El Universal |Desde 2005 la tasa estimada de homicidios en Venezuela va en aumento constante y ya somos el segundo país del mundo con más asesinatos. El año pasado hubo casi 25 mil víctimas.
Que se trataba de un operativo contra una banda acusada de múltiples homicidios fue lo que dijo el director nacional del Cicpc, José Gregorio Sierralta, la tarde del martes 7 de octubre del año pasado. Murieron cinco personas en el allanamiento del edificio Manfredir, ocupado por el colectivo Escudo de la Revolución. Se supone que los agentes llegaron buscando al jefe de esa organización, Carmelo Chávez, a quien dieron de baja esa madrugada. En un video transmitido por los medios aparece el ex policía José Odremán señalando al ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, como culpable de lo sucedido: «Usted está generando estos escenarios. Lo responsabilizo a usted de lo que me pase. Ya basta que nos sacrifiquen más camaradas combatientes».
Hora y media más tarde, en un segundo encontronazo para rescatar a dos funcionarios retenidos en el edificio, cayó muerto Odremán. Sierralta lo identificó como dirigente del «referido grupo delictivo».
Odremán era el líder del Frente 5 de Marzo que aglutina a un centenar de colectivos caraqueños y su estampa cobró fama póstuma cuando sus fotografías al lado de figuras como Hugo Chávez, Cilia Flores, el diputado Robert Serra y José Vicente Rangel, rodaron en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.
Michael Antonio Contreras Bernal -«segundo comandante» del Frente 5 de Marzo-, José Ángel Tovar Contreras y Jesús Rodríguez -quien, según testimonio de su madre, fue escolta de Eliézer Otayza y del general Lucas Rincón-, fueron los otros fallecidos de la jornada.
El colofón de esta historia tan reciente ocurrida en el inmueble ubicado en la avenida Lecuna lo podemos encontrar en dos citas tomadas de la crónica roja de esos días. Una vecina del lugar, Ruth Flores, declaró a El Universal: «La policía se buscó un problema con el Gobierno, porque los colectivos trabajan para ellos. El Cicpc llegó y destrozó cubículos, amenazó a la gente y se llevó a esos hombres y después aparecieron muertos, cuando fueron los colectivos quienes pusieron orden en el edificio».
Tras varios días de tensión, en los que se especulaba sobre una reacción violenta de los colectivos de la ciudad, el miércoles 15 de octubre el ministro Rodríguez Torres declaró: «Esas personas estaban involucradas en varios delitos. Eran parte de una banda que cometió varios homicidios. No podemos llamar colectivos a cualquier grupo armado que comete delitos. Por ahí hay un montón de grupos que ahora se llaman colectivos y lo que hacen es cometer asesinatos y robos. La gente tiene que saber diferenciar y saber lo que son los colectivos. Los colectivos son una expresión popular para la paz».
Ese día en la tarde un tribunal ordenó aprehender a seis funcionarios del Cicpc que participaron en el allanamiento al Manfredir. Y el 24 de octubre Rodríguez Torres fue removido del cargo. Para algunos analistas de la cotidianidad política, la presión de los colectivos empujó al Ejecutivo a tomar la decisión. Y aquí entra la segunda cita, lo que dijo el criminólogo Javier Gorriño durante una entrevista en Televén: «Se decidió una privativa de libertad, más política que jurídica. Destitución del ministro, destitución de la directiva (del Cicpc). Le dieron la razón a los colectivos».
Para el sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño-León, durante 2014 la respuesta del Estado ante la delincuencia fue «escasa en algunos momentos y en otros fue incorrecta». Escasa, explica, porque se focalizó en tratar de activar los célebres cuadrantes. «Y equivocada porque en el contexto de una ciudad como Caracas en la que asesinaron a un promedio de más de 2 policías por semana, encontramos situaciones como lo ocurrido con el allanamiento en el edificio Manfredir donde se supone que la policía intentó actuar ante el delito y la respuesta del Gobierno fue destituir a los jefes del Cicpc, al ministro y actuar contra los agentes. El mensaje es terrible. Para los delincuentes es decirles ‘pueden actuar’ y para los policías fue ‘mejor no te metes en eso’. El mensaje fue errado».
El episodio le permite a Briceño-León ilustrar otra conclusión: «Hay desacuerdos en el Gobierno sobre la manera de enfrentar el problema de la criminalidad y la destitución del ministro es un claro ejemplo de esto. Hay posiciones encontradas. Unos creen que hay que desarmar a los colectivos y otros que no. Y en esos desacuerdos, sin un liderazgo que ponga orden, empiezan a dominar los juegos políticos del partido de Gobierno y la población queda aislada».
