Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia de prevención de lavado de dinero (FinCEN) en el Tribunal de Distrito de Columbia, informó la agencia de noticias EFE.
BPA fue intervenida el pasado mes de marzo por el Gobierno andorrano después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a la entidad de blanquear capitales procedentes del crimen organizado.
Esta demanda judicial es la respuesta de los hermanos Cierco a la nota emitida por el FinCEN, que calificó a BPA como «una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales», lo que supuso la expulsión de la entidad del sector bancario estadounidense.
Esta advertencia propició además una acción coordinada entre reguladores españoles, andorranos y panameños «para cerrar el banco sin comunicación ni previo aviso», vulnerando así el derecho a la defensa de la familia, según sostienen los Cierco, que consideran esta medida «injustificada, inconstitucional e injusta».
Los accionistas de referencia de BPA reclaman ahora a la justicia americana una orden que deje sin efecto la nota emitida por el FinCEN.
En su demanda, los Cierco argumentan que el FinCEN carecía de fundamentos para actuar contra BPA y que su actuación «fue el resultado de la frustración acumulada» que tenía este organismo con el Gobierno de Andorra «por su contumaz falta de respuesta respecto a los cambios sistemáticos a realizar en sus reglas antiblanqueo».
«Un alto funcionario de la embajada de EEUU en Madrid admitió que el FinCEN sacó el martillo con relación a BPA por su desesperación frente a la falta de cooperación de Andorra», señalan los Cierco en su escrito judicial.
Critican asimismo que la decisión del FinCEN «destruyó el banco y su filial española», valorados en más de 500 millones de euros, y causó la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
Y eso, señalan los hermanos, pese a que los incidentes relacionados con el blanqueo de capitales que citó el FinCEN como pretexto para cerrar el banco ya habían sido notificados por BPA a las autoridades andorranas un año antes de la nota del organismo estadounidense.
Higini y Ramon Cierco quieren que el Tribunal de Columbia dictamine que la nota del FinCEN es ilegal y la revoque, lo que les abriría la puerta a recuperar el control de los activos restantes del banco «para buscar una solución justa y transparente a largo plazo».
El coordinador de la estrategia legal de la familia Cierco, el abogado estadounidense Eric Lewis, ha subrayado que esta demanda «tiene el objetivo de remediar las deficiencias de un proceso injusto y falto de transparencia» y demostrar que el FinCEN ha actuado «de una manera completamente injustificable».
Tras su intervención por presunto blanqueo de capitales, la tutela de BPA la asumió la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), organismo similar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español, que el pasado mes de julio creó Vall Banc, el ‘banco bueno’ que aglutina los activos y pasivos legítimos de la entidad.
EFE
