La inseguridad sigue apareciendo entre los dos problemas más sentidos para el ciudadano en los estudios de opinión más importantes del país. Sin embargo, al ahondar sobre el efecto de la «delincuencia organizada» en su situación de inseguridad, solo 17% de la población lo ubica como un elemento que potencia las otras variables. Esto quiere decir que el ciudadano no vincula claramente su situación de inseguridad y la violencia con la presencia del crimen o delito organizado en el país.
El reportaje del periodista Francisco Olivares, publicado en El Universal, refiere que tal apreciación está contenida en el estudio «Cómo afecta la delincuencia organizada al ciudadano» coordinado por el especialista en esa materia, Marcos Tarre Briceño, presentado recientemente, en el que participaron diversos especialistas e instituciones dedicadas al estudio de la inseguridad.
Sostiene el estudio que la ausencia de esa correlación que desconoce el ciudadano ha sido un factor determinante en el desarrollo del crimen organizado. Un ejemplo de ello que ocurre igualmente en algunos países del continente es el de la corrupción, que mucha gente lo considera como «una viveza», no genera un rechazo social y no se asocia como un importante facilitador del crimen organizado, que es a la vez un multiplicador de la violencia.
En Venezuela, que figura como uno de los países con la mayor tasa de homicidios en el mundo (Global Study on Homicide 2013, UNODC) entre 34% y 55% de los homicidios ocurridos durante el año 2012 están relacionados con la delincuencia organizada.
El estudio coordinado por Tarre Briceño indica que a partir de 1999 con los cambios políticos que se generaron aparecieron nuevas modalidades del delito organizado, a parte de los tradicionales como la corrupción, el secuestro, la extorsión, legitimación de capitales o el tráfico de drogas y microtráfico, apareció el mercado negro cambiario, se profundizó el control de las cárceles por parte de la delincuencia, el sicariato y las bandas armadas como organizaciones de control sobre comunidades.
Con las regulaciones de precios se desarrolló la comercialización ilegal de productos regulados, el contrabando de gasolina, extracción y contrabando de minerales y materiales estratégicos. Otra modalidad ha sido el desarrollo del comercio ilícito.
Otro estudio «Informe del Observatorio del Delito Organizado en Venezuela 2105», desarrollado por la ONG Paz Activa y otras organizaciones, precisa que un rasgo característico de las redes de delito organizado, es que no utilizan la violencia como factor permanente en sus actividades, sino como un medio para controlar, mediante amenaza o uso coactivo de la fuerza, las rentas del mercado ilegal. La operación de organizaciones dedicadas al delito organizado se realiza en un contexto de alta conflictividad que estimula y hace del uso frecuente de la fuerza y la violencia como instrumentos para socavar la ley, mecanismos reguladores por excelencia de las relaciones sociales, las instituciones del Estado y su sistema político.
El secuestro
Refiere el estudio sobre «crimen organizado» que el secuestro es uno de los delitos que tiene mayor impacto en la sociedad. De acuerdo al manual de las Naciones Unidas, el secuestro puede incluir diversas formas como crimen organizado o infractores menores u oportunistas. Puede incluir a terroristas o grupos insurgentes , como han sido los grupos armados que operan en las fronteras venezolanas. También puede ser motivado por el lucro, el rencor o la desesperación.
Otro aspecto que destaca el manual de la ONU es que los secuestradores son innovadores y sus métodos están en constante innovación. En la medida en que los organismos encargados de combatir ese delito desarrollan mejoras en las estrategias de prevención, los delincuentes buscan nuevas maneras de superarlos.
El secuestro en cifras
Según la organización humanitaria holandesa, IKV Pax Chirsti, la cifra de secuestro anual a nivel mundial puede estar entre 40 mil y 100 mil casos. Las Naciones Unidas las estiman en 10 mil aproximadamente.
Según datos recogidos en el estudio de Tarre Briceño, Latinoamérica se ubica en el primer lugar en números de casos de esta modalidad delictiva. De los países de la región la mayor incidencia proviene de México, Colombia, Venezuela y Brasil.
