Dic 11, 2015 | Carlos Tablante
La designación de la jueza Susana Barreiros como Defensora Pública General ha causado sorpresa e indignación. Barreiros no solo es la misma que condenó sin pruebas a Leopoldo López a catorce años de prisión, sino que también es la juez que liberó a los banqueros culpables de uno de los episodios más escandalosos de la historia de la corrupción en Venezuela.
La llamaron “mini crisis financiera” pero de mini no tuvo nada.
El mega fraude contra la nación cometido entre 2009 y 2011 por más de 21 bancos, 50 casas de Bolsa y 7 aseguradoras, le costó a la nación alrededor de 60 mil millones de dólares, según cálculos plasmados en la denuncia que hizo el diputado Ismael García en su momento ante la Fiscal General de la República.
A diferencia de la crisis bancaria de 1994, los fondos que se perdieron en esta ocasión – o mejor dicho, se robaron – en su mayor parte no pertenecían a ahorristas sino al Estado venezolano.
El 80% de los fondos involucrados correspondía a recursos de los presupuestos de organismos públicos que habían sido depositados – vía soborno – por altos funcionarios responsables de las finanzas como el propio tesorero nacional, y otros siguiendo instrucciones de ministros, directores, gobernadores y alcaldes corrompidos.
Entre los bancos protagonistas del mega fraude destacaron Canarias, Banpro, Baninvest, Real, Inverunión, Del Sol, Helm Bank de Venezuela, Bancoro, Banvalor y Casa Propia.
A través de ilegales operaciones en torno al diferencial cambiario, los dueños de esos bancos surgidos a la sombra de la autodenominada revolución bolivariana y por lo tanto conocidos popularmente como boli-burgueses, obtuvieron multi millonarias ganancias que inmediatamente pasaron a engrosar sus cuentas personales en bancos internacionales como Barclays, Lehman Brothers, Calyon, Welstb AG, AB Svensk Expotkredit Sek, HSBC Bank USA, Credit Suisse, Deustche Bank AG FLR, Dresdner Bank AG, ING Bank NV, Morgan Stanley, BNP Paribas, JP Morgan, Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH), Banca della Svizzera Italiana (BSI), Julius Baer, Societe General en Mejico y Banca Privada de Andorra (BPA), entre otros.
Los nuevos banqueros o seudo banqueros, para ser más precisos, estructuraron una red de casas de bolsa, sociedades de corretaje, aseguradoras y empresas de maletín para, con los depósitos de fondos del Estado y abusando del sistema de control de cambio de la moneda, ponerle la mano a fortunas de dimensiones colosales. Es lo que llamaban eufemísticamente, hacerse rico en base a “ganancias con el diferencial cambiario”.
Para ello utilizaron todo tipo de instrumentos financieros como bonos, notas estructuradas, fideicomisos, certificados, autopréstamos y créditos a empresas de maletín, entre otros.
Los nombres de los principales responsables de lo que constituye uno de los mayores fraudes en la historia de las finanzas, ya se conocen: Ricardo Fernández Barrueco, César Camejo Blanco, Arné Chacón Jaramillo, Pedro Torres Ciliberto, Gonzalo Tirado Yépez, Juan F. Lara Fernández, Tomás A. Vásquez Estrella, José L. Pichardo Salazar, Tommaso O. Ventresca Latorre, Andrés J. Delgado Almoguera, Orlando Suárez Contramaestre, Luis Suárez Montenegro, Rolando J. Araujo Pisan, Carlos S Ponce Fuentes y Álvaro Gorrín Ramos, entre otros.
En su mayoría huyeron del país y aunque en un principio estuvieron solicitados por Interpol, las respectivas alertas rojas desaparecieron por decisión de la directiva de esa organización policial internacional con sede en Lyon, Francia, que utilizó el sorprendente pretexto de una supuesta persecución política del régimen contra los banqueros boliburgueses, para suspender la medida. Es decir, individuos que no habían manifestado jamás ninguna crítica al gobierno de Hugo Chávez, sino que por el contrario, eran ardientes defensores públicos del mismo – para ejemplo un botón: Pedro Torres Ciliberto – pasaron de la noche a la mañana a ser insignes representantes de la oposición venezolana, según Interpol. En todas partes se cuecen habas, como dice el refrán español.
Sin embargo, los banqueros boliburgueses no desfalcaron al país por si solos. Contaron con la complicidad de altos funcionarios que colocaron los dineros públicos en esos bancos privados de alto riesgo. Los recursos vinieron de muchos organismos del Estado pero en especial de la Oficina Nacional del Tesoro, de la mano de humildes militares, ahora multimillonarios: la almirante Carmen Meléndez ex de Maniglia, el teniente Alejandro Andrade Cedeño, la sargento técnico Claudia P. Díaz Guillén, el general Rodolfo Marco Torres y la contralmirante María Elisa Domínguez.
Estos altos funcionarios no tenían ningún conocimiento financiero, mucho menos de altas finanzas públicas. Sin embargo, eso no constituyó problema alguno para que permanecieran durante años en el cargo, enriqueciéndose. Rápidamente surgieron asesores y operadores: Moris Beracha, Francisco Illaramendi, Leonardo González Dellàn, Adrián Velásquez (alias Guarapiche), Charles Henry de Beaumont y Luis Alfonso Oberto, entre otros.
