CCD | Venezuela no ha generado la información estadística suficiente para ubicar su situación real dentro del Indice Global de Impunidad (IGI). Otros países en la misma situación son Surinam, Santa Lucía, Haití, Ecuador, Dominica, Cuba, Antigua y Barbuda, Guatemala, Granada, Belice, Uruguay y Bolivia. “Estos países tienen solamente seis o menos indicadores de medición, “ por lo que no podemos catalogarlos dentro de la zona de impunidad estadística y problemas estructurales. Sus gobiernos deben hacer un esfuerzo mayor para reportar sus estadísticas a Naciones Unidas”, expresa el Centro de Estudio sobre Impunidad y Justicia (Cesij) de la Universidad de Las América Puebla, de México, responsable de la elaboración de este estudio.
El Cesij encargado de la elaboración de este estudio define la impunidad como “un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados como lo es el homicidio. Para el Centro, la impunidad tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
Agrega que la impunidad debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada uno de los países.
Asimismo destaca que está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con el desarrollo humano, la desigualdad y la corrupción. En este sentido los responsables del Cesij puntualizan que “la riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad”.
El análisis
Para el análisis se contó con la información de los 193 Estados Miembros de la Organización de las naciones Unidas (ONU) y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
En 134 países con membrecía en las Naciones Unidas no hay estadísticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada en materia de seguridad y justicia. A estos países lo incluyen en un subconjunto llamado «impunidad estadística y problemas estructurales». Algunos de estos Estados pueden incorporarse rápidamente al IGI si reportan a Naciones Unidas la información estadística de sus indicadores faltantes.
Los países que cuentan con una combinación adecuada de capacidad estructural de sus instituciones en seguridad y justicia, pero además son respetuosos de los derechos humanos contarán con un índice de impunidad bajo. Estos son Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania, Serbia, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Andorra, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Estonia y Portugal.
Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia.
éxico y once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia) están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia.
Países emergentes como Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica lamentablemente no están reportando de manera sistemática información a las Naciones Unidas en materia de seguridad y justicia por lo que resulta muy difícil compararlos con el resto del mundo. Por lo anterior, se encuentran fuera del índice de medición.
La mayor parte de los países de África, Asia Central y Oceanía tienen un déficit estructural para medir estadísticamente la impunidad porque no reportan su información al sistema de Naciones Unidas en estas materias. La comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad para construir instituciones encargadas de sus estadísticas nacionales para afrontar la medición profesional y objetiva de la Agenda Post 2015 de las Naciones Unidas.
Resultados para América Latina
Los siete países de América Latina y el Caribe, estudiados en el IGI, con el menor índice de impunidad son Costa Rica, Barbados, Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guayana y Chile.
Otros países de la región como Venezuela, Surinam, Santa Lucía, Haití, Ecuador, Dominica, Cuba, Antigua y Barbuda, Guatemala, Granada, Belice, Uruguay y Bolivia no generan la información estadística suficiente para poderlos estudiar dentro del IGI. Estos países tienen solamente seis o menos indicadores de medición por lo que podemos catalogarlos dentro de la zona de impunidad estadística y problemas estructurales. Sus gobiernos deben hacer un esfuerzo mayor para reportar sus estadísticas a Naciones Unidas.
