El Gran Saqueo|
Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a Pdvsa , se confirma que EEUU está cerca de concretar la acusación contra Rafael Ramírez Cedeño, ex presidente de Pdvsa y ex ministro de Petróleo y Minería, actual embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
La investigación que adelantan las autoridades de EEUU sobre las redes de corrupción enquistadas en Pdvsa durante la administración de Ramírez datan de 2009 e incluyen también a Diego Salazar Carreño, Baldo Sansò, Luis Alfonso Oberto, Franscisco J. D´Agostino y José Simón Elarba.
El caso Rincón devela que los organismos estadounidenses tendrían ubicados al momento un mínimo de 1.000 millones de dólares repartidos en más de 750 cuentas. Los fondos provendrían principalmente de sobornos por contratos.
Ciento ocho de esas cuentas serían de Roberto Rincón, el principal proveedor de la petrolera. En una de ellas se detectó un pago de 2.5 millones de dólares a un funcionario de Pdvsa.
Rincón fue apresado el 16 de diciembre en Houston ciudad en la que vivió durante diez años hasta 2014 cuando decidió cambiar su residencia a España donde tiene millonarias propiedades y negocios.
Su nombre salió a relucir a la opinión pública con el caso del general Hugo”Pollo” Carvajal – hoy diputado por Monagas -detenido en Aruba en agosto de 2014, por tener dos juicios abiertos en cortes de EEUU por tráfico de drogas y apoyo a organizaciones terroristas (FARC) y luego liberado por el gobierno insular debido a su condición de diplomático. El avión donde viajaba el militar venezolano pertenece a Rincón quien en ese momento no fue retenido por las autoridades de EEUU.
En la audiencia ante la corte del distrito sur de Houston realizada el pasado sábado, la juez Nancy K. Johnson negó a Rincón la libertad bajo fianza – que incluye retención del pasaporte – por considerar que existe alto riesgo de fuga ya que el acusado dispone de “suficiente recursos para vivir holgadamente en cualquier parte del mundo y podría conseguir un nuevo pasaporte del gobierno de Venezuela”, señaló la magistrada.
El hecho de que el juicio se haya fijado para febrero indica que existen negociaciones entre el tribunal y el acusado.
Justicia afuera, impunidad en Venezuela
Mientras las autoridades de EEUU enjuician a uno de los mayores representantes de las redes de corrupción de Pdvsa, en Venezuela la jueza 37 en funciones de control Luisa Renee Garrido anuló en noviembre las órdenes de aprehensión de dos ex altos funcionarios relacionados con Pdvsa: Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa.
Como publicó el portal de CuentasClarasDigital.org en el momento, existían órdenes de captura de ambos funcionarios por parte de la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por el ex ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón. Las mismas no solo no se ejecutaron sino que el propio Ministerio Público, a través de la fiscal Rochely Barboza Hernández, solicitò al tribunal la eliminación de las respectivas alertas rojas de Interpol que estaban tramitadas por lo menos a nivel de Interpol Venezuela, pero que nunca fueron formalizadas en la sede central de la policía internacional en Francia.
Villalobos y Alvarado, desde las altas posiciones que ocuparon en el ministerio de Energía Eléctrica, la Electricidad de Caracas, Corpoelec y Bariven, gestionaron cientos de millones de dólares en contratos a proveedores internacionales en el marco de la emergencia eléctrica decretada por Chávez en 2010, que se prolonga hasta hoy.
Por lo menos veinte empresas obtuvieron contratos, no sólo durante la emergencia eléctrica sino inclusive antes.
Entre ellas figuran: Impsa (Argentina), Duro Felguera e Iberdrola (España), Alstom (Francia-Brasil), Siemens (Alemania), Camc (China), Ferrostaal Power (Alemania), Derwick Associates (propiedad de Alejandro Betancourt y Pedro J. Trebbau), Pacific Rim Energy (propiedad de Majed Khalil Majzoub) y Ovarb Industrial LLC (propiedad de Roberto Rincón).
Estas últimas, aunque pertenecientes a empresarios venezolanos, son empresas registradas en varias jurisdicciones, en su mayoría, paraísos fiscales, pero principalmente en EEUU donde están reguladas por las autoridades de ese país y a las que aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, la cual establece que toda empresa con operaciones en territorio estadounidense que realice sobornos o efectúe algún pago a servidores públicos en el extranjero está sujeta a fuertes sanciones que pueden ir desde multas económicas, descalificación temporal o permanente para participar en ventas al sector gobierno o para desempeñar otras actividades comerciales, hasta la cárcel para sus dueños y/o la liquidación de la empresa.
El macro fraude eléctrico
El decreto de emergencia eléctrica y los millonarios contratos a los que dio lugar han estado envueltos en varios sonados escándalos en un país donde la información sobre contrataciones gubernamentales no es accesible a la opinión pública.
