El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto al Gobierno que solicite a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana Chaos. Velasco hace esta petición, a propuesta de la Fiscalía, tras haber tenido conocimiento a través de una fuente oficial pública española de que De Juana se encuentra en Venezuela, tal y como publicó el diario El Mundo el pasado febrero. A raíz de aquella noticia, la embajada de España en Caracas comprobó in situ la veracidad de la información y remitió sus datos a la Guardia Civil, que envió al juez el informe que ha motivado la solicitud de extradición.
La información de El Mundo señala que en un auto, Velasco recuerda que De Juana está acusado de cooperación necesaria en un delito de justificación pública de actos terroristas propios y ajenos que a su vez humillan e intensifican el dolor de las víctimas en relación con el homenaje que se celebró el 2 de agosto de 2008 en San Sebastián con motivo de su salida de prisión.
Velasco recuerda que De Juana «se situó en una posición de sustracción a la Justicia» al no comparecer cuando fue llamado a declarar por esos hechos, en noviembre de 2008, lo que provocó que se dictara un auto de prisión y orden de busca y captura internacional. Posteriormente se cursó una orden europea de detención a las autoridades británicas, que accedieron a su entrega, si bien no se pudo hacer efectiva al haber abandonado el etarra aquel país.
El auto explica que en este caso se dan las condiciones establecidas en el Tratado de Extradición entre España y Venezuela para reclamar la entrega de De Juana Chaos.
La trayectoria de un saco de problemas
Cuando De Juana Chaos escapó a Irlanda recién salido de prisión, miembros del Gobierno de Zapatero respiraron aliviados porque pensaban que era mejor tenerlo lejos. Si se hubiera quedado y hubiera sido absuelto de la acusación de enaltecimiento del terrorismo recién formulada, hubiese sido insufrible verlo pavoneándose por la calle; y si hubiese sido condenado, también hubiese resultado inaguantable con otra de sus huelgas de hambre. Todo ha cambiado bastante desde entonces pero, según el criterio de muchos expertos, como el etarra sigue siendo imprevisible, su decisión de cobijarse en un país caracterizado por proteger a los miembros de ETA resuelve algunos inconvenientes. Lo cierto es que este terrorista siempre ha sido un saco de problemas, incluso para los suyos. Estaban en plenos contactos el Gobierno y la banda cuando De Juana acabó de cumplir condena: sus 3.129 años de prisión por 25 asesinatos habían quedado, por ley, reducidos a 18. El más brutal de sus atentados probablemente fue el perpetrado contra un autobús con 54 agentes de prácticas en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Doce de ellos murieron. El juez Grande-Marlaska retrasó su salida al acusarle de amenazas por unas cartas que remitió desde prisión y el terrorista se puso en huelga de hambre. Ni los abertzales ni ETA tenían interés en un tipo que desafiaba por libre, pero lo utilizaron para chantajear al Gobierno. «Es lamentable que desde septiembre no se haya resuelto la excarcelación de De Juana», reprochó, en diciembre de 2006, uno de los enviados etarras a Gómez Benítez, el representante del Ejecutivo. La condena a 12 años por las amenazas, que finalmente el Tribunal Supremo dejó en cuatro, le hizo retomar la huelga de hambre. La bomba de la T-4 no impidió que se le concediese la prisión atenuada en el Hospital Donostia, de donde salía a pasear con su novia. Sólo cuando acabaron los contactos y ETA anunció el fin de la tregua, regresó a prisión. En 2008 salió en libertad pero la Audiencia le requirió por presunto enaltecimiento basado en una carta que habría enviado a su propio homenaje y huyó. Tiene pendiente ese juicio y adeuda ocho millones de euros a sus víctimas.
