Sobre la base de los reportes oficiales del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, determinó que fueron arbitrarias 90, 8% de las detenciones realizadas a través de las razzias policiales-militares denominadas Operación de Liberación del Pueblo.
La información de Edgar López pubicada en El Nacional especifica que la ONG publicó un informe a través del cual analiza los resultados de los 23 operativos ejecutados por 5.789 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana y policías estadales y municipales, entre el 13 de de julio y el 11 de agosto de 2015.
“Un total de 4.021 ciudadanos han sido detenidos en los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas y Lara durante el primer mes de ejecución de la OLP. Del total, solo 368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles. De acuerdo con estas cifras, 90,8% de las detenciones practicadas en el marco de la OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos”, se precisa en el documento.
Provea destacó que la pertinencia de las políticas en materia de seguridad ciudadana no es cuantificable desde el punto de vista de su popularidad: “A pesar de las afirmaciones hechas por altos funcionarios del Estado y agencias encuestadoras sobre la popularidad de la OLP, insistimos en que este plan supone graves riesgos para los derechos humanos y constituye un retroceso respecto a los avances alcanzados durante el proceso de reforma policial impulsado por el fallecido presidente Chávez y encabezado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol)”.
¿Ejecuciones extrajudiciales? La OLP tiene un saldo de 52 personas fallecidas. Las versiones oficiales indican que las muertes fueron por “enfrentamientos” o “resistencia a la autoridad”, pero llama la atención de Provea que la información oficial no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido. Ello sumado a las denuncias de familiares de algunos de los muertos, que indican que recibieron disparos a quemarropa, fundamenta la exigencia de la ONG a efectos de que el Ministerio Público abra y desarrolle investigaciones efectivas, que permitan verificar a descartar si hubo ejecuciones extrajudiciales. Hasta el presente, el Ministerio Público no ha informado si ha procedido en ese sentido.
En el informe se recuerda que uno de los estudios realizados por la Conarepol indica que “un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales y civiles, es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no existan dentro de los funcionarios”.
La Cifra
3.463 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de la OLP. Y 200 ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y demolida