Otro momento de 2014 representó también un hito importante: el asesinato de la actriz Mónica Spear y de su esposo Thomas Berry. En realidad hay mucho de donde escoger: la proyección del OVV estima que durante el año hubo al menos 24.980 asesinatos en el país, para una tasa de 82 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. «La muerte de Mónica Spear marcó un punto de quiebre porque dio pie a que gran parte de la población terminara de entender que esas cosas no le pasan solo a malandros que se matan entre ellos o a personas que andan ‘metidas en algo raro’. Y esto llevó a esa respuesta de inhibición que cada vez es más evidente en las ciudades donde los cines cierran más temprano, las universidades evitan los cursos nocturnos, etcétera».
Campeones y únicos
Que hayamos alcanzado la tasa de 82 homicidios por cada 100 mil habitantes nos ubica como el segundo país con más asesinatos en el mundo. Y no lo dicen solo los estimados del Observatorio Venezolano de Violencia: la estadística de la Organización Mundial de la Salud que en su reciente informe -aunque se trata de cifras para 2012- ubica al país en segundo lugar con 58 por cada 100 mil.
El primer lugar es de Honduras con 104 crímenes violentos por cada 100 mil habitantes. Pero hay que detenerse en un detalle: la población de Honduras es poco más de 8 millones 97 mil personas, mientras que la de Venezuela pasa de los 30 millones.
La comparación entre la ciudad más violenta de Honduras y la de Venezuela es ilustrativa. San Pedro Sula tiene 769 mil habitantes y una tasa de 171,20 homicidios por cada 100 mil, con un registro de 1.317 asesinatos el año pasado. Caracas tiene más de 3 millones 273 mil habitantes y una tasa de 115,98 víctimas por cada 100 mil. Durante 2014, asesinaron a 3.797 personas en la capital venezolana.
Estas cifras -que son estimados- las presentó recientemente la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz en su informe sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014 (sin incluir aquellas en las que se desarrolla un conflicto bélico). Este es el cuarto año en el que San Pedro Sula encabeza el deshonroso ranking y el segundo consecutivo en el que Venezuela y Acapulco (México) ocupan el segundo y el tercer lugar. 43 de las 50 están en América Latina y la figuración venezolana incluye además a Valencia (puesto 7, tasa 71,08); Ciudad Guayana (puesto 12, tasa de 62,13) y Barquisimeto (puesto 21, tasa 46,46).
«Históricamente en Honduras siempre ha habido problemas institucionales que terminaron por agudizarse durante el gobierno de Manuel Zelaya y luego con su expulsión de la presidencia», explica Briceño-León: «Honduras se convirtió en un paso importante de drogas, especialmente San Pedro Sula, una ciudad portuaria con zona franca y una geografía que facilita el trabajo al narcotráfico. La diferencia de Honduras con Venezuela en este sentido es que aquí sí había instituciones y fueron destruidas».
El investigador advierte sobre la singularidad de la situación: un incremento sostenido del delito, un Estado que no responde de manera efectiva, instituciones frágiles y un Gobierno que lejos de fortalecerlas, las hace todavía más débiles. «Venezuela es un caso único en el mundo, por el nivel de destrucción de las instituciones, por la rapidez con la que esto ha ocurrido y porque el Gobierno impulsó esa destrucción por razones políticas. Algunos podrán decir que tenían que hacerlo porque se trata de una revolución, pero las consecuencias sociales están a la vista».
Hace ya algún tiempo que el OVV y otros investigadores independientes advierten que el auge criminal no tiene que ver con los niveles de pobreza: «Tuvimos incrementos en tasas de homicidios en momentos de bonanza económica. El pacto social, el respeto a la norma, fue lo que se quebró», resume Briceño-León: «La criminalidad en Venezuela es de tipo anómico, una situación generalizada de incumplimiento de la ley y con una incapacidad para el uso de mecanismos de resolución de conflictos. Aquí la gente mata por cualquier cosa».
Hasta el 23 de enero llegaron más de 300 cuerpos a la morgue caraqueña. Se calcula que 80% se trata de casos de homicidios. Otro cálculo señala 54 asesinatos solo en el Municipio Libertador. De modo que 2015 comienza tan mal como 2014. Y a este ritmo, tenemos garantizado nuevamente el segundo puesto de la lista.
Por Oscar Medina
