La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado en la Fiscalía federal estadounidense con la llegada ayer a Washington, como testigo protegido, de Leamsy Salazar, quien hasta su salida de Caracas en diciembre era el jefe de seguridad de Cabello. En la imagen, Leamsy Salazar, en la tercera fila (tras Diosdado Cabello y Hugo Chávez), en el día de la Independencia de Venezuela de 2012
Miembro de la Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, Salazar fue durante casi diez años jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez. Tras su muerte, sus servicios fueron requeridos por el presidente de la Asamblea Nacional, para quien también ejercía de ayudante personal. Salazar es el militar en activo de mayor rango (capitán de corbeta, equiparable a comandante) que rompe con el chavismo para acusar formalmente en Estados Unidos de prácticas delictivas a las altas jerarquías del país, en especial la relacionada con el tráfico de droga.
Cártel de los Soles
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación abierta por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Salazar denuncia que el presidente de la Asamblea Nacional es el cabecilla del cártel de los Soles y por tanto operador del narcoestado en que Chávez convirtió Venezuela. Salazar también vincula a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que parten de Venezuela y se dirigen a EE.UU.
El cártel de los Soles, compuesto básicamente por militares (su nombre viene del emblema que el uniforme venezolano pone en las charreteras de los generales), tiene en Venezuela el monopolio del tráfico de droga. Esta es producida por la guerrilla colombiana de las FARC y llevada a sus puntos de destino en Estados Unidos y Europa por carteles básicamente mexicanos. Las últimas cifras internacionales indican que por Venezuela pasan cinco toneladas semanales de estupefacientes. El 90 por ciento de la droga producida por Colombia pasa por territorio venezolano.
Como asistente en permanente acompañamiento de Cabello, Salazar fue testigo de situaciones y conversaciones que incriminan al presidente de la Asamblea Nacional. En concreto, le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes de ese negocio ilícito, según las fuentes conocedoras de la investigación, llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de EE.UU.
Precisamente, el pasado 11 de diciembre fue detenido en la terminal marítima de Puerto Cabello, la más importante de Venezuela, un camión cargado con alrededor de diez millones de dólares en efectivo. El transporte procedía de EE.UU. y se especula con que pudo ser un pago por droga recibida. Algún fallo en la organización habría llevado a su descubrimiento y denuncia
Días después, en su programa semanal de televisión, en lugar de sumarse a las sospechas de que el dinero tenía relación con la droga, el presidente de la Asamblea Nacional puso especial empeño en acusar a la oposición política como destinataria de los fajos de billetes, sin aportar ninguna prueba.
Cabello, de formación militar, ha cultivado el liderazgo entre los elementos chavistas de las Fuerzas Armadas, pero el paso dado por Salazar, de respetada trayectoria y hoja de servicios, puede reducir su base de apoyo en los cuarteles. El capitán de fragata no se había involucrado en ninguna actividad criminal, lo que refuerza el valor de su testimonio.
En sus revelaciones, el mando de la Casa Militar implica también a Tareck el Aissami, gobernador del estado Aragua y relacionado con redes islámicas, y a José David Cabello, superintendente del Seniat (agencia tributaria y aduanera) y ministro de Industria, que es hermano del presidente de la Asamblea Nacional. José David Cabello sería el responsable de las finanzas del cártel de los Soles. Salazar señala como instancia para el lavado de dinero a la petrolera nacional, PDVSA, cuyo presidente entre 2004 y 2014, Rafael Ramírez, fue nombrado en diciembre embajador ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Su testimonio, de acuerdo con las citadas fuentes cercanas a la investigación, ha ratificado muchos de los datos que ya en su día aportó a la DEA Eladio Aponte, que fue jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Venezuela y en 2012 huyó a Estados Unidos como testigo protegido.
La causa contra Diosdado Cabello está estrechamente vinculada con la acusación formal anunciada el año pasado por las fiscalías federales de Nueva York y Miami contra el general venezolano Hugo Carvajal, durante mucho tiempo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar. El anuncio se hizo cuando Carvajal, alias «el Pollo», fue detenido en julio en la isla holandesa de Aruba, vecina de Venezuela, a petición de EE.UU., que reclamó su extradición. Sin embargo, Aruba permitió la marcha del general, por las presiones del Gobierno de Maduro. A Carvajal se le venía considerando el gran operador del cártel de los Soles, pero la información de Salazar sitúa «el Pollo» a las órdenes de Cabello.
En relación a la vinculación de La Habana, Salazar habría mencionado del uso regular de aviones de PDVSA para transportar droga en vuelos preparados por el hijo de Chávez y el hijo de quien fue embajador de Cuba en Caracas hasta 2009, Germán Sánchez Otero, con la connivencia de este y de otros funcionarios cubanos. Habrían sido envíos con destino final a EE.UU.
Las fuentes relacionadas con la investigación especulan que Sánchez Otero, de gran sintonía con Chávez, fue removido del puesto de embajador a raíz de que se descubriera un alijo en uno de esos vuelos, algo que resultó embarazoso para el régimen castrista. El hijo del embajador, que en ocasión viajaba solo, fue detenido, mientras que el de Chávez se sometió a rehabilitación contra la adicción. EMILI J. BLASCO / CORRESPONSAL EN WASHINGTON. http://kioskoymas.abc.es.
Brownfield: Ni confirma ni niega
El secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Narcóticos y Seguridad Internacional, William Brownfield, dijo no poder «confirmar ni negar» la información sobre Salazar ni sobre la investigación abierta por la fiscalía federal en Nueva York.
Sin embargo, «desde hace más de diez años, ha habido pruebas de que ciertos individuos dentro del Gobierno de Venezuela han sido corrompidos o penetrados por organizaciones narcotraficantes», dijo Brownfield en declaraciones a un grupo de medios, entre ellos Efe.
«El artículo de hoy (en ABC) es consistente con ese historial. Es, desde mi perspectiva, otro fragmento de prueba más en una historia de más de diez años sobre cómo las organizaciones narcotraficantes han encontrado la capacidad de establecerse en Venezuela para traficar a otros países», añadió el funcionario.
Aunque no confirmó que haya una investigación federal abierta contra Cabello, aseguró que «históricamente, los grandes casos sobre narcotráfico internacional en EE.UU. tienden a litigarse o en el Distrito Sur de Florida o en el Distrito Sur de Nueva York», donde, según la información de ABC, se está preparando el caso. EFE
