El Gobierno de Andorra ha pagado 25 millones de euros por el análisis de las cuentas de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que se encuentra intervenida por el ejecutivo del país pirenaico y cuyos clientes están sometidosa un corralito que les limita sacar efectivo.
Informa El Confidencial que esta cantidad supone que PwC les ha facturado a las autoridades del país unas 100.000 horas por revisar las 23.000 cuentas del banco, por el proceso denominado KYC (Know Your Client/Costumer, su nombre en inglés), según explican fuentes financieras andorrana conocedoras del proceso de intervención del banco.
Pese a la enorme cantidad desembolsada, el Gobierno andorrano ni ha hecho público el coste ni los resultados de este trabajo de exhaustivo análisis bancario, de manera que en este momento tampoco se conoce ni el resultado ni la cuantía de las cuentas afectadas por operar con clientes sospechosos de actividad criminal. Lo único que ha trascendido es que la cantidad de depósitos problemáticos es relativamente baja.
Por ello, el grueso del balance se podrá traspasar a Vall Banc, el banco bueno al que PwC también está ayudando a redactar el libro de venta para colocarlo en los mercados internacionales. Fuentes de PwC han declinado hacer declaraciones.El banco bueno andorrano asumirá el balance de BPA, tanto las cuentas sanas, la mayor parte, como un pequeño porcentaje de cuentas dudosas de las que todavía no se conoce con absoluta seguridad la verdadera titularidad. Estas últimas pasarán al banco bueno sólo de manera provisional.
Un trabajo caro
Una de las razones del secretismo en el precio es que es muy caro, sobre todo en comparación con el peso específico de Andorra. En un país donde el equivalente al Banco de España, el regulador financiero, Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), tiene de presupuesto de poco más de 8 millones anuales, el precio del análisis de BPA parece muy elevado.
Andorra es tan pequeño que un precio así supone más del 6% del Presupuesto del Principado, algo inusitado en un entorno político alérgico a cualquier exceso de gasto público.
También lo es en comparación con el sector. Este tipo de auditoría, denominada, AML (AntiMoney Laundry), en el Banco Santander costó 31 millones de euros, según consta en la auditoría del banco. Pero se trata de un banco mucho mayor, más de 1,2 billones de activos contra los 1.000 millones de tamaño de balance de los andorranos.
Fuentes cercanas al Gobierno andorrano justifican el gasto por la situación de riesgo para el conjunto del sistema de todo el país. Una vez que el Gobierno de Estados Unidos no te deja operar en dólares, tal y como le pasó a BPA, el banco peligraba y amenazaba con arrastrar al resto del sector financiero. La crisis de BPA está impactando negativamente en el resto de los bancosandorranos.
Fincen, cuestionado
Mientras, se ha tramitado una demanda De los accionistas de BPA, los hermanos Cierco, contra el organismo de Estados Unidos que denunció las malas prácticas del banco. En la demanda se pide que se detenga el proceso de resolución, lo que en la práctica querría decir permitirle volver a operar en dólares. Recientemente un banco de Tanzania, en una situación similar a BPA, consiguió una sentencia favorable para que se suspendiesen las medidas sancionadoras contra esa entidad.