CuentasClarasDigital
26 noviembre 2015
Silencio. Esa fue la respuesta oficial a la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico por una corte de EEUU. Un mutismo que ya es común en los escándalos que involucran a miembros o relacionados del gobierno venezolano. Mucho menos se refirió ninguna autoridad a la información filtrada a través de supuestos miembros de la DEA sobre los pasaportes diplomáticos que portaban Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas al momento de su detención en Haití, con los cuales habrían tratado de evitar el arresto. Existen estos pasaportes?
La cancillería no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido.
En Venezuela, nadie se asombró con la información. No es la primera vez que el documento de identidad reservado a miembros del cuerpo diplomático, del alto gobierno y sus familiares directos es asociado a actividades delictivas.
Narcos con pasaportes venezolanos: Diplomáticos y ordinarios
En 2010, las autoridades anti lavado de dinero de Andorra descubren que dos supuestos asesores del ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela, portadores de pasaportes diplomáticos, habían transferido grandes sumas a la cuenta en Banca Privada de Andorra del ex jefe de la División contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y criminalísticas (Cicpc), Norman Puerta Valera. El policía había sido detenido en 2010 en el pequeño país de Los Pirineos por lavado de dinero. Al día de hoy, Puerta se encuentra procesado en Venezuela por legitimación de capitales y asociación para delinquir, luego de haberse entregado voluntariamente a las autoridades en mayo de este año.
Los supuestos asesores del ministerio de Finanzas tienen antecedentes penales en Venezuela. Tulio Antonio Hernández Fernández tenía condena vigente por tráfico de heroína, pero había recibido una medida de gracia y estaba en libertad. Por su parte, Gabriel Gil Yánez estuvo preso en Yare por el robo de una avioneta en el aeropuerto de Charallave. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena.
Ambos abrieron cuentas en el exclusivo banco Banca Privada de Andorra (BPA) con pasaportes diplomáticos en calidad de asesores del ministro de Finanzas. En este caso, la cancillería negó haber otorgado la documentación pero una documentada investigación del Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) contradijo al ministerio de Relaciones Exteriores al recordar que el Ministerio Público había validado los pasaportes al enviar una carta rogatoria solicitando información a las autoridades andorranas.
El Reglamento de Pasaportes vigente establece quienes pueden optar a recibir un pasaporte diplomático. Ni sobrinos de altos funcionarios ni asesores de ministros califican en las categorías autorizadas. Sin embargo, hay una excepción a la regla: el Presidente de la República puede ordenar al ministerio de Relaciones Exteriores el otorgamiento de pasaporte diplomático o de servicio, cuando lo estime necesario. Según el reportaje del CIPI, funcionarios del MRE sostienen que durante el mandato de Hugo Chávez, “se volvió frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros”. Al final, los ministerios solicitaban los pasaportes directamente a la Cancillería. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro de Relaciones Exteriores. Si ellos los autorizaban, se emitían”.
Para el momento de la emisión de los pasaportes diplomáticos de Hernández y Gil , el ministro era Ali Rodríguez Araque y el general Arévalo Enrique Méndez, actual embajador en Chile, ocupaba el viceministerio. Sin embargo, un allegado a Hernández y Gil dijo al CIPI “que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia”, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso, quien luego fuera presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) durante casi siete años.
Hasta donde es del conocimiento público, Hernández y Gil no están siendo procesados en la actualidad por la justicia venezolana.
Grandes capos del narcotráfico internacional también han sido capturados con pasaportes venezolanos, aunque no diplomáticos.
Al amanecer del domingo 12 de agosto de 2012, un jet Bombardier 700 despegó del aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, sin previo aviso y sin autorización. Las primeras informaciones presumían un robo, pero pocos días después el caso derivó en un episodio de tráfico de drogas. La nave aterrizó en un aeropuerto de la Isla de Gran Canaria, España, con casi 1.600 kilos de cocaína.
El cargamento de drogas había sido enviado por el Cartel de Sinaloa, dirigido por el capo más peligroso de México, “El Chapo” Guzmán. Por este caso fueron acusados de corrupción agravada, tráfico de drogas y asociación para delinquir once funcionarios de la GNB, uno del Sebin y seis civiles.