Decretada por Chávez el 8 de febrero 2010 “por 60 días prorrogables” – que ya se prolonga por cinco años – ha costado al país hasta ahora, más de 60.000 millones de dólares, según cálculos de expertos como el ingeniero eléctrico José Aguilar. Se trata de una cifra superior a la inversión total realizada durante 40 años por los gobiernos anteriores al de Hugo Chávez. Con el agravante de que es precisamente la obra eléctrica construida en esas cuatro décadas la que aún genera la energía que consume Venezuela, en el marco del permanente racionamiento que ha ocasionado millones en pérdidas a empresas y ha deteriorado significativamente la calidad de vida de los venezolanos, ocasionando, inclusive, muertes.
Derwick Associates, quizás la empresa con más contratos de la que se tenga conocimiento, los cuales han sido tratados como secreto de Estado, obtuvo alrededor de 2.200 millones de dólares y constituye uno de los casos más escandalosos de la trama de corrupción que se generó en Pdvsa bajo la administración de Rafael Ramírez.
El propio Javier Alvarado reconoció al periodista Cesar Batiz, haber recibido órdenes de Ramírez para asignar contratos “a dedo” a los propietarios de Derwick Associates, popularmente conocidos en Venezuela como “los bolichicos”.
La estrecha relación entre los dueños de la empresa Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau y sus relacionados Francisco Convit y Francisco Javier D’Agostino con Nervis Villalobos no era ningún secreto en la industria eléctrica y petrolera. Más allá de los rumores, desatados por el estilo de vida de riqueza súbita y ostentosa de los jóvenes empresarios y a pesar de existir denuncias específicas como la del director del diario Ultimas Noticias Eleazar Díaz Rangel, realizada ante la Contraloría General de la República y remitidas a su vez al Ministerio Público, nunca se abrió una averiguación formal en Venezuela.
En la investigación realizada para el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre queda en evidencia una de las muchas operaciones irregulares que realizaron.
A través de empresas registradas en Panamá habrían transferido sobornos justificados como comisiones a Nervis Villalobos, quien a su vez las habría recibido también por medio de otro grupo de compañías panameñas con cuentas en bancos de Portugal (Espirito Santo de Madeira), Suiza (UBP Zurich) y Dominica (Barnett Capital Bank). Solo a través de una de las cuentas de la empresa Northernbrook Management Villalobos habría recibido más de 48 millones de dólares.
Banca Privada de Andorra, el canal expedito de los sobornos chavistas
El escándalo de Banca Privada de Andorra (BPA), que se convirtió en el banco preferido de funcionarios y sus cómplices en el sector privado, sacó a la luz pública las millonarias cuentas de diez altos representantes del gobierno chavista: los ex ministros del sector petrolero y eléctrico, Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos Cárdenas, el ex directivo de Pdvsa Francisco Jiménez Villarroel, Carlos Aguilera Borjas ex director de la Dirección de los servicios de Inteligencia y prevención (DISIP, ahora SEBIN), Alcides Daniel Rondón Rivero ex viceministro de Seguridad Ciudadana y de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía y el empresario Omar Farías Luces, uno de los mayores aseguradores del gobierno venezolano.
En una información hecha pública en noviembre por las autoridades de Andorra, aparece una nueva lista de clientes de BPA, encabezada por un hermano de Rafael Ramírez, Fidel Darío Ramírez (médico de Hugo Chávez), Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, directora gerente de PDVSA Gas-Colombia, Miguel Ángel Gómez Núñez, exembajador de Venezuela en Nicaragua y asesor de Albanisa; Luis Mariano Rodríguez Cabello; primo y operador de Diego Salazar, que a su vez es primo hermano de Rafael Ramírez.
Las autoridades judiciales andorranas señalan que siguen investigando una gigantesca trama de lavado de dinero vinculada al núcleo duro del régimen que habría lavado más de 1.400 millones de euros solo a través de BPA entre 2006 y 2012, según se pone de manifiesto en sendas comisiones rogatorias enviadas el pasado mes de mayo a Estados Unidos y a la propia Venezuela.
Hasta la fecha, el gobierno venezolano no ha respondido dicha solicitud. La única acción en torno al tema ha sido la anulación de las órdenes de captura contra Villalobos y Alvarado, lo cual apunta claramente a la dirección en la que se mueve el régimen: la impunidad total para quienes saquearon al país.
Fincen, la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de EEUU, acusó a BPA en marzo de lavado de dinero proveniente de una trama de corrupción enquistada en Pdvsa por más de 2.000 millones de dólares.
La detención de Rincón sería uno de los nudos de esta red cuyo centro es Rafael Ramírez a través de sus principales operadores financieros: Diego Salazar Carreño y su cuñado Baldo Sansò.
Los fondos congelados de Diego Salazar
El 30 de noviembre de 2012, a solicitud de la Unidad de inteligencia financiera de Andorra, BPA congelo más de 200 millones de dólares en una de las cuentas de Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez Carreño e intermediario de los seguros y reaseguros de Pdvsa junto con Omar Farías, otro cliente del banco.
