En el reportaje del diario ecuatoriano El Universo, titulado El desangre de Dolares en Venezuela, relacionados con el fraude con la moneda virtual SUCRE ( (Sistema Unitario de Compensación Regional) se reseña el caso de una humilde mujer. «Los agentes encontraron a Dolores, de 56 años, en su casa con techo de zinc y cerramiento de caña guadúa, en la cooperativa Paraíso de la Flor, en el noroeste de Guayaquil. Era a mediados del 2013 e investigaban a una proveedora de zanahorias para exportaciones a Venezuela. Pero en la vivienda no había ningún cultivo ni ella sabía del negocio» (Foto El Universo).
Dolores les contó que sacó un registro en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para recibir un “bono” de $ 30 mensuales.
Varios testimonios como este confirmaron que dos exportadoras quiteñas pagaban este “bono” en barrios periféricos de Guayaquil a cambio de la inscripción en el SRI. Con ese documento mandaban a imprimir libretines para facturarse a sí mismas y maquillar gastos.
“Accedí a este ‘bono’ porque en ese tiempo no tenía el bono solidario y peor aún en mi calidad de discapacitada podía acceder a una fuente de trabajo. Solo saqué mi RISE para recibir mi bono”, les relató Dolores.
Las compañías eran Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cía. Ltda. (Escastell) yProspermundo S.A., que recibieron $ 27,8 millones del sistema de compensación Sucre por ventas de hortalizas y máquinas agrícolas a Venezuela, entre noviembre del 2011 y mayo del 2013. Las autoridades detectaron falsificación de facturas y sobreprecios. Así, exportaban en $ 410.200 una desgranadora de maíz de $ 2.473.
Los socios de Escastell eran el colombiano Adriano Castellanos P. y el ecuatoriano Byron Espinosa B., mientras que en Prospermundo están Castellanos y la esposa de Espinosa, Rosalin Mogollón A. La pareja de ecuatorianos está en la cárcel, sentenciada a cuatro años por lavado de activos. La asistente contable que repartía los “bonos”, Wendy Cedeño L., fue condenada a 8 meses.
Castellanos, en cambio, vive en Bogotá y atendió una llamada de EL UNIVERSO a su local RDSI-Tec Ltd. “No voy a hablar al respecto. Esas son cosas de abogados”, dijo. El proceso en su contra está suspendido hasta que venga a Ecuador.
Según informes de los procesos judiciales, de los $ 27,8 millones que recibieron Escastell y Prospermundo, $ 8,35 millones fueron a manos de tres venezolanos: Samuel Sánchez Boada ($ 3,85 millones), Pedro Emilio Silva Conde y su primo Gustavo Conde Cabrera ($ 4,5 millones). Esta cifra incluye el dinero recibido por la ecuatoriana GuadalupeFarms, cuyos socios eran los dos parientes.
Silva Conde aparece como representante de Inversiones Siltor 2009, estadounidense que firmó un contrato de comisión mercantil con Prospermundo en septiembre del 2012. Siltor recibió $ 1 millón de Escastell. Así como otro millón de Mercaimpex (de Tulcán), que a su vez había recibido $ 17,6 millones del sistema Sucre.
Los documentos del juicio a Escastell indican que para realizar los giros se consignó como dirección una casilla postal en Miami. El titular de esa casilla, Pedro Antar, dijo a El Nuevo Herald que Silva Conde lo había hecho a sus espaldas.
- Así se movió el dinero Fuentes: Informes del SRI, Unidad de Lavado de Activos, Unidad de Análisis Financiero y Auditoría externa del Banco Territorial, como citados en los procesos judiciales del Banco Territorial y Coopera. CLIC EN LA IMAGEN PARA AMPLIARLA)
“Eso es un fraude, un abuso”, indicó Antar, quien explicó que conocía a Silva desde hace casi una década y que hace cuatro años los ayudó a crear dos empresas en Florida, pero luego las canceló. “No sé nada de negocios con Ecuador ni de negocios con Silva ni con Sánchez Boada”, dijo. Estas empresas eran Fondo Global de Construcciones Sac e Inmobiliaria & Constructora JAAR Sac Corp.
Exportadoras relacionadas
Los venezolanos recibieron dinero de otras firmas ecuatorianas: Samuel Sánchez, $ 4,38 millones, y Pedro Silva, $ 110 mil. Algunas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, De Todo Un Poco e Imporplace son accionistas de Bestitan, Grurosalli, Negberry, Starlexa y Gruyaseli. A estas se suman Distribuciones Stortelt y Teksolsa.
