Madrid | El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 20.000 euros al sindicato de funcionarios Manos Limpias para que pueda ejercer la acusación popular en la causa en la que se investiga a la antigua cúpula del Banco de Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 admite a trámite una querella interpuesta por este colectivo contra los antiguos responsable de la entidad y le obliga a actuar en el procedimiento con la misma representación letrada que las sociedades Marien Instruments y Liuniaski, que presentaron la primera querella contra los directivos.
El juez argumenta que la actuación de cada querellante con su propia representación y asistencia letrada «provocaría, sin duda, unas inútiles reiteraciones, así como una artificial complejidad en la tramitación derivada de la pluralidad de partes que supondría un sacrificio injustificado en el derecho a una rápida respuesta judicial».
Andreu admitió a trámite abril pasado una querella presentada por las mercantiles Marine Instruments y Liunaski contra siete antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Madrid, entre los que se encuentran su expresidente José Pérez Fernández .
A todos ellos los querellantes les atribuyen un delito de blanqueo de capitales y señalan que las actividades del Banco de Madrid, filial del Banco Privado de Andora (BPA) podrían haber causado «numerosos» perjuicios no sólo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.
Blanqueo de capitales
Los directivos, según la querella, «pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados, no solo representándose y asumiendo la posibilidad de que fuera utilizada para mover u ocultar fondos de origen delictivo, sino incluso ofreciendo la entidad para dichos
Además de Pérez Fernández, el resto de querellados son el ex consejero delegado de la entidad Joan Pau Miquel Prats; los antiguos vocales Higini Cierco Noguer y Ramón Cierco Noguer; Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el entonces secretario Rodrigo Achirica Ortega.
El Consejo de Administración del Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España el pasado 10 de marzo tras la intervención de su matriz andorrana BPA, controlada por la familia Cierco, dimitió en bloque un día después tras la celebración de una reunión extraordinaria.
No es una querella «absurda ni irracional»
El valor de los fondos invertidos por Marine Instruments en el fondo de inversión Banco de Madrid Renta Fija F1 ascendía a 683.458,56 euros, mientras que las aportaciones de Liuniaski, socio mayoritario de la primera, se elevaron hasta los 2,54 millones de euros. Ambas se querellaron en la Audiencia Nacional contra la entidad y su equipo gestor, al considerar que su actividad pudo afectar a una generalidad de personas y tuvo una repercusión «grave» en el tráfico mercantil o la economía nacional.
El escrito de estos clientes de Banco Madrid relata los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir la entidad bancaria, a raíz de la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de EEUU, respecto a su matriz, la Banca Privada de Andorra, al considerarla una institución financiera «sometida a primer orden de preocupación en materia de blanqueo de capitales».
EUROPA PRESS