Del asunto no se habló más en el país. Nunca se conocieron los nombres de los autores intelectuales, es decir, los grandes capos detrás de la operación en Venezuela.
Sin embargo, a nivel internacional el caso no había concluido. En diciembre de 2014, la revista alemana Der Spiegel publicó la versión de los pilotos del Bombardier Global 7000 siglas 9H–FED supuestamente robado en Valencia. Para sorpresa de las autoridades europeas, denunciaron haber sido obligados a transportar el cargamento de drogas.
Los aviadores, empleados de Hyperion Aviation, una compañía suiza que alquila jets de lujo para viajes de ricos y famosos, relatan que fueron contratados por Ryma Taouk, mujer de nacionalidad libanesa, para efectuar un vuelo desde Marruecos a Trinidad y Tobago y luego a Venezuela, a fin de recoger a una pasajera, siendo el destino final Benín, África. Una vez en el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, fueron reducidos a punta de armas de fuego y obligados a cargar 1.588 kilogramos de cocaína en sacos en el avión. Amenazados con asesinar a sus familiares, de los cuales tenían ubicación y datos personales, los forzaron a volar hacia Burkina Faso en el continente africano, cuestión que evitaron aterrizando de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria, donde los esperaba la policía española alertada por el dueño de la compañía aérea que había estado en contacto con los tripulantes. Sin duda, un episodio con ribetes cinematográficos.
Investigaciones de las policías europeas concluyeron que la persona tras la mujer que había alquilado el jet era Ali Kleilat uno de los capos más importantes del tráfico de drogas y armas del mundo, conocido financista de grupos del terrorismo islámico. Ciudadano libanés, titular de cuatro pasaportes de diferentes nacionalidades, Kleilat también era titular de un pasaporte de Venezuela identificado con el N° B0744958, lo que le otorga la nacionalidad venezolana. En febrero de 2011, Ali Kleilat fue arrestado en Bruselas donde se encuentra recluido en una instalación de alta seguridad, a la espera de ser extraditado a EE.UU.
Los pilotos fueron declarados inocentes luego del juicio que duró un año y las autoridades alemanas les proporcionaron nuevas identidades.
Menos espectaculares pero más frecuentes son los casos de jefes de carteles de las drogas colombianos con pasaporte venezolano.
Henry de Jesús López Londoño (alias Mi Sangre), uno de los jefes de Los Urabeños, la banda criminal más grande y más influyente que opera actualmente en Colombia, portaba un pasaporte venezolano falso al momento de su detención en Argentina en 2012. Actualmente se encuentra a la espera de ser extraditado a EEUU, donde se le acusa de haber ingresado 3.000 kg de cocaína.
Farid Feris Domínguez, (alias el médico), también tenía en su poder un pasaporte diplomático venezolano que lo acreditaba como asesor del ministerio de Finanzas cuando fue detenido en Venezuela en 2006. En declaraciones al Nuevo Herald, el narcotraficante colombiano aclaró que nunca conoció al ministro de Finanzas, Nelson Merentes, pero reconoció ser amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.
El narcotraficante colombiano Wilber Varela (alias Jabón), tenía un pasaporte venezolano cuando su cadáver fue encontrado en Mérida en 2008. Varela era el responsable del 70% de los envíos de drogas a EEUU, según autoridades de ese país.
A Varela se le relacionó con Hermàgoras González Polanco, jefe del cartel de la Guajira, condenado en 2013 por un tribunal de Caracas a 15 años de prisión por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas de guerra. González tenía credenciales de la Unidad Inteligencia Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y permiso de porte de armas expedido por el ministerio de la Defensa.
Resalta el hecho de que González Polanco no fuera inculpado por tráfico de drogas, a pesar de que en el año 2005 fue condenado en ausencia en una corte del distrito de Nueva Jersey por conspiración para distribuir cocaína en EEUU y de la recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por la DEA por su captura.
