A medida que la búsqueda del fugitivo Joaquín «El Chapo» Guzmán se intensifica, las autoridades mexicanas han anunciado la confiscación de un total de 11 aviones, ocho vehículos y seis casas pertenecientes al capo, en los últimos cinco meses.
Eso es probablemente sólo una pequeña fracción de los activos que Guzmán ha acumulado durante su vida de delincuente. Al cartel de Sinaloa se le atribuye el tráfico de miles de millones de dólares en narcóticos a Estados Unidos cada año, según las estimaciones del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
La brecha entre lo confiscado y la potencial riqueza de Guzmán subraya una creciente preocupación: ¿Por qué el gobierno mexicano no puede hacerse con más de las ganancias mal habidas de Guzmán? El problema, dicen los críticos, es la falta de leyes con “dientes”, y la motivación para cambiar esa situación.
«México es un Estado débil que todavía tiene que desarrollar una verdadera voluntad política en torno a la aplicación de esas leyes», dijo el abogado Edgardo Buscaglia, que ha asesorado al Senado de la República de Mèxico sobre el decomiso de activos.
En 2009 se promulgó una ley destinada a dar a las autoridades amplios poderes para confiscar los activos de los miembros del cartel de drogas. Sin embargo, el resultado fue completamente distinto. La ley permite que sólo el fiscal general – a diferencia de los fiscales locales – puede confiscar los activos, lo que en la práctica significa que las autoridades federales están sobrecargadas y los casos se pierden en la lentitud de la colapsada burocracia central.
El resultado global ha sido que ahora se resuelven menos casos con éxito contra la delincuencia organizada – un total de 43 en los últimos seis años en México, aproximadamente el mismo número que la vecina Guatemala logra en un año, según un informe del Senado mejicano.
La ley mejicana también exige que los propietarios sean condenados antes que las autoridades puedan apropiarse de sus activos, lo que retrasa las confiscaciones por meses o incluso años. Muchos casos terminan simplemente colapsados.
«Atacar a los grupos criminales financieramente mediante la incautación de las propiedades y las empresas que les proporcionan apoyo financiero y logístico es una parte esencial de la lucha contra la delincuencia organizada», dice Antonio Mazzitelli, representante de América Latina de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. «En México, meten un delincuente en la cárcel, y no pasa nada.»
Desde 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido las operaciones en ese país a 95 empresas mexicanas y a cientos de individuos vinculados al imperio de las drogas de El Chapo. Sin embargo, todos ellos continúan operando libremente en México.
El año pasado, un gran jurado estadounidense acusó a Ignacio Muñoz Orozco, el propietario de una cadena de ropa mexicana, de lavado de dinero relacionado con el cártel de Sinaloa. Orozco había servido como funcionario del más alto nivel en el Ministerio de Desarrollo Social federal de México a mediados de los años 2000. A pesar de la sentencia de la justicia estadounidense, Muñoz Orozco todavía no enfrenta ninguna denuncia en México.
«Hay miles de estos casos que los fiscales mexicanos se niegan a seguir», dijo Buscaglia.
El caso de El Chapo Guzmán también pone de relieve la naturaleza de la corrupción en el país, donde el grupo de vigilancia Transparencia Internacional informa que la delincuencia organizada ha “capturado” a las instituciones públicas.
El capo de la droga se escapó de la prisión de máxima seguridad en julio mediante un túnel de un kilómetro. La policía ha detenido al director de la prisión y varios guardias en relación con la fuga.
Era la segunda vez que Guzmán burlaba el sistema penitenciario mexicano. Antes de ser arrestado el año pasado, había estado prófugo durante 13 años después de huir de otra prisión.
Alejandro Hope, analista de seguridad independiente y ex funcionario de inteligencia mexicana con sede en la Ciudad de México, dijo que el país no cuenta con suficientes recursos para hacer frente a la gran corrupción del país y los problemas de la delincuencia organizada.
«La corrupción es, sin duda, abundante en México», dijo Hope. «Pero también carecemos de la policía y los fiscales con la experiencia para llevar a cabo este tipo de investigaciones.»
Bienes se deterioran esperando juicios
En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Mèxico puso a la venta aeronaves y residencias que pertenecieron a narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ignacio “Nacho” Coronel.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) realizó alrededor de diez subastas públicas presenciales y por Internet, en las que sólo pudo vender tres aeronaves en precios que oscilan entre 400 mil y 3 millones de pesos. Las mismas pertenecían a la Dirección General de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Dentro de la lista de bienes decomisados por el gobierno federal que pasó a subasta destaca una residencia en Jalisco, cuyo valor inicial era de 4 millones y medio de pesos, y que fue utilizada en los ochenta por el cártel de Sinaloa.
Ocho Cessnas y seis Gulfstream Grumman II de diversos modelos, un Sabreliner y un Beechcraft King Air 300, fabricados entre 1968 y 1986 también fueron subastadas.
Algunos de estos aviones fueron incorporados a la flota de intercepción de la PGR después de ser confiscados. Las aeronaves tipo Grumman son usadas cotidianamente por funcionarios de la PGR para trasladarse en el país, y su venta se inició en subasta con precio de salida de 202 mil pesos.
No sólo se vendieron las residencias y aeronaves , también artículos de joyería y relojes de oro con incrustaciones de piedras finas, de marcas de importación, los cuales fueron decomisados a narcotraficantes de diversos cárteles en los años 80 y 90.
Con información de star daily standar y news urban 360
