La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido reelecto, que tal vez haya que nombrar un gobierno de unidad nacional en pocos meses para afrontar la crisis de BPA y salvaguardar la economía del Principado.
La Ley de Reestructuración Bancaria, que el recién reelecto gobierno andorrano aprobará este miércoles, es uno de los instrumentos que se espera sirva para superar el difícil trance del caso Banca Privada de Andorra (BPA), provocada por la investigación por lavado de dinero que adelantan las autoridades en respuesta al informe del Departamento del Tesoro de EEUU.
El complejo estatus legal del Principado de Andorra hace que cualquier texto legal del país tenga que ser ratificado en 15 días por los dos copríncipes, que son el presidente francés, François Hollande, y el arzobispo de la Seu d’Urgell, monseñor Joan Enric Vives Sicília.
Después, por trámite de urgencia se enviará la norma al Consell General, el equivalente al Parlamento, y una vez que se apruebe en la cámara andorrana, los copríncipes tienen 15 días para ratificarla. Un plazo que Antoni Martí y su equipo consideran excesivo para afrontar una crisis financiera de la dimensión de BPA, que amenaza a todo el sistema bancario del país.
Por ello ya se ha solicitado a Hollande y al arzobispo de La Seu que ratifiquen la ley en una semana, antes de que venza el plazo legal para preservar la integridad del sector financiero.
Carreras de última hora
Los flecos de la ley se siguen negociando a contrarreloj. Este martes por la noche, los bancos y los responsables del gobierno andorrano seguían en conversaciones sobre cómo será la nueva agencia pública que gestionará los activos dañados de BPA y qué fondos se aportarán a la misma y con qué origen. Algunas fuentes financieras han cifrado en 35 millones lo que acabará aportando la banca andorrana a la operación de rescate bancario.
En esencia, el Ejecutivo andorrano y la banca del Principado tienen objetivos distintos. La banca quiere una liquidación rápida, troceando lo que quede de BPA mientras que Martí y los hombres fuertes de su gobierno que previsiblemente seguirán en la próxima legislatura –Jordi Cinca (Finanzas) y Gilbert Saboya (Exteriores)– prefieren reflotar BPA y, sobre todo, preservar los más de 200 empleos que tenía la entidad.
Mientras, el Gobierno andorrano ha abierto contactos con el Tesoro de Estados Unidos, que fue quien denunció las actividades de legitimación de capitales de BPA y desató la crisis del banco andorrano arrastrando en su caída su filial española, Banco Madrid, que presentó concurso de acreedores.
El principal objetivo del Principado es demostrar que se está actuando con firmeza contra BPA.
