Los dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco contraatacan al Fincen y niegan su responsabilidad en las actividades de lavado de dinero de las mafias china, rusa, colombiana y de exfuncionarios y boliburgueses venezolanos detectadas en la entidad.
Se escudan en las auditorias realizadas por KPMG y Deloitte a propia petición y en la supervisión del Banco de España desde el momento en el que adquirieron Banco Madrid, con lo cual – sostienen – aceptaron acatar las normas europeas de antilavado.
Sin embargo, en su defensa nada dicen de las actividades de BPA en Venezuela y Panamá. Los representantes de BPA en ambos países tienen auto de detención emitido por un tribunal de Andorra. Por su parte, Fincen acusa a BPA de ofrecer un tinglado de empresas de maletín panameñas a sus clientes de Venezuela para legitimar capitales.
La defensa del grupo ante Fincen fue contratada al bufete Lewis&Baach, que tiene entre sus clientes a varios venezolanos, entre ellos, los socios de Derwick Associates.
A continuación la nota de El Mundo:
Madrid.- Carlos Segovia
Los dueños de Banca Privada d’Andorra (BPA) han presentado alegaciones en Washington contra la acusación vertida por FinCEN, la unidad de delitos financieros de EEUU, en la que expresan «desacuerdo» con que su actividad sea «el lavado de dinero» y alegan que fue supervisada desde 2011 por el Banco de España y desde 2003 por KPMG y Deloitte. Según un comunicado de prensa emitido por Ramón e Higini Cierco, máximos accionistas de BPA y su filial española Banco Madrid, su despacho de abogados resalta como gesto de transparencia el haber adquirido en 2011 Banco de Madrid y someterse entonces la supervisión del Banco de España, al que consideran una garantía europea de control. «Lejos de pretender evitar el escrutinio de sus operaciones al limitar su negocio en un país pequeño como Andorra -añaden-, fueron el primer banco andorrano en entrar en el mercado español, aceptando voluntariamente los requisitos de reporting, cumplimiento normativo y regulatorio, requeridos de las instituciones financieras que operan en la Unión Europea». La supervisión del Banco de España no era sobre todo BPA, pero sí sobre una parte esencial del grupo como era Banco Madrid, también investigado actualmente por haber cometido presuntas infracciones a la ley anti blanqueo.
Piden a FinCEN que retire su acusación, porque, entre otros factores, ellos mismos «aprobaron desde 2003 la contratación de dos de las principales firmas de auditoría del mundo, como son KPMG y Deloitte, para realizar auditorías anuales de prevención de blanqueo de capitales». Según su escrito, «estas firmas de auditoría realizaron revisiones completas y con acceso a todo tipo de archivos para asegurar el cumplimiento de los sistemas de cumplimiento normativo de BPA con las leyes anti-blanqueo de Andorra. Asimismo, estas firmas auditoras, así como los reguladores del gobierno, aprobaron los sistemas y mecanismos de cumplimiento normativo de BPA».
Deloitte y KPMG en efecto respaldaron en líneas generales los sistemas anti blanqueo de BPA, tal y como publicó EL MUNDO, pero, al tiempo, también hicieron recomendaciones para mejorar deficiencias.
Según los Cierco, «si el FinCEN hubiera entablado un diálogo confidencial con el banco habría podido concluir que presentar este escrito era precipitado y desproporcionado. El Escrito de Acusación se basa en gran medida en acontecimientos sucedidos en el pasado y ya judicializados. Asimismo no identifican riesgos inminentes, pero de haberse detectado algún riesgo lo habrían abordado de inmediato».
«Los hermanos Cierco han recibido con regularidad la confirmación, por parte de auditores externos y reguladores, de que BPA cumplía con las leyes y regulaciones de prevención de blanqueo de capitales», explica Eric Lewis, del despacho Lewis Baach.
A su juicio, «el FinCEN falló en la consulta o en el intento de abordar cualquier cuestión que hubiera identificado y falló en la recopilación de información y evaluación objetiva del negocio legítimo de BPA. Tras haber consultado las fuentes de información disponibles en relación a este negocio y el impacto de las medidas en los cientos de empleados y los miles de depositantes, las conclusiones y las actuaciones deberían haber sido diferentes».
