Un carro bomba provocó la muerte de 85 de las personas reunidas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. El 25 de octubre de 2006, la justicia argentina, después de años de investigar el caso y tomar cientos de declaraciones y evaluar pruebas, representada por los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, formalmente acusó al gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbolá de ejecutarlo.
El fiscal Alberto Nisman, asesinado en enero de este año en su apartamento de Buenos Aires, había denunciado a la ex presidenta argentina Cristina Kirchner por tratar de encubrir las responsabilidades del gobierno de Teherán en el atentado terrorista. En el marco de la misma investigación, un juez firmó y guardó en una caja fuerte su voto, decisivo para inculpar a Kirchner, por temor a las represalias.
Se trata de una resolución que el kirchnerismo bloqueó durante meses. En los documentos del caso, el fiscal Nisman también nombra ocho veces al gobierno de Hugo Chávez, como detallamos en la nota «Pasaportes venezolanos bajo sospecha».
Ahora, en el marco de un nuevo gobierno, la justicia argentina desempolva el caso.
Aquí la nota completa del diario El Clarín del 24/12/15:
Pacto con Irán: un juez acusó a Cristina de traición a la Patria
Una resolución que el kirchnerismo bloqueó durante meses.Se trata del miembro de la Cámara de Casación, Juan Carlos Gemignani. Lo hace en un voto que hasta ahora era reservado.
El motivo de tantas maniobras políticas era hasta ahora un misterio político. Cristina Kirchner hizo remover en mayo al juez Luis Cabral de la Cámara de Casación. Luego hizo recusar a su colega Juan Carlos Gemignani y nombrar a dos abogados K. Todo después de que Gemignani firmó y guardó en una caja fuerte su voto sobre el pacto con Irán por la AMIA porque se había enterado que su explosivo contenido había llegado a oídos del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, uno de los operadores judiciales de Cristina. Si Cabral hubiese sumado su voto al de Gemignani el pacto hubiese sido declarado inconstitucional en mayo y Cristina seguramente ya habría sido acusada por su accionar.
Ahora Clarín accedió en exclusiva a una copia de ese voto de Gemignani que declara inconstitucional el pacto con Irán y acusa a Cristina, al ex canciller Héctor Timerman y otros de haber transferido la soberanía argentina a Irán, al que llama «el estado sospechoso» de haber ordenado el atentado. Esa transferencia de soberanía a otro país se encuadra en el delito de traición a la Patria.
«Cualquier fiscal puede ahora pedir ese voto y acusar a Cristina y a Timerman de encubrimiento de los iraníes y traición a la Patria lo que está implícito en el escrito», afirmó una alta fuente judicial.
El voto de 47 páginas reivindica con jurisprudencia y argumentos jurídicos de peso la denuncia de Nisman por encubrimiento de los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado. La denuncia de Nisman fue archivada por el juez federal Daniel Rafecas. El fiscal de Casación, Raúl Pleé, pidió ya mandar la documentación secreta de Cancillería a Rafecas para reabrir esa causa. Ahora el voto de Gemignani es otro argumento de peso en ese sentido.
El pacto con Irán era inconstitucional -dijo Gemignani- también porque el atentado contra la AMIA de 1994 había sido declarado delito de lesa humanidad por la Justicia y por un decreto del ex presidente Néstor Kirchner en el 2006.
Gemignani citó el fallo de la Corte del llamado caso Julio Simón (quien usó el nombre de guerra «turco» Julián) en que declaró inconstitucional las leyes de Obediencia Debida y Punta Final y reivindicó la soberanía de la Argentina para investigar a los represores que habían empezado a ser reclamos por la Justicia de España. Incluso votó a favor Eugenio Zaffaroni, cercano al kirchnerismo.
Al aceptar Gemignani la declaración de inconstitucionalidad pedida por la AMIA y la DAIA, afirmó que el Gobierno de Cristina y los legisladores que votaron el pacto cometieron «una triple lesión a la soberanía nacional».
Por un lado, aceptar la comisión de la Verdad -que iban a integrar cinco juristas internacionales- significaba «admitir injerencia extranjera» sobre el juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene la causa AMIA. Por otro, «se autorizaba a Irán a nombrar parte de sus miembros» y, además, «se prohíbe que esté integrado por argentinos».
Luego destaca que el artículo 19 de la Constitución prohíbe al presidente ejercer funciones judiciales y destaca que «no hay antecedentes» en la historia del juzgamiento de atentados terroristas que un estado permita la creación de una comisión especial y que «ceda a otro país la designación de los integrantes de la comisión».
Las normas del pacto «conforman una considerable restricción del ejercicio de la potestad de encarcelamiento» del juez «en cuanto establecen dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsables», que era uno de los puntos que denunció Nisman contra Timerman. La opinión de Cristina de que el pacto iba a ayudar a resolver el atentado contra la AMIA «es una cosmovisión tan simplista, infantil y reduccionista que conforma en su esencia la negación de la idea de la responsabilidad» del ataque, finalizó Gemignani.
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