Santo Domingo (R. Dominicana) | El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 30 de junio la medida de coerción en contra de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, mientras que los abogados de los acusados insistieron en que éstos están dispuestos a colaborar con la justicia. En la imagen, José Luis Santoro Castellano y de Gabriel Jiménez Aray, dos de los principales ejecutivos del quebrado banco.
El tribunal tomó la decisión con el objetivo de enviarles a Miami (EE.UU) y Venezuela, dónde se encuentran los acusados, las citas para que se presenten ante la justicia local.
No obstante, los abogados de José Luis Santoro Castellano y de Gabriel Jiménez Aray, dos de los principales ejecutivos del quebrado banco, aseguraron que sus clientes están dispuestos a colaborar con la justicia en el caso del Banco Peravia, intervenido en noviembre tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones.
No obstante, Francisco Tavares, quien defiende a Santoro Castello, expresidente del Banco Peravia, aseguró que en contra de su cliente no existe orden de captura internacional.
«No hay orden de captura internacional en contra del señor José Luis Santoro, y hemos dicho que comparecerá y va a responder por esta acusación que se le ha hecho», aseguró.
Mientras que Miguel Bonelly, abogado de Jiménez, señaló que éste ha manifestado a las autoridades «su decisión de colaborar en todo lo que sea útil y necesario».
Sin embargo, aseguró, que su defendido atraviesa por una situación familiar que le obliga a permanecer en Miami.
El pasado 3 de marzo la Fiscalía del Distrito Nacional informó de que emitió orden de captura internacional contra Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, a quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de 1,300 millones de pesos. A través de un comunicado, la Fiscalía dijo entonces que notificó a la policial internacional Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, de la orden «a fines de que sean ejecutadas y los imputados puedan ser presentados ante la Fiscalía para proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente».
Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos.
EFE
