El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante La Batllia, el Consejo Superior de Justicia de Andorra. Entre ellos, conocidos directivos y gestores de banca privada por el presunto delito de blanqueo de capitales de manera continuada y organizada.
La mayoría de los acusados están relacionados con las llamadas «compensaciones», una práctica que tendría como último objetivo el blanqueo de dinero que podría provenir de organizaciones delictivas.
Como se recordará, el escándalo del BPA estalló en marzo pasado cuando el Departamento de Tesoro de EEUU a través de la unidad de inteligencia financiera (Fincen) acusó a la tercera entidad mas importante de Andorra de ser «un peligro de lavado de dinero para la comunidad financiera internacional». La denuncia del Fincen hizo especial énfasis en las millonarias cuentas de ex funcionarios y contratistas del gobierno de Venezuela. Entre ellos: Diego Salazar Carreño – primo hermano de Rafael Ramírez ex presidente de Pdvsa – operador de los seguros de la petrolera durante mas de diez años; Javier Alvarado, ex director de Bariven, de la Electricidad de Caracas y ex viceministro de Desarrollo Eléctrico; Nervis Villalobos, Viceministerio de Energía Eléctrica; Omar Farías, empresario venezolano residenciado en España con contratos públicos millonarios relacionados con los seguros de Pdvsa junto con Diego Salazar y el actual mayor operador de seguros de ministerios y gobernaciones; Carlos Aguilera, secretario privado de Hugo Chávez y exdirector de la Disip, policía política del régimen (ahora Sebin), Alcides Daniel Rondón, ex ministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y Francisco J. Jiménez, ex director de Deltaven.
