“Implantar los controles, tanto manuales como automáticos, para alertar sobre el vencimiento de los plazos, fraccionamiento de las solicitudes de autorización de adquisición de divisas y, además, corroborar la veracidad de la información suministrada por los importadores para el trámite de las solicitudes de divisas, en especial los referidos a la declaración y pago de impuesto, para la nacionalización de la mercancía objeto de la solicitud, y para el resto de la documentación exigida en la normativa que rige la materia, utilizando al máximo los elementos tecnológicos de los que disponga, a los fines de cumplir con los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y transparencia dispuestos en la Constitución”.
Esta es una de la recomendaciones que la Contraloría General de la República formuló en a la desparecida Comisión de Administración de Diivisa (Cadivi) en su informe del 2007. Pero de acuerdo a lo expuesto en la información de El Universal, poco a nada ha cambiado, después de siete años.
Esta es la información…
En saco roto. Allí cayeron las observaciones que la Contraloría General de la República hizo en 2007 al Gobierno sobre la manera cómo adjudicaba las divisas para importar bienes e insumos, pues siete años después de advertir que la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) carecía de mecanismos de control que le permitieran verificar el buen uso de los dólares y euros se encontró con fallas similares en otras instituciones del Estado, revela El Universal
La denuncia la hizo el contralor Manuel Galindo en el informe de gestión de 2014, que este mes entregó a la Asamblea Nacional y en el cual expuso las irregularidades que encontró al auditar «el proceso de solicitud y pago de divisas» que CVG Internacional y el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) pusieron en marcha para importar maquinarias para pequeñas y medianas industrias (PYMI) y para cooperativas.
El organismo reveló que a 12 PYMI, las cuales no identificó, les fueron entregadas entre 2010, 2011 y 2012, 24.243.659,52 dólares, aún cuando «no se evidenció el Certificado Nacional otorgado por Inapymi (Instituto para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria) de pequeña y mediana industria, sino el certificado de afiliación a Fedeindustria».
A otras cinco empresas, las cuales formaban parte de un grupo de once, cuyos certificados presentaban un vencimiento de entre 12 días y ocho años, recibieron divisas por US$ 18.295.321,44 entre 2011 y 2012; y las seis restantes recibieron más de 10 millones pese a que obtuvieron el documento antes «de la fecha de la transferencia» de los fondos.
La Contraloría, en su informe, también aseveró que se encontró con una empresa, la cual tenía «el deber formal de presentar la declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR)», pero que no lo hizo «en los años 2010, 2011 y 2012»; y sin embargo «obtuvo los certificados PYMI» y además «efectuó solicitudes para el Sistema de Adquisición de Suministros Industriales (SASI) por US$ 2.750.527,50 con los referidos certificados».
La posibilidad de sancionar a los responsables de esta última empresa y a quienes le entregaron los dólares obviando las situaciones arriba mencionadas luce lejana. ¿La razón? «El expediente de dicha empresa se extravió en la mudanza de los archivos del Inapymi, lo cual se hizo constar en acta de fecha 8 de julio de 2013», reportó el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos en su informe a los legisladores.
Los auditores se trasladaron hasta algunas de las empresas que recibieron divisas y en dos de ellas encontraron con que las mismas de poco sirvieron, pues aunque ciertamente importaron las maquinarias que dijeron que iban a adquirir en el exterior las mismas estaban «inoperativas debido a falta de insumos de producción nacional (plástico y aluminio) para su puesta en marcha».
En el reporte la Contraloría recomendó a CVG Internacional y Bancoex reforzar su sistema de control interno, «de modo que permita monitorear las operaciones desde la entrega de las divisas, recepción de los bienes adquiridos e inclusive hasta, por ejemplo, la operatividad de la maquinaria y/o producto elaborado o semielaborado, según el caso».
Las observaciones no son para menos, pues a finales de 2013 el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez, dijo que el 40% de las empresas que recibieron dólares o euros para importar eran «de maletín».
Sobre Cadivi
El despacho de Galindo informó que las multas que su antecesora en el cargo, Adelina González, impuso al exdirector de Planificación y Presupuesto de la extinta Cadivi, Moisés Henríquez, quedaron firmes, por lo cual el exfuncionario deberá cancelar casi 150 mil bolívares.
La misma suerte corrieron otros siete exfuncionarios de ese organismo a los que declaró responsables de distintas irregularidades.
A finales de 2013 el presidente Nicolás Maduro denunció que Cadivi «fue perforado por el rentismo petrolero y por un juego perverso con la moneda: la especulación de la divisa» y acto seguido lo sustituyó por el Centro de Comercio Exterior (Cencoex).
A raíz de esos señalamientos el Ministerio Público abrió 4.175 investigaciones por irregularidades en la compra y otorgamiento de dólares, las cuales involucran a 2.716 particulares y 1.459 empresas. De estas últimas solo 70 habían sido acusadas hasta diciembre, reveló la fiscal general, Luisa Ortega, en su informe anual.