Este Diario ha buscado sin resultado a los representantes de estas exportadoras, en su mayoría ya disueltas por la Superintendencia de Compañías. Sus direcciones no existen o son inexactas. Sin embargo, en seis meses, a sus cuentas bancarias fueron $ 53,64 millones desde Venezuela, a través del Sucre.
Por ejemplo, Bestitan está registrada en el Guasmo Oeste, en la cooperativa Los Cinco Magníficos, que colinda con un ramal del estero Salado, pero ahí nadie la conoce. Lo mismo ocurre con Teksolsa, situada en la isla Trinitaria, cerca del estero. Una de las personas que consta como su accionista trabaja en una compañía de seguros, pero dijo que ni siquiera conocía el nombre de la firma Teksolsa.
De Todo Un Poco recibió $ 3,1 millones de Prospermundo, pagados en cheques con el rubro de devolución de inversión a Pedro Silva, según consta en un informe de la Superintendencia de Compañías.
Otro grupo de exportadoras es el de Juecrey, Neheminvest y Oseasdany, que recibió $ 12,45 millones del Sucre. Su dueño era Ninrod Pantoja, un chofer de bus de la línea 38 de Guayaquil. Su hermana se mostró sorprendida, pues Pantoja falleció el 21 de marzo del 2013 y no tenía bienes. “Murió de una forma media rara, sin diagnóstico”, acotó.
Pantoja compró las empresas en noviembre del 2012 al abogado Félix Montiel Sellán, en cuya oficina (Edif. Gran Pasaje) están domiciliadas. Montiel indicó que crea compañías para venderlas y ofreció dar información sobre los traspasos de acciones, pero no lo hizo.
Los reportes judiciales suman transferencias por $ 9,05 millones a dos empresas en Estados Unidos y $ 100 mil a otra ubicada en Charlestown, en la isla Nieves (Antillas).
Una de ellas es Global Supplies and Equipment Services, en Weston (Florida), considerado uno de los enclaves de la comunidad venezolana en los EE.UU. También recibió transferencias de Samuel Sánchez y de Transadi, que había sumado $ 5,96 millones del Sucre. Entre enero y mayo del 2013, Global obtuvo $ 10,15 millones.
Dentro del proceso hay dos facturas que justificaron transferencias por casi un millón de dólares desde el Banco Territorial. Los documentos tienen formatos distintos y coinciden en un error en la dirección.
El Nuevo Herald constató que en la dirección registrada hay una casa abandonada, pese a que la sociedad está activa. Su representante es el venezolano Nelson Contreras Chávez, empresario de transporte pesado radicado en su país y que ha sido representante de otras cinco firmas en Florida, ya disueltas.
Contreras indicó a la web Armando.info que conoce a Sánchez Boada pero que no sabe de él desde hace mucho tiempo, pues le prestó dinero y no le pagó. Consideró que podría tratarse de una usurpación de identidad, ya que no ha recibido transferencias desde Ecuador.
“Yo abrí la empresa en Miami con la finalidad de mudarme, pero nunca lo hice. La empresa sigue activa en papeles, pero prácticamente tiene años sin ninguna actividad”, señaló.
Otro destino en EE.UU. fue Yachting Experts, un broker de yates de Coconut Grove, Miami. Recibió $ 2,52 millones de Sánchez, Neheminvest y Juecrey. Su gerente, Frank De Varona, no quiso hablar.
Finalmente, Sánchez Boada adquirió una avioneta Lear 55 (matrícula N 550JB), a fines del 2012, por $ 1 millón a Aeronet Consulting Corp, en Fort Lauderdale (Florida). Un representante de Aeronet, dijo a El Nuevo Herald que la compra se hizo a nombre de una empresa en Delaware, Lear 55 Holdings Inc., porque Sánchez no es ciudadano norteamericano.
Sánchez hizo otra transferencia por $ 490 mil para el fabricante de aviones Bombardier Aerospace Corporation.
Todas estas empresas también enviaron dinero hacia Panamá $ 2,8 millones, Hong Kong $ 2,2 millones, Venezuela $ 1,2 millones, Bahamas $ 1 millón, las Antillas $ 700 mil y Colombia $ 460 mil.
El proceso judicial en contra de Sánchez y Silva está suspendido hasta que regresen a Ecuador a responder por las operaciones de Escastell y Prospermudo, que recibieron $ 27,8 millones del Sucre. En este caso, la Fiscalía pudo probar la entrega de “bonos”, la alteración de facturas y el sobreprecio en exportaciones. De las demás firmas que participaron en esta trama y que cobraron $ 89,65 millones, no hay ningún juicio.
