El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio luz verde a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para ponerle punto y final a doce denuncias y peticiones de enjuiciamiento contra nueve altos funcionarios del Estado que había recibido en los últimos dos años, de acuerdo al reportaje del periodista de El Universal, Juan Francisco Alonso
Entre el 10 y 18 de diciembre pasado, el pleno del máximo juzgado autorizó a la jefa del Ministerio Público a enviar a sus archivos querellas que ciudadanos y dirigentes opositores habían interpuesto contra distintas autoridades, comenzando por el presidente Nicolás Maduro. Los dictámenes apenas comenzaron a ser publicados en la página web del organismo (www.tsj.gob.ve) a partir de febrero.
De la docena de acciones, Ortega Díaz pidió al TSJ que avalara su decisión de desestimar once de ellas, mientras que en una dictó sobreseimiento; es decir que le permitiera desecharla porque tras una investigación consideró que el denunciado no incurrió en delito.
Este último caso fue el que en 2009 interpuso Rafael Guzmán, exprocurador de Miranda y hoy diputado, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y contra tres de quienes fueron sus colaboradores durante su gestión como Gobernador de Miranda (2004-2008), a los que acusó de evadir procesos licitatorios.
Guzmán acusó a Cabello y a sus subalternos de entregar a dedo cinco contratos, por más de 10 millones de bolívares, para adquirir equipos para la Policía regional. Aunque corroboró que no hubo licitación, el Ministerio Público dijo que los señalamientos «no cuentan con asidero jurídico», pues la «adjudicación fue otorgada a una empresa estatal».
Otras dos peticiones más contra Cabello interpuestas por diputados opositores, los cuales lo señalaron de irrespetarlos y de usar edificaciones públicas para la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones municipales de 2013 también fueron cerradas por la Fiscal General con la venía del TSJ. ¿La razón? En el primer caso Ortega Díaz alegó que los denunciantes no presentaron pruebas, mientras que en el segundo dijo que lo señalado no era un delito.
Otros casos
El presidente Maduro y el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, fueron otros de los funcionarios más favorecidos por la decisión de Ortega Díaz y del TSJ, porque dos querellas contra cada uno fueron desestimadas.
Al mandatario ciudadanos y opositores pidieron sentarlo en el banquillo de los acusados por no garantizar el derecho a la protesta en 2014 y por supuestamente no cumplir los requisitos para ocupar la primera magistratura, al presuntamente haber nacido en Colombia, pero ninguna prosperó en el Ministerio Público, pues ese organismo consideró que los accionantes no se presentaron indicios que les dieran sustento.
El argumento de la falta de pruebas por parte de los denunciantes también fue la razón para desechar demandas contra la hoy exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, los ministros de Finanzas y de Vivienda, Marco Torre y Ricardo Molina, respectivamente; y contra los exministros del Interior y Defensa, Miguel Rodríguez Torres y Diego Molero, respectivamente.
Sin embargo, para la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León esto es una simple excusa para proteger a los altos funcionarios. «La tarea de la Fiscalía es conducir las diligencias de investigación para buscar las pruebas para determinar si una persona es culpable o no de un delito, los ciudadanos pueden colaborar en esa labor, pero no tienen la obligación de llevar las pruebas».
Los numerales 3 de los artículos 285 de la Constitución y 16 de su ley establecen que el Ministerio Público es el encargado de «ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal» y de recabar pruebas para «demostrar la perpetración de los actos punibles».
Desde el despacho de Ortega Díaz y desde del TSJ, por su parte, defendieron su actuación y sostuvieron que las denuncias deben tener «un mínimo sustento».
«Al Ministerio Público han presentado denuncias como que tú me caes mal y que te denuncio», aseguró la Fiscal General en enero de 2014, cuando dijo su despacho recibía señalamientos «irresponsables».
