San Cristóbal, Venezuela | En una disscreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y listas para pasar de contrabando al otro lado. Hoy es arroz pero mañana será salsa de tomate, leche, pasta de dientes o máquinas de afeitar.
El jefe de esta operación, un contrabandista que luce barba de tres días, ropa deportiva y trabaja para un sujeto que apoda el “Carteludo”. Ambos coordinan el transporte de las toneladas del grano y de otros productos sin despegarse de un celular al que no dejan de llegar mensajes de texto que confirman que otro cargamento viene en camino de Caracas.
“Mover un camión de leche deja más dinero que la cocaína”, dice el contrabandista, que prefiere no dar su nombre por miedo a ser identificado y detenido. Se inició en este negocio transportando gasolina de un lado a otro y hoy maneja una red de unas 150 personas dedicadas al tráfico ilegal de alimentos.
Mientras los venezolanos hacen largas filas frente a los supermercados para conseguir productos de primera necesidad, los contrabandistas están en auge por la diferencia de precios entre los dos países. Un kilo de arroz cuesta en Venezuela 26 bolívares, US$ 10 centavos. Pero en Colombia vale 15 veces más. Un dentífrico cuesta hasta 27 veces más.
La gasolina también es un gran negocio. Un galón (cuatro litros) de combustible no cuesta ni un centavo en Venezuela donde su precio es subsidiado, en comparación con los tres dólares de Colombia. El gobierno calcula que las pérdidas por el tráfico ilegal de combustible oscilan entre 50.000 y 100.000 barriles al día, lo que supone unos US$ 3.000 millones al año, 1,5% del PBI venezolano. “Es el problema de vivir en el país más barato del mundo”, dijo a AP el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. “Un 30% de los alimentos del país salen ilegalmente”.
Hugo Chávez impuso hace 10 años una política de control de precios. Pero una economía petróleo dependiente como la venezolana, víctima de mala gestión y azotada por la caída del precio del crudo, sufre escasez de divisas para importar productos básicos. Así con la depreciación del bolívar frente al dólar, revender productos básicos al otro lado de la frontera devino en un negocio irresistible.
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el desabastecimiento a una “guerra económica” impulsada por EE.UU. y las élites del país, de la que, dice, el contrabando forma parte. Para ello ha desplazado más soldados a la porosa frontera con Colombia de 2.200 km; ordenó cerrar la aduana por la noche y aumentar las penas para los contrabandistas. También comenzó a instalar 20.000 “capta-huellas” para racionar los productos que una persona puede adquirir.
En los últimos siete meses, el gobierno ha decomisado 12.000 toneladas de productos de contrabando, desde fertilizantes a comida para animales o mayonesa. Según el general Efraín Velasco, responsable militar en la frontera, “lo decomisado es suficiente para alimentar durante 15 días a los 1.700.000 habitantes de Táchira”.
Pero el contrabando vive su mejor momento porque detrás hay una enorme red de corrupción que involucra a las mal pagadas fuerzas de seguridad de Venezuela. Una cadena que empieza en Caracas y termina en la aduana de San Antonio del Táchira, en la frontera, a 20 horas en camión. Un entramado en el que están implicadas todas las fuerzas que vigilan las carreteras: la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el departamento de inteligencia SEBIN y miembros del ejército, que reciben en cada puesto de control de la carretera sobornos que varían entre 10 y 40 dólares por carga, cantidades nada despreciables en Venezuela.
La ley ha hecho del transporte de alimentos una operación tan vigilada como mover el tesoro nacional. Pero los contrabandistas superan los controles falsificando la documentación. Una empresa fantasma compra la mercancía en Caracas, Valencia o Maracay. En la guía, el documento imprescindible para circular con alimentos, dice que el destino final es San Cristóbal. Pero los contrabandistas alteran esos papeles subestimando la cantidad transportada, o cambiando el destino o el origen del embarque.
Delante del camión de carga viaja otro vehículo conocido como “la mosca”, la persona encargada de pagar los sobornos y abrir las puertas en los 20 puestos de control establecidos en la capital y la frontera. Un mensaje de texto confirma que todo sigue su rumbo y el contrabandista anota cada pago en un sencillo cuaderno de espirales, según pudo ver la AP.
Durante el viaje de unos 650 kilómetros, se paga unos 80.000 bolívares o alrededor de US$ 300: 2.000 bolívares a la Guardia Nacional en Barinas, donde nació Chávez, 7.000 en Capitanejo, 10.000 al entrar al estado del Táchira. Son más de 20 pagos.
El mensaje de texto que pudo ver la AP confirma que viene en camino un nuevo cargamento y que todos los “peajes” ya “están cuadrados”, en alusión a las coimas y que la Ford 8-15 con la carga llegará sin problemas a San Cristóbal.
El soborno más costoso se paga en San Antonio, la última ciudad en territorio venezolano, donde paramilitares controlan el paso y los riesgos son más altos. La zona es una de las más peligrosas de América Latina, donde conviven narcos, guerrilleros y bandas criminales.
De las 653 personas arrestadas en Táchira en los últimos siete meses, 614 son civiles y 39 son militares. Esto último es “inédito” porque “antes no se detenía a ninguno”, explica el general Velasco.
Unas cuadras antes de la aduana de San Antonio, los contrabandistas se desvían y toman un camino de baches y piedras dominado por grupos paramilitares. A diferencia de los cruces fronterizos más concurridos, donde las autoridades toleran que los lugareños pobres oculten productos en sus motocicletas, el control de los paramilitares en esta tierra de nadie es ideal para estos contrabandistas.
En sólo 15 minutos, después de atravesar el río Táchira, toda la mercancía llegará a “La Parada”, un polvoriento barrio a las afueras de Cúcuta, sexta ciudad más grande de Colombia. Se trata de un montón de calles donde miles de personas compran y venden de todo. Negocios millonarios se cierran en camiseta de tirantes sobre una mesa de plástico. Comerciantes de todo el país llega para adquirir papel higiénico, jabón o los preservativos que escasean en Venezuela pero que luego se venderán en Colombia. La travesía por tierra que empezó en Venezuela termina a pocos metros de aquí, junto a la tienda de un hombre con un ojo de cristal, conocido como “El Pescado”, uno de los mayores compradores de la zona.
Vestido con una camiseta del Barcelona, otro contrabandista, de 26 años, explica que hace dos años trabajó para “El Pescado”. Unas veces llevaba perfumería, otras comestibles y otras grandes montañas de dinero. Hace dos años introdujo un camión de leche pero después de tantos días el producto se descompuso. “Fuimos a un galpón en Cúcuta y la vaciamos. Yo me encargué de quitar los bichos con una pala y la re-empacamos de nuevo para vender en Colombia’’, recuerda entre risas.
“Antes esta era la frontera que más droga decomisaba de América y ahora no incautamos nada. ¿Por qué? Porque se han pasado al contrabando de alimentos’’, explica el gobernador del Táchira, Vielma Mora. Mientras tanto, el contrabandista mira nervioso la cascada de mensajes de texto que siguen entrando en su teléfono. Según el general Velasco, el contrabando ha cambiado el rostro de San Cristóbal y ya nadie quiere trabajar porque prefiere dedicarse al tráfico de alimentos. Pero los mismos contrabandistas en Táriba, San Antonio o el barrio de El Carmen, de San Cristóbal, donde llegan y salen los camiones, dicen que nunca habían trabajado tanto.
