Más allá del consabido lastre a su popularidad, los escándalos de corrupción que han tocado sus gobiernos tienen hoy tambaleando a tres mandatarios latinoamericanos quienes si bien insisten en que no renunciarán, su futuro es bastante incierto.
El articulo de El Nuevo Siglo se refiere a kis casos de Dilma Rousseff, Otto Pérez y José Orlando Hernández, presidentes de Brasil, Guatemala y Honduras, respectivamente, enfrenta una inédita ola de “indignación” ciudadana por gigantescos escándalos de fraudes en empresas estatales y aunque los extensos brazos de la corrupción no los han tocado directamente, están en mora de hacerlo.
Tan gigante como su territorio es el caso de Brasil. Agonizando el primer mandato de Dilma Rousseff y tan sólo dos meses antes de que el otrora poderoso Partido de los Trabajadores promoviera su reelección (como en efecto ocurrió a finales del año anterior), la policía develó la operación Lava Jato contra una compleja red de lavado de dinero y evasión de divisas. Esta fue la punta del ovillo que develó la mega-trama de corrupción en la estatal Petrobras, bautizada como “Petrolao”. Por ello hoy están las rejas a varios exministros tanto de Rousseff como de su mentor, Luis Inácio Lula da Silva así como los más altos dirigentes del PT. Amén de ello, se cierne la amenaza de una investigación judicial sobre la Presidenta y su antecesor.
Sorprendida e inocente se ha declarado insistentemente Rousseff. Su discurso de cero tolerancia a la corrupción no ha logrado frenar la caída en picada de su popularidad, agravada por una caótica situación económica marcada por alta inflación, creciente desempleo y pírrico crecimiento del PIB (0,1% en 2014).
En lo que va de esta semana, la mandataria brasileña ha tenido que enfrentar dos golpes: la declaración del condenado cambista Alberto Yousseff en el sentido de que tanto ella como su antecesor, Lula da Silva, conocían sobre las irregularidades en Petrobras y que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil estudia la posibilidad de reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Rousseff.
El martes, Yousseff, quien cumple una condena de 20 años, volvió a declarar e insistió en que la red de corrupción en Petrobras se «consolidó» durante el Gobierno de Lula (2003-2011), cuando Rousseff fue primero ministra de Minas y Energía y luego de la Presidencia, cargos por los que, además, integró y luego presidió el consejo directivo de la petrolera.
Tanto Lula como Rousseff han negado, repetidamente, haber tenido algún indicio de lo que ocurría en Petrobras, pese a que en el caso están implicados otros importantes dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), como el ex ministro José Dirceu y el ex tesorero del partido Joao Vaccari, ambos en prisión.
Y, ayer se conoció que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil podría reabrir una investigación sobre la campaña de Rousseff, que tiene el potencial para anular su mandato, por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras.
Cuatro de los siete ministros ya votaron a favor de continuar con este proceso iniciado por el partido opositor PSDB (centro), pero un juez pidió un receso para reevaluar el proceso, que había sido archivado en febrero debido a que las pruebas aportadas eran «frágiles».
Sin embargo, como el PSDB apeló ese archivamiento, ahora la demanda podría ser reabierta cuando el tribunal se reúna nuevamente para tratar el caso, un plenario que aún no tiene una fecha definida.
Una asesora del TSE dijo que, cuando eso ocurra, los ministros que ya votaron pueden modificar esos dictámenes si así lo consideran.
La demanda es una de las cinco presentadas por el PSDB, derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas ligadas al escándalo de Petrobras.
El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo «manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y vehiculización de publicidad institucional en época de veda».
Rousseff enfrenta varios cuestionamientos que tienen el potencial para interrumpir prematuramente su segundo mandato, iniciado apenas en enero.
Como si ello fuera poco también enfrenta más de diez pedidos de juicio político en el Congreso. Así las cosas, sus problemas se incrementan al ritmo del deterioro de la economía y con cada nueva revelación judicial del escándalo que involucró a empresarios, directivos de Petrobras y partidos políticos, entre ellos al oficialista.
Guatemala: de mal en peor
Una situación política muy similar es la que se registra en Guatemala por la millonaria defraudación aduanera denominada “La Línea” y que desde ayer mantiene en prisión preventiva a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, señalada de ser uno de los cerebros de esa organización criminal, y en el “corredor” de un juicio al presidente Otto Pérez.
Horas después de que la Corte Suprema decidiera dar trámite a un pedido de antejuicio elevado por la Fiscalía contra el mandatario, acusado de ser parte de la red de corrupción aduanera, éste reiteró cumplirá su período y ratificó ser inocente de los cargos que se le imputan.
Este escándalo sin precedentes en la historia reciente de Guatemala fue develado el pasado abril con el hallazgo de una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros y que, según los implicados era dirigida por la hasta hace poco vicepresidenta Baldetti.
La situación de la exvice se agravó esta semana cuando la justicia decidió procesarla y así enfrenta cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Las evidencias en su contra son grabaciones telefónicas, documentos y copia de varios cheques que recibió como supuestos pagos de sobornos.
Entre tanto el gobierno del presidente Pérez parece un barco a la deriva, no sólo por la desbandada de su equipo de gobierno, sino por la creciente indignación ciudadana que día tras día, y desde hace una semana, pide en las calles su renuncia inmediata.
Organizaciones campesinas e indígenas apelaron al cierre de vías para exigir la dimisión del Jefe de Estado, mientras que maestros y estudiantes marcharon ayer por las principales calles de la capital con el mismo fin.
Las voces que exigen la renuncia de Pérez se multiplican y abarcan a la variopinta sociedad guatemalteca. A las anteriores se sumaron las de la poderosa cúpula empresarial y lo harán, hoy las centrales obreras que convocaron a un paro nacional.
Y, aunque sin margen de gobernabilidad, Pérez reitera que cumplirá con el mandato que el pueblo le dio, ese mismo que hoy le pide dejar el poder.
Honduras, en la misma vía
Su vecino centroamericano Honduras enfrenta también una ola de indignación nacional. Y la razón es la misma, señalamientos de corrupción al presidente Juan Orlando Hernández, funcionarios y empresarios.
Bajo el rótulo de “Oposición Indignada” ayer miles de personas volvieron a realizar bloqueos de carreteras y calles. Con pancartas de «Fuera JOH (Juan Orlando Hernández)», los manifestantes claman por transparencia y para ello también exigen la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad de Honduras (CICIH) de Naciones Unidas.
Los Indignados iniciaron marchas en mayo luego que la fiscalía detectó que cerca de 330 millones de dólares fueron saqueados del Seguro Social en cinco años y el presidente admitió haber sabido después que unos 94.000 dólares ingresaron a la campaña política que lo llevó al poder.