Según destaca el estudio sobre crimen organizado, hasta años recientes Colombia fue la nación con mayor número de secuestros. En el año 2000 registraron 3.572 casos, lo que motivó al estudio del problema y al desarrollo de políticas, no solo en materia de secuestros, sino en general sobre la violencia. Ello les permitió reducir sustancialmente el número de secuestros hasta llegar a 2014 con solo 238 casos reportados.
De acuerdo a cifras recopiladas en el estudio coordinado por Tarre Briceño, tomadas de importantes organizaciones internacionales como el de la ONG británica Control Risk, México es el país en el mundo con mayor número de secuestros para el año 2014 con 2.340 casos reportados. Le sigue Venezuela con aproximadamente 1.000 casos, seguidos por Brasil (319) y Colombia (238). Sin embargo, al promediar la incidencia de secuestros de acuerdo al número de habitantes, Venezuela resulta en el primer lugar con 3,26 secuestros cada 100 mil habitantes.
Corrupción y funcionarios
Una encuesta nacional realizada por el «Observatorio de Delito Organizado 2015», refiere que los delitos que las comunidades más identifican con el crimen organizado son la corrupción, atracos, tráfico de drogas y homicidios.
Sin embargo, las instituciones que deben servir de control formal de esos delitos y los mercados ilegales que derivan de esos delitos, a juicio de los consultados, «surgen por la precaria acción del Estado o la corrupción que involucra a funcionarios».
Es así que ante la pregunta ¿Cuántos funcionarios públicos en Venezuela están involucrados en corrupción? la respuesta fue: todos 61%; muchos 28%; algunos 8% y ninguno 7%.
En cuanto a los cuerpos policiales, ante la pregunta ¿cree usted que la policía en general está involucrada en el delito organizado? 56% respondió afirmativamente; 23% respondió No y 21% no sabe, no contesta.
Esa percepción sobre las policías está generalizada. Cuando se desglosa por tipo de cuerpo policial, al preguntar si las policías estatales están vinculadas al delito organizado, 39% de los encuestados respondieron «Mucho»; sobre la municipales lo hicieron 36% y la Policía Nacional 31%.
En cuanto a las instituciones ¿cuán involucradas con el delito organizado cree usted que está cada una de las siguientes instituciones? Las respuesta fue: Cárceles 58%; tribunales y jueces 41%; CICPC 34%; Guardia Nacional 32%; y por último al Ejército solo 19%.
Depuración de las policías
El 24 de octubre de 2014 el presidente Nicolás Maduro creó la Comisión Presidencial para la Reorganización Policial. Para esta tarea fue comisionado el ex ministro y diputado de la Asamblea nacional Freddy Bernal quien estuvo en el cargo hasta el 30 de abril de 2015.
Estando al frente de esa «depuración» que emprendió al frente de ese organismo, Bernal se refirió a las policías señalando: «las mafias de extorsión, secuestro y sicariato penetraron los cuerpos policiales de Venezuela», dijo en una entrevista en Televen. «Hay una realidad que no nos gusta que exista, pero existe: la corrupción ha penetrado diversos cuerpos de policías, municipales, estatales y nacionales», incluida la recientemente creada Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas» y agregó que hay comisarios e inspectores jefes al frente de «bandas mafiosas» y aseguró que se han identificado agentes que le «rinden cuentas al crimen organizado». Pero al mismo tiempo aclaró que la mayoría de los agentes «son profesionales, honestos y decentes».
Tras el anuncio de la salida de Bernal de la Comisión Presidencial, el propio ministro de Justicia y Paz, Gustavo González López reconocía que «algunos organismos han sido infiltrados» por lo que se preparaban leyes contra la corrupción en organismos policiales.
El último balance entregado por el Ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Gustavo González López indica que hasta fecha se han abierto 800 expedientes, se les ha dado de baja a 450 funcionarios y se han llevado a la cárcel 155 oficiales por comportamiento irregular durante el cumplimiento de sus funciones.
