A pesar de la insistencia de los propietarios de Banca Privada de Andorra, la familia Cierco, por defender su gestión y reclamar “los daños económicos” que, en su opinión, le provocó la Red de Investigaciones de Delitos Financiero (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estado Unidos, un nuevo elemento se suma a las investigaciones sobre las irregularidades financieras que se habrían producido en este banco andorrano. Ahora, el servicio de inspección del Banco de España (BdE) acusa a BPA de comprar Banco Madrid con dinero opaco.
En marzo de este año estalló el escándalo de BPA y su sucursal en España, Banco Madrid, a raíz de la denuncia de Fincen sobre lavado de dinero proveniente de las mafias chinas, rusas y de la corrupción en Pdvsa. Salieron a la luz las millonarias cuentas de siete funcionarios y contratistas del gobierno venezolano: El operador de los seguros de Pdvsa por mas de diez años – primo de Ramirez – Diego Salazar Carreño, los ex ministros del sector petrolero y eléctrico, Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos Cárdenas, el ex directivo de Pdvsa Francisco Jiménez Villarroel, Carlos Aguilera Borjas ex director de la Dirección de los servicios de Inteligencia y prevención (DISIP, ahora SEBIN), Alcides Daniel Rondón Rivero ex viceministro de Seguridad Ciudadana y de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía y el empresario Omar Farías Luces, uno de los mayores aseguradores del gobierno venezolano.
Recientemente, se unieron a la lista cinco nombres más: Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, ex directora gerente de PDVSA Gas-Colombia; Fidel Ramírez, hermano del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez y médico de Hugo Chávez; Miguel Ángel Gómez Núñez, ex embajador de Venezuela en Nicaragua; Luis Mariano Rodríguez Cabello; primo de Diego Salazar, que a su vez es primo hermano de Rafael Ramírez.
La mayoría de ellos tenían cuentas también en Banco Madrid.
Hoy, las autoridades financieras españolas ponen en duda el origen del dinero con que BPA compró Banco Madrid en 2011 para convertirlo en su sucursal en España.
Sin duda, una situación que pica y se extiende.
A continuación el reportaje El Confidencial de España:
La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por Banco Madrid en los meses anteriores a su intervención ha experimentado un nuevo salto en las últimas horas. El Servicio de Inspección del Banco de España (BdE) ha remitido un informe al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que cuestiona el origen de los fondos que utilizó Banca Privada de Andorra (BPA) para comprar Banco Madrid a Kutxabank en 2010, convirtiéndose por esa vía en el primer banco del Principado en conseguir una licencia para operar en territorio español.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al supervisor bancario, el foco de las indagaciones se centra en el 30% de los recursos que habría utilizado la familia Cierco, propietaria de BPA, para formalizar la compra. Los inspectores sostienen, tras analizar los documentos de esa transacción, que no ha sido posible acreditar el rastro de esa parte del dinero y apuntan a la posibilidad de que fuera aportado por terceras personas ajenas al balance de la matriz. Es decir, que la compra de Banco Madrid podría haber servido, colateralmente, para encubrir una supuesta operación de blanqueo de capitales a gran escala.
La compra se consumó el 20 de julio de 2011 tras un año de negociaciones y, a pesar de las sospechas que existen ahora, el traspaso de la licencia contó con el visto bueno de las autoridades bancarias. Fuentes cercanas al acuerdo han precisado a este diario que BPA abonó un total de 160 millones de euros para quedarse con Banco Madrid. De esa cantidad, 105 millones se canalizaron como un pago por la compra de la entidad, y 55 millones de euros, por la adquisición de todos sus activos inmobiliarios. Aunque no ha trascendido la partida exacta de la venta en la que se focalizan las dudas, la partida de inmuebles supuso curiosamente un porcentaje casi idéntico al 30% señalado en estos momentos por los investigadores del regulador.
La compra se consumó el 20 de julio en 2011 tras un año de negociaciones y, a pesar de las sospechas, el traspaso de la licencia contó con el visto bueno inicial
Por ahora, el informe del Servicio de Inspección no ha tenido consecuencias jurídicas pero es previsible que sea remitido a la Fiscalía General del Estado en las próximas semanas para que el ministerio público valore la concurrencia de posibles delitos. En caso afirmativo, el documento sería remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que ya investiga la gestión de Banco Madrid desde el pasado abril, tras admitir a trámite una querella presentada por dos clientes de la entidad que se sienten perjudicados por la intervención del banco.
El BdE tomó esta drástica medida en marzo apoyándose en otro informe de su Servicio de Inspección que ponía en duda los controles internos que aplicaba Banco Madrid para luchar contra el blanqueo de capitales. La decisión del regulador se produjo solo unos días después de que la sección de Investigación Criminal (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a su matriz BPA de haber facilitado el lavado de dinero de las mafias rusa y china y también de altos cargos corruptos de la Administración de Nicolás Maduro. La nota de Washington también provocó que las autoridades andorranas reaccionaran casi automáticamente tomando el control de BPA.
El caso que se instruye en la Audiencia Nacional avanza lentamente. La primera medida que adoptó el instructor de la causa, el juez Fernando Andreu, fue ordenar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que registrara la sede de la entidad, se incautara de la documentación que considerara necesaria y analizara todos los movimientos sospechosos de haber incurrido en irregularidades financieras. Esas diligencias aún no han tenido consecuencias relevantes para el procedimiento. El pasado septiembre, Andreu solicitó al BdE que le remita los informes de todas las inspecciones a las que fue sometido Banco Madrid durante la etapa que se está investigando.
La familia Cierco ha reaccionado con una ofensiva jurídica para defender su gestión y reclamar los daños económicos que, en su opinión, le ha provocado la nota del FinCen. Por un lado, han presentado una reclamación por responsabilidad administrativa contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF) “por los daños causados por sus negligencias, omisiones y actuaciones” en la toma de control de BPA. A juicio de los Cierco, la gestión de las autoridades andorranas ha causado pérdidas a los accionistas de la entidad que ascenderían a 482,8 millones de euros.
Pero los accionistas mayoritarios de la matriz de Banco Madrid también han iniciado un procedimiento en Estados Unidos contra las autoridades económicas del país por haber lanzado una acusación pública contra BPA que hasta ahora no se ha concretado en medidas ejecutivas. Según ha informado la propia entidad, la familia Cierco ha presentado una demanda contra el FinCen y el Departamento del Tesoro, acusando a ambas instituciones de haber vulnerado sus derechos a defenderse al no haber sido informados previamente de que el expediente estaba en marcha y no permitirles tampoco que presentaran alegaciones después de haberlo hecho público.
Al día siguiente de la publicación de la nota de El Confidencial, los hermanos Cierco, en declaraciones a la prensa de Andorra, recordaron que la compra de Banco Madrid fue supervisada por el Banco de España y el INAF. Los accionistas mayoritarios de BPA insisten en que la operación siguió «todos los requisitos legales exigidos».
