Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, temen que el informe de auditoría que elabora PwC esté «condicionado por presiones o injerencias políticas».
Según finanzas.com , Los Cierco temen incluso que la auditora no acabe redactando este informe y que sea el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el organismo supervisor andorrano, el que lo haga, según denuncian en un comunicado.
Ante esta situación, la familia Cierco ha enviado una carta a los máximos responsables de PwC en Barcelona y Londres para pedirles que elaboren un informe de auditoría «íntegro e independiente» y para solicitar el acceso a dicho documento antes de su publicación.
En la carta remitida a PwC, los hermanos Cierco lamentan la «falta de transparencia» con la que, en su opinión, se está llevando a cabo el proceso de auditoría de BPA, así como el elevado coste que supondrá el informe de la firma internacional, que lleva más de medio año trabajando en este caso.
Higini y Ramon Cierco exigen además a PwC que indique «de una manera clara y directa» si han aparecido evidencias de que en BPA había institucionalizado un sistema de lavado de dinero, más allá de los casos que ya estaban bajo control de la justicia, «en la mayoría de ocasiones a raíz de denuncias de la propia entidad bancaria».
Para el coordinador de la estrategia legal de la familia Cierco, el abogado estadounidense Eric Lewis, «todo este asunto es de una gran incompetencia burocrática, falta de transparencia y encubrimiento».
Asegura, en este sentido, que los Cierco están decididos «a limpiar su buen nombre por el honor de los empleados, socios accionistas, clientes y la reputación familia», y que «es hora de empezar a rendir cuentas».
Asimismo, los principales accionistas de BPA exigen «el derecho a tener la oportunidad de examinar el informe de auditoría y la información subyacente que lo acompañe antes de su publicación».
BPA fue intervenida el pasado mes de marzo por el Gobierno andorrano después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la entidad de blanquear capitales del crimen organizado. Poco después también fueron intervenidas sus filiales en España -Banco Madrid- y Panamá.
Tras la intervención, la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el organismo que asumió la tutela de BPA, creó el pasado julio Vall Banc, el ‘banco bueno’ que aglutina los activos y pasivos legítimos de la entidad.