Todos fungieron de puente con los banqueros boliburgueses y asesoraron a los nuevos funcionarios entre ellos a varios ministros de Finanzas como Rafael Isea, al directorio del Banco Central, a la SUDEBAN, la SUDEASEG y la Comisión Nacional de Valores (CNV), instituciones que, en el mejor de los casos, no cumplieron con su deber de supervisión. Con la excepción de la CNV, en la cual Antonio Márquez y Mario R. Dickson Gutiérrez, ex presidente y ex directivo respectivamente, estuvieron detenidos, ningún otro alto funcionario fue llamado a declarar ni siquiera como testigo por el Ministerio Público, dentro de la investigación solicitada por el propio Hugo Chávez en noviembre de 2009, cuando el escándalo ya era inocultable.
Se detuvo y abrió juicio a Ricardo Fernández Barrueco, César Daniel Camejo Blanco, Arné Chacón Jaramillo, Freddy Gómez Rangel y José Camacho Uzcátegui y quince directivos más, acusados por diferentes delitos, entre ellos, distracción de fondos, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, publicación de información financiera falsa y asociación para delinquir.
Sorpresivamente, la noche del sábado 29 de diciembre de 2012, cuando los venezolanos se preparaban para despedir el año, los veinte ex directivos de las instituciones financieras intervenidas o liquidadas que estaban siendo procesados quedaron en libertad bajo medidas cautelares por orden de los tribunales 5, 11 y 28 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, este último presidido por la jueza Susana Barreiros.
Quedaron en libertad condicional –según un comunicado– 17 directivos de bancos y casas de bolsa, aunque fuentes judiciales aseguraron en el momento que los liberados fueron 20 y que entre ellos también figuraba Arné Chacón, directivo del extinto Banco Real y hermano del ex ministro del Interior, Jesse Chacón. Sin embargo, su nombre no apareció en la comunicación oficial.
Dos semanas después, el banquero César Camejo Blanco, ex presidente de Casa Propia, que había sido detenido en un aeropuerto en enero de 2011, también obtuvo libertad condicional bajo medidas cautelares de régimen de presentación ante el tribunal cada 8 días, prohibición de salida del país y de emitir declaraciones a la prensa.
El 27 de marzo de 2013, en plena Semana Santa, de nuevo la juez Susana Barreiros, decidió la liberación de Ricardo Fernández Barrueco, uno de los últimos banqueros que permanecía detenido. Al igual que en los casos anteriores, en teoría, el proceso en su contra continúa y tiene prohibición de salida del país.
La mayoría de los indiciados obtuvieron la libertad condicional en dos fechas emblemáticas: la víspera de año nuevo de 2012, con un Chávez moribundo en Cuba, y la Semana Santa de 2013 cuando Venezuela aún velaba sus restos y ejercía como presidente provisional del país Diosdado Cabello con el apoyo del sucesor designado, Nicolás Maduro.
Nada más se ha sabido de ninguno de los juicios pendientes y, por el contrario, si se ha visto a varios de los banqueros liberados no solo circulando libremente en el exterior y por el territorio nacional sino emprendiendo nuevos negocios con el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos de ellos han recuperado bienes y capitales como es el caso de Julio Herrera Velutini, gracias a la diligencia del ex presidente de Fogade, David Alastre.
Fue así como la jueza Susana Barreiros se ganó el título de defensora de los banqueros boliburgueses.
Sin embargo, Barreiros al parecer no estaba sola en su propósito de beneficiar a los banqueros.
Dos años antes habìa tenido lugar un interesante antecedente.
En una maratónica sesión de la Asamblea Nacional presidida por Cilia Flores, extendida hasta la madrugada del 17 de diciembre de 2010, con los votos de la mayoría oficialista y la abstención de los diputados de la oposición, se aprobó la Ley del Sector Bancario, en la cual se excluía totalmente del texto el delito de apropiación o distracción de fondos.
Los juicios seguidos a los banqueros privados de libertad, se paralizaron por la indefinición jurídica surgida del borrón legislativo. Los abogados defensores alegaron que el alcance de la nueva ley implicaba una despenalización del delito de distracción de fondos y por esta razón los detenidos debían salir en libertad.
La Ley de las Instituciones del Sector Bancario fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015 del 28 de diciembre de 2010 y dejó al país con tres meses de incertidumbre ante la posibilidad de que salieran libres los detenidos y cesara la investigación penal sobre los implicados en el macro fraude financiero.
Chávez midió las consecuencias de la acción que habían cometido sus diputados y tres meses después, usando los poderes habilitantes, restituyó la norma que sanciona penalmente la apropiación o distracción de recursos, como quedó plasmado el 2 de marzo de 2011 en la Gaceta Oficial 39.627.
Año y medio después, los banqueros boliburgueses y sus cómplices encontraron la vía para evadir la justicia.
Susana Barreiros, la implacable jueza que sin pruebas, violando el debido proceso y los más elementales derechos humanos encarcelaron a Leopoldo López y a otros venezolanos solo por pensar distinto, benefició con sus decisiones a una parte de la casta corrupta que saqueó al país.
Lamentablemente, los graves hechos aquí relatados no son cosa del pasado.
El saqueo comenzó con la presidencia de Hugo Chávez pero ha continuado con Nicolás Maduro.
Con nuevos bancos, diferentes asesores, otros ministros, directores y gobernadores, y un nuevo tesorero nacional, Carlos Erik Malpica Flores, que tiene sus propios operadores.
Esta nueva fase del saqueo y sus protagonistas los abordamos en detalle en el capítulo titulado Codicia sin Límites de El Gran Saqueo.
