Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que reclaman la “retirada” de la nota emitida el pasado 6 de marzo que acusaba al banco andorrano de favorecer el blanqueo de capitales de actividades relacionadas con el crimen organizado.
De acuerdo a la información de El País, la defensa, encabezada por el letrado Eric Lewis, se basa en una reciente sentencia del 27 de agosto de un juez de Columbia que anula una nota similar sobre la entidad tanzana FBME Bank al considerar que el FinCen no fundamentaba suficientemente las acusaciones y las medidas adoptadas. Fuentes cercanas a la familia Cierco no descartan que, en caso de que la petición sea desatendida, los accionistas también lleven al juez la nota del Tesoro.
En la carta, dirigida a la directora del FinCen Jennifer Shashy, los Cierco consideran que los motivos que llevaron a la unidad antifraude a señalar a la entidad de Tanzania, que opera sobre todo en Chipre, eran más “graves” para la “seguridad nacional” que los que se atribuyen a BPA.
Sobre FBME Bank pesaban las acusaciones de operar con Hezbolá y con grupos sirianos que supuestamente estaban involucrados con armas de destrucción masiva. En el caso de BPA, el FinCen denunciaba haber favorecido el blanqueo de capitales de las mafias rusa y china en España, de fondos procedentes de Venezuela y del cártel mexicano de Sinaloa. Ante el bloqueo internacional de la entidad, las autoridades andorranas intervinieron el banco e impusieron un control de capitales.
El abogado sostiene que los accionistas mayoritarios habían proporcionado toda la información de esos casos y que las autoridades financieras del país pirenaico así lo habían certificado, por lo que atribuyen la nota a que Andorra no informó debidamente de esa circunstancia y a que el país no había emprendido suficientes reformas legislativas en materia bancaria. De este modo, los Cierco consideran que Andorra trató de “desviar la atención” con la intervención y recuerdan que ahora las autoridades financieras de ese país han creado un “banco puente” para luego venderlo a pesar de que ahora tiene un valor negativo. Por ello, los accionistas demandan al FinCen que dé los “pasos necesarios” para poder reconducir la situación antes de que la entidad sea privatizada, lo cual hará que el proceso sea ya “irreversible”. El abogado añade en la carta que la operación que llevará a la venta del banco se ha llevado a cabo “sin transparencia” y denuncia que supondrá “pérdidas para miles de inocentes depositores” y la pérdida de “cientos” de puestos de trabajo.
Los Cierco también recuerdan a las autoridades estadounidenses que el supervisor andorrano ha encargado a la consultora PricewaterhouseCoopers una auditoría para que identifique los activos ilícitos que, tras 100.000 horas de trabajo, no ha dado con productos afectados por el blanqueo de capitales.
BPA dice que avisó casos de riesgo un año antes de la actuación de FinCEN
Los principales accionistas de BPA han asegurado que un año antes de que la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), oficina del Tesoro de EEUU, acusa a BPA de lavar dinero, el banco había informado al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) de los casos de riesgo, informó la agencia EFE.
El pasado mes de marzo, el Departamento del Tesoro de EEUU acusó a Banca Privada de Andorra (BPA) de estar involucrada en el «lavado de dinero internacional» y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, lo que provocó que el INAF interviniera el banco andorrano.
Los principales accionistas de la banca andorrana, los hermanos Higini y Ramón Cierco, han desvelado hoy que, un año antes de la intervención del FinCEN, BPA había advertido al INAF «de todos los procesos judiciales que, potencialmente, podían contribuir a afectar la reputación del sistema financiero del Principado».
Aseguran ahora que, «ni el INAF, ni ninguna otra autoridad administrativa andorrana informó de este hecho a la agencia dependiente del departamento del Tesoro americano».
Añaden que tampoco se explicó al organismo encargado de luchar contra el lavado de dinero en Estados Unidos «que BPA había mostrado su plena disposición a facilitar tantos detalles como considerase el regulador andorrano o a cooperar con las autoridades para minimizar el riesgo».
En concreto, afirman que el citado documento de advertencia fue enviado el «24 de marzo de 2014», mientras que la advertencia del FinCEN sobre BPA se hizo pública el 10 de marzo de 2015, según han podido determinar los asesores legales de los accionistas mayoritarios de BPA en Estados Unidos.
Ante esta situación, han enviado «una carta de demanda administrativa» al FinCEN con toda la documentación recabada en la que los accionistas mayoritarios de BPA «reclaman a la agencia americana que retire la comunicación (‘notice of finding’) que publicó el pasado 10 de marzo».
Los hermanos Ramón e Higini Cierco piden poder acceder a toda la documentación que, eventualmente, avale las acusaciones que fueron formuladas en su día contra el banco y así, si corresponde, poder rebatirlas».
Los asesores legales de los hermanos Cierco piden al FinCEN que solicite a las autoridades andorranas que detengan el proceso de resolución porque consideran que «la transferencia de activos hacia el banco puente que se debería hacer en las próximas semanas puede hacer irreversible el proceso y tener consecuencias devastadoras».
Además, piden al FinCEN llegar a una solución pactada a partir de la retirada de la comunicación y, en caso de que la agencia no responda en breve, «la única alternativa posible que quedaría sería demandar al FinCEN».
En este sentido, argumentan que, el pasado 27 de agosto, un juez del distrito de Columbia dejó sin efecto unas medidas adoptadas por FinCEM contra un banco de Tanzania (FBME Bank) que había sido considerado como «una entidad de primer orden en materia de lavado de dinero».
El juez señaló «la falta de transparencia con la que operó el FinCEM y el hecho de que, amparándose en la Patriot Act, el organismo americano nunca facilitó concreciones y la documentación necesaria sobre la cual basaba sus acusaciones contra el FBME, con lo que vulneraba su derecho a la defensa y lo dejaba en indefensión pero, por contra, le aplicaba severas penalizaciones».
Los asesores legales de los hermanos Cierco en Estados Unidos consideran que, «ni de lejos», las acusaciones formuladas contra el banco andorrano son tan graves como las dirigidas contra FBME y, en cambio, «se aplicó el mismo procedimiento».
