Madrid | La Banca Privada D’ Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de capitales (lavado de dinero), realizados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del principado, y las correspondientes auditorias realizada por las empresas KPMG y Deloitte, por lo cual recibió la respectiva certificación , es decir, avalaron o adecuado elsistema para el control y la prevención de actividades ilícitas.
El Mundo, diario de España, tuvo acceso a los documentos que revelan que BPA se sometió en los últimos años a diversos exámenes externos que avalaron en lo esencial su sistema interno de prevención de blanqueo de capitales.
De acuerdo a la investigación realizada por los periodistas Carlos Segovia y Fernando Lázaro, los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIF), de KPMG y de Deloitte contrastan radicalmente con la decisión del Gobierno andorrano de intervenir la entidad el pasado mes y de los duros informes de los servicios antiblanqueo de Estados Unidos y de España, que consideran que las presuntas malas prácticas de la entidad se remontan a varios años atrás.
El jefe de la UIF -el servicio antiblanqueo andorrano-, Carles Fiñana, emitió en septiembre de 2012 un certificado oficial en el que asegura que «BPA cumple rigurosamente con los preceptos legales contenidos en la Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de capitales o de valores producto de la delincuencia internacional y contra la financiación del terrorismo, de 29 de diciembre de 2010». «Además, puedo confirmar que Banca Privada d’Andorra no ha sido objetivo en los últimos tres años de ninguna acción correctora ni medida sancionadora en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo». El certificado al que ha tenido acceso este diario está en castellano porque fue emitido para que bancos españoles aceptaran trabajar como corresponsales de BPA.
A pesar de este certificado, la fiscalía andorrana logró dos meses después que un juez bloqueara las cuentas de jerarcas venezolanos ligados al régimen de Hugo Chávez en BPA precisamente por presunta violación de las normas antiblanqueo. Un año después, una instancia judicial superior las desbloqueó tras contratar como asesores, entre otros, al ex juez Baltasar Garzón, el ex primer ministro francés, Dominique de Villepin, y, al margen de los dos primeros, al despacho Molins&Silva, que defiende a la Infanta Doña Cristina, como publicó ayer EL MUNDO. El propio Fiñana estaba supuestamente detrás del bloqueo de cuentas porque sospechaba de los movimientos de los chavistas en la entidad desde 2010, según grabaciones policiales del abogado de uno de los venezolanos implicados.
En 2013 BPA continuó cumpliendo, según un informe de 69 páginas elaborado por Deloitte a petición del consejo de administración de BPA. «No se han puesto de manifiesto observaciones significativas que supongan un incumplimiento de los requerimientos establecidos», asegura el documento. No obstante, matizaba que su trabajo «no cubría la totalidad las transacciones realizadas durante los ejercicios 2012 a 2013».
También hacía algunas «recomendaciones» que afectaban a un puñado de operaciones en cuanto la custodia de documentación. Entre ellas, «se ha detectado que en una cuenta de una sociedad española declarada ante la Hacienda española no se custodia copia del documento de identificación del beneficiario último». Por tanto, «se recomienda que BPA extreme el refuerzo del conjunto de sus procedimientos para obtener y custodiar en todo caso la documentación requerida al respecto en sus procedimientos».
En marzo de 2013, otra auditora y consultora líder internacional, KPMG, entregó un informe encargado por el consejo de administración de BPA corroborando que la entidad cumplía con la normativa antiblanqueo en sus procedimientos internos. En un anexo para la UIF señala que KPMG puede «concluir que los procedimientos comentados en el presente informe cumplen con la normativa interna del grupo BPA en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo». Al igual que Deloitte, KPMG agregaba que «no obstante, hay aspectos que se podrían mejorar».
En el mismo informe resalta que el consejo de administración de BPA había aprobado un código ético que era complementario de las normas éticas aprobadas por el INAF, la autoridad supervisora de Andorra del sistema financiero.
Por su parte, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, negó ayer que haya habido precipitación por parte de las autoridades españolas a la hora de intervenir Banco Madrid, cuyo sistema de prevención de blanqueo también fue revisado en el informe de KMPG. El gobernador señaló que «no hubo ninguna precipitación» en la intervención de Banco Madrid y que «se actuó de forma adecuada». «Cada uno es libre de querellarse contra quien quiera», dijo en respuesta a las iniciativas judiciales puestas en marcha por parte de empleados e inversores.
Los trabajadores de Banco Madrid impugnarán por vía administrativa y judicial la intervención de la entidad por parte del Banco de España al entender que hubo una sobreactuación del supervisor y que se intervino con excesiva celeridad.
