Un juez decidió investigar a la filial de Banca Privada de Andorra en Uruguay a raíz de la información aparecida en un diario de ese país. El juez especializado en crimen organizado Néstor Valetti abrió una indagación de oficio a BPA en Uruguay que ya había sido sancionado por el Banco Central en 2011 por falta de controles sobre lavado de dinero.
BPA-Uruguay, funcionó como tal desde 2002 hasta 2011 y luego continuó como Noswey SA Asesores de Inversión hasta octubre de 2014 cuando canceló su inscripción en el Registro del Mercado de Valores como Asesor de Inversión. Trabajaba exclusivamente con clientes no residentes en Uruguay, para los cuales manejaba unas 2.000 cuentas.
A continuación, la nota completa de El Observador de Uruguay:
Justicia investigará otro caso de lavado de escala internacional
La Justicia especializada en Crimen Organizado inició una investigación para indagar si la filial uruguaya de la Banca Privada d’Andorra (BPA) lavó dinero. “A raíz de una publicación de El Observador fue que decidí actuar de oficio. No había nada acá”, explicó a El Observador el juez Néstor Valetti.
El magistrado investigará la operativa de la filial uruguaya de la BPA, que operó en Uruguay desde 2002 o 2003 hasta marzo de 2011. Luego, en las mismas oficinas del World Trade Center, quedó operando Noswey SA Asesores de Inversión, una sociedad anónima propiedad de la BPA que canceló la inscripción en el Registro del Mercado de Valores como Asesor de Inversión el 24 de octubre de 2014, como revelan documentos a los que accedió El Observador.
La investigación judicial se inició a raíz de un informe publicado por este diario el pasado martes 14 de abril, en el que se informaba que las autoridades andorranas intervinieron la casa matriz de BPA el 10 de marzo, cuando la Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por su sigla en inglés) informó que el banco es “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Inmediatamente, el Banco de España intervino al Banco de Madrid, controlado por BPA.
Tres días después, Miquel Prats, gerente general del banco en Andorra, fue arrestado por recibir, al menos en tres ocasiones, maletines con € 100 mil cada uno procedentes de la organización delictiva que dirige el empresario chino Gao Ping.
La indagatoria en Andorra tiene como indagado a Pablo Laplana, un economista uruguayo de 34 años que era, hasta la intervención, subdirector general de Negocio Internacional del banco. La Justicia indaga a Laplana por su vínculo con dos venezolanos: el empresario Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez Carreño, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual embajador en Naciones Unidas, y Norman Danilo Puerta, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela. Ambos tenían millonarios depósitos en BPA.
La operativa en Uruguay
La filial de BPA en Uruguay trabajaba exclusivamente con clientes extranjeros (no residentes, en la jerga bancaria). En total, tenía unos 2.000 clientes.
El juez Valetti indagará si el banco cumplió con los controles antilavado y si la filial uruguaya participó en las maniobras de lavado. El Banco Central de Uruguay sancionó al BPA el 12 de octubre de 2011 por falta de controles sobre el lavado de dinero, informó el diario español ABC el 25 de enero de este año.
En Uruguay, la filial era presidida por Eduardo Ache, presidente del Club Nacional de Football.
De todas partes vienen
Esta nueva investigación sobre lavado se suma a otros casos de escala internacional que están en la mira de la Justicia uruguaya.
Valetti, por ejemplo, indaga la ruta del dinero del extesorero del Partido Popular de España, Luis Bárcenas, procesado con prisión provisional en su país por corrupción. Bárcenas transfirió partes de esos fondos por sociedades anónimas y bancos uruguayos.
El juez Valetti también investiga una supuesta maniobra de lavado que tiene como indagado a Alejandro Vandenbroele, acusado de enviar dinero desde Uruguay a Argentina para comprar la empresa impresora de billetes Ciccone Calcográfica, como testaferro del vicepresidente argentino, Amado Boudou, según el procesamiento dictado por el juez argentino Ariel Lijo, quien procesó a Vandenbroele y Boudou. Valetti pidió la extradición de Vandenbroele, proceso que tramita la Justicia argentina.
Por su parte, la jueza Adriana de los Santos investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que tiene como indagado al empresario kirchnerista Lázaro Báez, por la compra de un campo en José Ignacio por US$ 14 millones.