Credenciales todo-poderosas
Tanto Wilber Varela como Hermàgoras Gonzàlez Polanco poseían credenciales de la Disip (ahora SEBIN, Servicio Bolivariano de inteligencia) y de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgim).
La expedición de credenciales a capos del narcotráfico llegó hasta el máximo tribunal de la República. El ex magistrado del TSJ Eladio Ramòn Aponte Aponte – hoy testigo protegido del Departamento de Justicia de EEUU – entregó a Walid Makled, condenado en Venezuela a 14 años por tráfico de drogas y legitimación de capitales, un carné que lo identificaba como Comisario del alto juzgado. Makled poseía también credenciales de la GNB y de la Fiscalía Militar.
Tanto Hermàgoras Gonzàlez como Walid Makled han sido relacionados con el Mayor General (Ej) Hugo Armando Carvajal Barrios, a quien se responsabiliza de supuestamente haber otorgado credenciales a guerrilleros de las FARC, en su condición de director de la DGIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) entre 2004 y 2011. En septiembre de 2008, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU acusó a Carvajal de apoyar a la guerrilla colombiana FARC en sus actividades de narcotráfico al proporcionarle armas y ayudar a evadir su captura por medio del otorgamiento de documentos venezolanos. La acusación también incluyó al General Henry de Jesús Rangel Silva y al Capitán de Navío Ramón Rodrìguez Chacìn (dos veces ministro de Interior y Justicia), actuales gobernadores de Trujillo y Guàrico, respectivamente.
Las imputaciones de la justicia norteamericana contra Carvajal no impidieron que fuera designado presidente de la Oficina Nacional Contra el Crimen Organizado en octubre de 2012 y que en abril de 2013, Nicolás Maduro lo colocara de nuevo al frente de la contrainteligencia militar.
En 2014, Carvajal protagonizó una crisis diplomática entre Venezuela y Holanda cuando el gobierno de Maduro intentó colocar al militar como cónsul de Aruba (territorio autónomo insular del Reino de Holanda) y las autoridades de EEUU lo detuvieron en la isla solicitando su extradición. El impase finalizó cuando el Reino de los Países Bajos ordenó la liberación de Carvajal, argumentando que sí tenía inmunidad diplomática. Aun así fue declarado persona no grata y entregado a las autoridades venezolanas. Otro suceso con un portador de pasaporte diplomático pero en este caso de origen legítimo, por tratarse de un miembro del servicio exterior.
Pasaportes diplomáticos para el terror
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos incluyó en enero de este año a Ghazi Nasr al-Din, libanès con pasaporte venezolano, en la lista de sospechosos de terrorismo, debido a su presunta colaboración con donantes del grupo islamista libanés Hezbollá, organización paramilitar identificada como terrorista por EEUU y otros países occidentales.
Ghazi Nasr al-Din, que ingresó a la Cancillería en 2006 al principio de la gestión de Nicolás Maduro como canciller, y que hasta enero de este año declaraba estar activo de la misma, ha ejercido como funcionario diplomático en la embajada de Siria y como director de Asuntos Políticos en la embajada de Líbano.
En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Ghazi Nasr al-Din de ser un partidario de Hezbolá establecido en Venezuela que hacía uso de su condición de alto diplomático del país para proveer apoyo financiero al grupo terrorista.
“Es extremadamente inquietante ver al gobierno de Venezuela emplear y proporcionar amparo a un facilitador y donante de Hezbollá”, señaló en aquel entonces Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC). Lo señalaron de brindar información bancaria a donantes de Hezbolá para que el dinero fuera directamente a este grupo terrorista, y de facilitar viajes a Caracas de miembros de esta organización.
La actividad de Ghazi Nasr al-Din en Venezuela, que concentra una fuerte colonia de descendientes de libaneses y sirios, va en concordancia con el descubrimiento de las autoridades estadounidenses canadienses y europeas sobre la creciente presencia de Hezbolá en Latinoamérica, en especial en temas de financiación.
Ghazi Nasr al-Din se encuentra en busca y captura por las autoridades de EEUU.
