Una amplia nota de El Correo del Caronì ahonda en lo que fue la emergencia eléctrica decretada por Chàvez en 2010 a partir de la cual mas de veinte empresas se beneficiaron de contratos irregulares, en lo que se considera uno de los capítulos mas escandalosos y dañinos del gran saqueo que ha sufrido Venezuela en la última década.
A continuación, la nota de El Correo del Caronì:
La crisis eléctrica que atraviesa el país desde 2009, pudo ser inducida. Documentos prueban que desde el 2008 había un proyecto de “emergencia eléctrica” aun cuando la hidrología y la capacidad instalada de potencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no señalaban problemas de gran magnitud, ni escenarios como los vividos por los venezolanos en los últimos años.
La conclusión sobre la crisis en el sector es parte de una extensa y minuciosa investigación realizada por el experto y consultor internacional José Aguilar, quien tuvo acceso a más de 18 mil documentos facilitados en un trabajo conjunto con el periodista Daniel Rosennauy del Wall Street Journal y José de Córdoba, en el que analizaron las transacciones de la empresa Derwick Associates, conocida en Venezuela como la “Empresa de los Bolichicos”.
El ingeniero detalla que entre sus hallazgos que “las empresas ProEnergy y PacificRim venían haciendo negocios eléctricos en Venezuela desde 2005 a través de Pdvsa”, ente encargado para ese entonces de la energía eléctrica. La empresa ProEnergy, está vinculada con Derwick Associates y Pacific Rimpues ejecutólas obras asignadas a las referidas empresas.
En los documentos queda evidenciado el pago inclusive de sobornos, por montos de hasta 9 millones dólares por la asignación de contratos. Aguilar considera que “adrede” se desatendieron las señales que estaba dando el SEN de agotamiento y necesidad de mantenimiento, todo para sacar partido económico con la designación de “jugosos contratos” donde unos pocos se beneficiarían.
Hay documentos que demuestran cómo se hablaba de una emergencia eléctrica mucho antes de que fuese anunciada
En 2010 la tesis del Gobierno, para declarar la emergencia, fue que producto del fenómeno de El Niño y la sequía los niveles del embalse de Guri bajaran a niveles críticos 240 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y en consecuencia no se podría generar electricidad suficiente para atender la demanda nacional. Con esa excusa en diciembre del 2009 fueron sacadas de operatividad más de 400 celdas en CVG Venalum, cerrada la línea I de CVG Alcasa y apagado los hornos de Sidor.
El drama planteado en aquella fecha por el gobierno “era de difícil ocurrencia porque las probabilidades de que se diera estaban estimadas por los modelos predictivos del SEN en un 2%. Recordemos que Edelca, ahora Corpoelec tras la fusión de las 14 empresas, tiene herramientas predictivas que estiman el comportamiento a 32 meses a futuro. Si se toma el mes de mayo 2008 como punto de partida, entonces en el gobierno sabían el pronóstico hasta febrero del 2011”, apunta.
Pese a esto, se siguió con el “guión” de una emergencia eléctrica, y para ello se propició un escenario que permitiese su declaratoria sin sospechas. Esto incluyó no sólo “ignorar” los modelos predictivos de la hidrología de la cuenca del Caroní, que regula el sistema de embalses desde Guri hasta Macagua, sino también el sobre aprovechamiento de la central hidroléctrica Simón Bolívar (Guri), que fue obligada a generar a tope.
“Se ignoraron las repetidas alarmas reportadas en los informes mensuales del SEN durante 2009, que eran públicos para esa época. Este detalle es muy grave, ya que lo único que tenía que hacer Corpoelec, era reparar o incorporar entre megavatios (MW) nuevos y los ya existentes unos 1.000 MW térmicos adicionales y mantenerlos disponibles. De haber sido así Guri no se hubiese visto en problemas (dado que se sabía el pronóstico con 32 meses de anticipación de lo que haría el río Caroní), cuyas probabilidades estaban en 2 % de alcanzar las cotas crítica de 240 metros sobre el nivel del mar (msnm) , es decir posibilidades casi nulas”, subraya.
“La adición de mil MW térmicos, equivalentes a 8 mil 760 gigavatios hora (GWh) anuales hubiese ahorrado desde enero 2009 a mayo 2010, 7 metros 50 centímetros de nivel al embalse”, y así evitar racionamientos, que desde octubre 2009 hasta junio 2010, totalizaron la cantidad de 1 mil 285 GWh, tampoco era necesaria la disminución de las empresas básicas de Guayana que totalizó para este último período la cantidad de 5 mil 908 GWh, para un total de una restricción de 7 mil 193 GWh a nivel nacional”.
Las acciones aplicadas a las fábricas bolivarenses generó un “derroche energético en los siguientes cuatro años de 30,5 TWh de energía al desperdicio (entre los años 2010 a 2013), es decir la energía no pudo ser aprovechada localmente. De haber tomado las medidas correctas tampoco se hubiese requerido ni las multas y topes de consumo fraudulentamente implantados a la nación, lo cual representa otro delito contra los leales usuarios que pagaron sus facturas eléctricas por el orden de 8 mil 500 millones de bolívares fuertes”.
La energía no aprovechada (30,5 TWh) “es el equivalente de la energía que consume la Gran Caracas por dos años. Sin embargo, se llegó a la osadía de endilgarles a los usuarios la culpa de la crisis eléctrica, sin estos tener acceso a la información y habiéndose cometido el delito de adulterar los datos para establecer las multas, topes e incentivos de consumo”, recalcó.