Luego de año y medio de negociaciones y de la intervención de abogados de lujo como el ex primer ministro francés Dominique de Villepan, y en vista de que Salazar no tenía ninguna investigación abierta en Venezuela y del complejo entramado de empresas de maletín que utilizó para esconder el origen del dinero, el Tribunal de Corts de Andorra, bajo la dirección de la juez Anna Estragués Armengol, ordeno la liberación de los fondos.
El otro operador financiero de Ramírez es su cuñado Baldo Sansò, especialista financiero, también bajo investigación de autoridades financieras en varios países.
En El Gran Saqueo se detalla una operación investigada por las unidades de inteligencia financiera de Suiza e Italia por resultar sospechosa. Se trataba de una transferencia de 340 mil euros ordenada por Franscisco Javier D´Agostino, operador de Derwick Associates, a través de un banco suizo para una cuenta a nombre de Baldo Sansó – cuñado de Ramírez – en un banco italiano. La justificación inicial era la compra de obras de arte. La transacción había disparado un reporte de actividad sospechosa en 2010 pero no había sido investigado. Cuatro años después, los suizos demandan más datos a pedido de autoridades de EE.UU que investigan a Francisco D´Agostino, residente de Nueva York.
Las autoridades estadounidenses se aproximaban así a establecer el nexo definitivo entre Rafael Ramírez y el grupo Derwick.
Nervis Villalobos y Javier Alvarado también eran clientes de BPA a través de la sucursal en España, Banco Madrid.
Nervis Villalobos , ex viceministro de Energía Eléctrica, abrió cuentas en Banco Madrid a nombre de tres sociedades registradas en Islas Vírgenes y Madeira, según relata El Gran Saqueo. No se encontró en la entidad ninguna información financiera de Kingsway Holdings Overseas Ltd., Kingsway Lda. ni de Ingespre C.A. (Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía ), más allá de dos contratos de asesoría calificados por la unidad de inteligencia financiera española Sepclac como de “anómalos”. A través de estas empresas, Villalobos percibió por lo menos 50 millones de dólares por “asesorar de forma oral a la empresa española Duro Felguera en la posible consecución de la obra de la central termoeléctrica TermoCentro en Venezuela”. El monto del contrato fue de 1.500 millones de euros.
En la misma situación se encuentra Carlos Aguilera, ex director de la Disip (hoy Sebin) en cuya cuenta en Banco Madrid se encontraron depósitos de la empresa contratista española Duro Felguera por más de 90 millones de dólares, correspondientes a contratos con el Metro de Caracas durante la presidencia de su ex compañero de aulas, el mayor general Gustavo González López, actual ministro de Interior, Justicia y Paz.
Con la detención y enjuiciamiento en marzo de los altos directivos de Pdvsa, Josè Luis Parada y Nubia Parada Mendoza acusados por el Ministerio Pùblico de delitos de peculado doloso continuado y asociación para delinquir, se ratifica la red de corrupción que surgió y se fortaleció en la Pdvsa de Rafael Ramírez.
De repercusión internacional fue también el caso del asesor de Pdvsa Francisco Illaramendi, sentenciado a trece años de prisión en EEUU por el fraude masivo y millonario contra los fondos de los trabajadores de Pdvsa.
Las redes de Ramírez
Un reciente reportaje de The Wall Street Journal sostiene que Ramírez está bajo investigación de varias instancias y agencias de EEUU. Fiscales federales en Nueva York, Washington, Missouri y Texas y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas (DEA), Fincen y el FBI, siguen el rastro del dinero de cuentas de Diego Salazar, Baldo Sansò, Rafael Ramírez y otros miembros del grupo.
Durante los diez años que Ramírez estuvo al frente de Pdvsa logro el control total de las finanzas de la petrolera a través de una red de más de treinta familiares directos e indirectos, amigos y ex compañeros de estudio a los cuales colocó en posiciones clave. La lista incluye también familiares del ex presidente Hugo Chávez.
Una vez caído en desgracia en el gobierno de Maduro fue enviado al exilio dorado que significa ser embajador en la ONU.
Sus redes en Pdvsa comenzaron a ser suplantadas por las redes de Nicolás Maduro y Cilia Flores que colocaron a un sobrino de esta, Carlos Erik Malpica Flores, al frente de las finanzas de la petrolera y de la Oficina Nacional del Tesoro, lo que lo convierte en la práctica, en el administrador de casi la totalidad del dinero del país.
Roberto Rincón tuvo siempre la protección de su compadre Hugo “Pollo” Carvajal hasta que éste quedó en evidencia con el caso Aruba. Rincón decidió entonces mudarse a España para huir del escrutinio de las autoridades de EEUU, pero se confió y volvió a Houston donde su actual visa tipo B1/B2 le permite pasar hasta 6 meses. Allí fue detenido por las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en Ingles), la principal agencia del poderoso Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
El juicio está fijado para febrero. Según fuentes familiarizadas con el caso, las semanas siguientes serán de arduas negociaciones con las autoridades en donde, sin duda, una de las cartas fuertes será toda la información que Rincón aporte sobre las redes de corrupción de Rafael Ramírez en Pdvsa.
Fuente: El Gran Saqueo
