recepción, los responsables de limpieza y el señor que saca las fotocopias. Sin embargo, no informan en qué terminó la evaluación de las memorias y cuentas que el Vicepresidente de la República y los ministros consignaron ante el Parlamento el martes 25 de febrero de 2014.
- El documento sí refleja que en la reunión ordinaria que sostuvo la Comisión el 23 de julio pasado, acordaron “ratificar los oficios con requerimiento de información de aquellos ministerios que aún no han remitido los recaudos solicitados para la evaluación de la cuenta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013”. No obstante, jamás aclara si recibieron los datos que necesitaban para continuar con su “evaluación” y qué pudo arrojar la misma.
En síntesis – afirma Transparencia Venezuela – los miembros del Gabinete Ejecutivo se preparan para entregar sus informes de gestión de 2014, y aún los venezolanos no conocen la opinión de la Comisión de Contraloría sobre el desempeño de los ministros en 2013.
Por otra parte, revela que el artículo 45 del Reglamento Interior y de Debates estipula que las comisiones permanentes “se reunirán por convocatoria de su Presidente o Presidenta, o en su ausencia por el Vicepresidente o Vicepresidenta, por lo menos dos veces al mes” en sus respectivas sedes. La AN tiene un mes de receso reglamentario, entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. El informe de la Comisión de Contraloría reseña que el año pasado celebraron “18 reuniones ordinarias”.
Como conclusión expone que Los ciudadanos reclaman y merecen una Comisión de Contraloría que trabaje a fondo, aborde los problemas que afectan en la actualidad al país y revise de forma exhaustiva el desempeño del Presidente, los ministros y los principales responsables de la Administración Pública.