30,5 TWh representan “el equivalente a 61 millones,de Barriles Equivalentes de Petróleo; es decir casi un mes de la producción petrolera nacional. ¿Será que este tipo de acción representa una acción consciente y eficiente?”, se cuestiona el ingeniero haciendo uso del eslogan de la campaña de ahorro de Corpoelec.
Para el especialista venezolano, el manejo premeditadamente errado del SEN creó “infinitos daños económicos a la nación que han sumido a Venezuela en la era de la des-energización y en la pérdida de calidad de vida de la sociedad, dando una propulsión silente a la escasez, la inflación, desfavorable balanza de pagos y la pérdida de empleos dignos para la gran familia venezolana”.
Pese a las conclusiones de su estudio, el experto considera que “la diatriba no está en si la empresa Derwick Associates, se benefició o no indebidamente de la crisis eléctrica, es innegable que se beneficiaron indebidamente, pero ellos no fueron los únicos”.
Entre los otros señalados, que se aprovecharon de contratos en SEN pero en la instalación termoeléctrica están: Ovarb, KCT Cumana II, Cielemca, Southern Turbines, Marse C.A, PacificRim, Sino Hydro, China MachineryEngineeringCorporation (Camce), ProEnergy, todos en estrecha coordinación con los entonces ministros (Energía y Petróleo) Rafael Ramírez y Rodolfo Sanz (Ministerio de Industrias), pues hasta en Sidor se llegaron a instalar desatinadamente megavatios térmicos”.
José Aguilar destaca que el punto crucial de la coyuntura energética y cómo se llegó hasta ella es que “se cometió desde el Estado un crimen de cuello blanco contra la nación, induciendo una crisis eléctrica perfectamente evitable y cuya prevención se hubiese podido realizar por un costo menor a 1 mil millones de dólares, pero queda claro, que la agenda era otra…esquilmar los recursos de la nación en una descabellada expansión termoeléctrica sin el suficiente combustible requerido (gas natural)”.
Una crisis que pudo resolverse con 1 mil millones de dólares, terminó costando más de 36 mil millones de dólares, una cifra de escándalo que en otras circunstancias debería haber obligado una investigación.
La abultada cifra resulta del análisis de 44 proyectos termoeléctricos (equivalentes a la incorporación de 14 mil 880 megavatios) hecha por Aguilar en el que encontró que algunas de las unidades ni siquiera eran nuevas, sino de segunda y tercera mano.
Comenta que hay otros 12 proyectos termoeléctricos, que no ha podido seguir en su totalidad para determinar su costo y el sobreprecio, lo cual quiere decir, que los 36 mil millones de dólares no son la totalidad del costo de la crisis, sino que aún falta más dinero que se asignó y no llegó a cometer su propósito de generar bienestar al pueblo a través de la energía eléctrica.
“Para cuando proyecto de emergencia eléctrica pasa a decreto de emergencia eléctrica, el 8 de febrero de 2010, ya la olla del mayor guiso eléctrico de nuestra historia eléctrica de 127 años estaba casi consumado, habiéndose adquirido la gran mayoría de las plantas entre los años 2005 a 2009. Siendo el decreto un escudo legal a las múltiples irregularidades cometidas que se habían cometido, irregularidades que hasta el sol de hoy siguen en plena impunidad”, agrega Aguilar.
Escenario cíclico
Mucho ha pasado en el Sistema Eléctrico Nacional y para pesar de los venezolanos, mucho se necesitará para recuperarlo. La ausencia de mantenimientos, la sobreutilización de unidades, los rezagos en la incorporación de nuevos megavatios, la falta de líneas de distribución de energía, y múltiples factores como la corrupción, hacen que el actual panorama sea menos alentador.
José Aguilar lamenta que estemos a las puertas de “una suerte de Deja Vú. En la actualidad el embalse de Guri se encuentra en serias dificultades, con nuevos mínimos históricos de su nivel, producto de un cúmulo de abusos en especial en los últimos 18 meses, en los que se ha administrado el agua con criterios de abundancia en tiempos de austeridad”.
Todo esto conlleva a que, de seguir así la hidrología y la administración del embalse, la generación pueda verse comprometida en los próximos meses. Los megavatios térmicos, instalados para reducir la dependencia de las hidrocentrales, no están disponibles, lo que obligaría a sumir el país en racionamientos aún mayores que los ya vividos en tiempos anteriores, porque en Guayana no se puede racionar más.
Este escenario atenta, no sólo contra la calidad de vida del venezolano, también con la posibilidad de una recuperación económica. Sin energía no hay producción. “La energía es el motor de un país, a la nación se le prometió que el SEN sería muy diferente y el resultado es deplorable”.
Para el ingeniero Aguilar la recuperación del sistema eléctrico pasa por un cambio político en el país que propicie investigaciones sobre el desvío de los recursos y la reorientación de los esfuerzos para empezar a recuperar el parque térmico y optimar el hidroeléctrico, dicho cambio, no sería suficiente a menos que regrese personal capaz pero con ética que armados con una gran capacidad de trabajo y apoyo del Estado para acometer los inmensos retos donde se debe privilegiar el mantenimiento versus la instalación de más megavatios.