Existen transacciones cruzadas entre este grupo de empresas y otras que ha investigado la Fiscalía porque operaban en Coopera, que cerró en junio del 2013. Muchas fueron con documentos alterados. Estas firmas ecuatorianas recibieron $ 53,7 millones del sistema Sucre; detrás de ellas estaba el venezolano Luis Carmona Salazar.
Importadoras sancionadas por no justificar uso de dólares
Mientras manejaron negocios en Ecuador, los venezolanos Samuel Sánchez Boada y Pedro Silva Conde solían reunirse en el Hotel República, en el centro norte de Quito, para negociar exportaciones a Venezuela, según relataron los empleados de las empresas Escastell y Prospermundo a la Fiscalía.
A las citas asistían también los principales de esas compañías: el colombiano Adriano Castellanos Pedraza y el ecuatoriano Byron Espinosa Barreros.
Una trabajadora del área de contabilidad relató que los venezolanos daban la lista de importadores a los cuales se debían enviar los productos, principalmente químicos y máquinas agrícolas.
Las importadoras cambiaban dólares a una cotización preferencial de 4,30 bolívares. Las ecuatorianas recibían las divisas a través del sistema Sucre. Parte del dinero recibido lo transferían a cuentas de Sánchez y Silva en Ecuador, en dólares que en Venezuela tenían una cotización que fluctuaba entre 12 y 24 bolívares, en los meses en que se hicieron las operaciones.
Sánchez Boada se presentaba como representante de Agro Industrias Enmary 777, que tiene su sede en Lecherías, en Venezuela. En Miami también existió una empresa con ese mismo nombre, pero que se disolvió en el 2011, y otra tiene su sede en Delaware (EE.UU.)
Entre 2011 y 2012, Agro Industrias Enmary 777 recibió dinero en préstamo del Grupo Mantex, consorcio venezolano que tiene participación en una veintena de compañías con actividades en construcción, bienes raíces, publicidad, etc. Así lo indicó un reporte de la firma Deloitte de abril del 2014.
En Mantex Metrópolis, actúan como vocales suplentes de la junta directiva Pedro Silva Conde y su primo Gustavo Conde Cabrera, quienes fundaron la ecuatoriana GuadalupeFarms S.A. Esta empresa y Conde Cabrera recibieron pagos por el total de $ 3,7 millones en Ecuador por parte de Escastell.
Su padre, Gustavo Conde Delfino, principal de la junta de Mantex Metróplis, así como Mantex Investments Ltd. (Barbados) recibieron $ 1,1 millones de otro grupo de exportadoras ecuatorianas.
Pedro Silva Conde accedió a dar una entrevista en Caracas, en la sede de Mantex, pese a que estaba ocupado porque, dijo, su padre iba a ser operado. Pero luego de este ofrecimiento ya no respondió.
Agro Industrias Enmary 777 fue sancionada por las autoridades de ese país por no haber justificado el uso de dólares a precio oficial para sus importaciones. Este Diario intentó contactar a Sánchez Boada en los correos electrónicos de esa empresa, pero ya no funcionan.
Otras seis importadoras venezolanas, que compraron al menos $ 13,5 millones, a las exportadoras de este grupo también han sido sancionadas. Estas son: Asociación Labriegos del Campo, Comercializadora Broki, Importadora Mi Gran Sacrificio, Quimiorbis, Intercolven e Importadora de Alimentos Siglo XXI.
Periodistas de Armando.info visitaron la sede de la Importadora Mi Gran Sacrificio, en el local 26 del centro comercial Santa Bárbara, en Cúa (estado de Miranda). Todo estaba cerrado, la puerta con telarañas y los recibos de electricidad acumulados en la reja de la ventana. Los vecinos aseguraron que no saben quiénes ocupan esa oficina. Las demás importadoras no pudieron ser contactadas.
Sánchez y Silva están llamados a juicio en Ecuador por un supuesto lavado de activos, sin embargo, el proceso está suspendido hasta que se presenten ante las autoridades.
En septiembre del año pasado, Sánchez creó en Panamá la empresa Petreleon Trade Corp. En julio del mismo año, los primos Silva y Conde junto con Ricardo Galindo Gimón crearon siete empresas en Panamá. Todas ellas tienen nombres de importadoras venezolanas que aparecen en otro grupo de compañías que investigó la Fiscalía ecuatoriana y por cuyas actividades dos personas están sentenciadas por lavado de activos.