En 2012, el gobierno estadounidense desarticuló una red de lavado de dinero del narcotráfico para Hezbolá encabezada por Ayman Joumaa, que tenía vínculos con los venezolanos-libaneses Abbas Hussein Harb, Ali Houssein Harb y Kassem Mohamad Saleh, dueños de empresas en Venezuela y Colombia, a través de las cuales operaban.
El triángulo Venezuela-Irán- Argentina
Venezuela nada tuvo que ver con el carro bomba que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 de las personas reunidas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires. El 25 de octubre de 2006, la justicia argentina, después de años de investigar el caso y tomar cientos de declaraciones y evaluar pruebas, representada por los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, formalmente acusó al gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbolá de ejecutarlo.
Sin embargo, el fiscal Alberto Nisman, asesinado en enero de este año en su apartamento de Buenos Aires, había denunciado a la ex presidenta argentina Cristina Kirchner por tratar de encubrir las responsabilidades del gobierno de Teherán en el atentado terrorista. En los documentos del caso, el fiscal Nisman también nombra ocho veces al gobierno de Hugo Chávez.
Según reveló un reportaje de la publicación brasilera Veja, Chávez habría sido el nexo de Mahmud Ahmadinejad, presidente de Irán, con Kirchner. A cambio de que el gobierno argentino “dejara de insistir con Interpol para que capture a las autoridades de mi país” – habría dicho Ahmadinejad – los iraníes ofrecieron comprar títulos de la deuda externa del país sureño. El acuerdo, al que se habría sumado Chávez, ocasionó que el Tesoro de Venezuela comprara 1.800 millones de dólares en esos bonos en 2007. A fines de 2008, Caracas poseía unos 6.000 millones en esos títulos. El negocio para Argentina fue «formidable», asegura la revista brasileña.
Políticos y medios de comunicación argentinos denunciaron al embajador de Venezuela, el médico Roger Capella, por inmiscuirse en actividades internas para exculpar a los ciudadanos iraníes señalados como responsables del acto terrorista. Capella, en base a la inmunidad diplomática que le otorgaba su cargo y su pasaporte, se habría movido con libertad por Argentina haciendo proselitismo político a favor de la causa iraní en el caso AMIA.
Pero ese no sería lo más grave en relación con el uso indebido de pasaportes diplomáticos para apoyar el terrorismo. En el mismo reportaje de Veja se señala que el clérigo iraní Mohsen Rabbani, citado por Nisman como ejecutor del atentado a la AMIA, había utilizado un pasaporte venezolano para visitar secretamente Brasil por lo menos tres veces. Según las fuentes citadas por Veja – ex funcionarios chavistas – el gobierno de Caracas habría dado refugio al menos a 35 miembros del grupo Hezbolá.
Terrorismo con pasaportes ordinarios
En 2005, fue detenido en Venezuela Rodrigo Granda, el llamado “canciller” de la guerrilla colombiana FARC , quien se movía libremente por el país y detentaba un pasaporte venezolano.
Más recientemente, en 2012, otro pasaporte venezolano salió a relucir a raíz de la muerte de cinco turistas israelís en el aeropuerto de la ciudad de Burgas, Bulgaria. El ataque con bomba perpetrado por cuatro individuos de nacionalidades diferentes tuvo como autor intelectual al portador de un pasaporte venezolano, según señalaron las autoridades búlgaras.
El año anterior, Wael Abbas, uno de los terroristas que secuestraron a siete ciclistas estonios en la ciudad de Zahlè, Líbano, entró desde Siria vía Qatar, adonde habría llegado con un pasaporte venezolano.
Hace cinco años, NBC News informó sobre un grupo de traficantes de armas con presuntos vínculos con al-Qaida que habían obtenido un pasaporte venezolano bajo el nombre de Robert Blake para un hombre que era realmente un informante en una operación encubierta de las autoridades federales de EEUU.
Un informe del Centro para una Sociedad Libre Segura de Canadá, denuncia que desde 2007, los servicios de seguridad de Líbano, Canadá y Bulgaria han detectado que individuos pertenecientes a grupos irregulares extremistas, casi todos del Medio Oriente, han cruzado sus fronteras con documentos venezolanos, en su mayoría auténticos, es decir, no falsificados.
La investigación, publicada en CuentasClarasDigital en junio de 2014, señala que las autoridades venezolanas habrían emitido, entre 2008 y 2012, al menos 173 pasaportes, visas y otros documentos a islamitas radicales que buscaban entrar sin despertar sospechas a América del Norte. Los investigadores afirman haber viajado a Venezuela y haber visto documentos de identidad de diferentes tipos otorgados a irregulares: pasaportes legítimos, certificados de nacimiento y cédulas. El período coincide con la gestión de Tareck El Aissami al frente del ministerio de Interior y Justicia, órgano rector del Saime.
Documentos “no apropiados”
Documentos “no apropiados”, es una descripción que engloba documentos falsos, alterados, robados o documentos que son genuinos, pero han sido expedidos por organismos oficiales en base a identidades ficticias o de manera ilegítima.
Venezuela, al igual que otros países de Latinoamérica, ha tenido problemas frecuentes en materia de identificación. Lo más común ha sido la venta de cédulas de identidad y pasaportes, debido a la corrupción enquistada en la antigua Dirección de Identificación y Extranjeros (DIEX) luego en la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex) y ahora en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). El fraude de identidad en Venezuela comenzó a partir de la necesidad que tenían los inmigrantes, en especial colombianos y chinos, de tener documentos que les permitieran trabajar y establecerse en el país. Se trataba de conseguir una vida mejor.
Sin embargo, con la llegada del gobierno de Hugo Chávez y la nueva geopolítica de las relaciones internacionales, la situación se ha vuelto más compleja. Ya no es solo la corrupción de algunos funcionarios el principal riesgo en materia de identificación.
En 2003, Chávez creó la Misión Identidad como mecanismo para otorgar cédulas de identidad de manera expedita, presumiblemente con miras al referéndum revocatorio que se celebró el año siguiente. De manera a veces precaria, en improvisados puestos en plena calle, con materiales de poca calidad, y sin mayor verificación de datos, se le otorgó la cédula de identidad a casi 3 millones de personas.
Entre 2005 y 2007, el gobierno firmó convenios con varias empresas estatales cubanas para la compra e importación de la tecnología necesaria a fin de reformar la ONIDEX y crear el actual Saime. Como en muchos otros sectores donde Cuba no tiene desarrollo propio, la isla se benefició al convertirse en la intermediaria de las compras del gobierno de Venezuela. Albet Ingeniería y Sistemas obtuvo la concesión para emitir cédulas y pasaportes venezolanos a través del Saime.
A partir de 2011, se comenzaron a elaborar también los pasaportes diplomáticos biométricos para la cancillería venezolana. El Saime instaló una oficina en la Casa Amarilla. Sin embargo, el proceso ha recibido críticas sobre la seguridad y la validación de los datos. La presencia de funcionarios cubanos es permanente, denuncian los trabajadores de la cancillería.
Delitos de identidad, delitos graves
Aunque el terrorismo y el tráfico de drogas son delitos graves que se apoyan en documentos falsos y en identidades robadas, no son los únicos que ocasionan serio perjuicio a las víctimas.
Los delitos de identidad facilitan otros delitos de la delincuencia organizada, como el fraude de tarjetas de crédito, delitos informáticos, de créditos, pólizas de seguros e hipotecarios, robo electrónico, tráfico de armas y lavado de dinero.
Sin embargo, a partir del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 y luego, con los atentados de Madrid en 2003 y Londres en 2005, el tema de los delitos de identidad ha cobrado especial relevancia. En todos los ataques terroristas nombrados se detectaron documentos falsos de los extremistas, siendo el principal el caso de Ramzi Yousef, el cabecilla del primer atentado contra el World Trade Center en 1993, que entró a los Estados Unidos con un pasaporte iraquí robado.
Más temprano que tarde, Venezuela tendrá que revisar de manera profunda su sistema de identificación, en especial la emisión y otorgamiento de certificados de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes, como paso previo y esencial para combatir la delincuencia organizada en todas sus expresiones pero sobre todo en el tráfico de drogas y el terrorismo.
