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Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de este año cuando quedó al descubierto la red de delitos financieros e irregularidades que creció en Pdvsa durante el mandato de diez años de Rafael Ramírez Carreño.
Todo comenzó en Europa, con una nota que envió la Unidad de inteligencia financiera (FinCen) del Departamento de Tesoro de EEUU a uno de los cuatro principales bancos andorranos: Banca Privada de Andorra (BPA). En ella, el organismo regulador señalaba al banco de sospechoso de lavar dinero proveniente de la mafia china, rusa y de una trama de corrupción enquistada en Pdvsa que habría legitimado más de 2.000 millones de dólares en cuentas tanto de la sede central en Andorra como de sus filiales en Madrid y Panamá.
La grave denuncia ocasionó la intervención de BPA y el cierre de todas las sucursales por parte de las autoridades financieras de Andorra, España y Panamá.
Se descubrieron así las cuentas millonarias de cinco ex altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y la de uno de sus mayores contratistas. Se trata de los ex ministros del sector petrolero y eléctrico, Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos Cárdenas, el ex directivo de Pdvsa Francisco Jiménez Villarroel, Carlos Aguilera Borjas ex director de la Dirección de los servicios de Inteligencia y prevención (DISIP, ahora SEBIN), Alcides Daniel Rondón Rivero ex viceministro de Seguridad Ciudadana y de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía y el empresario Omar Farías Luces, uno de los mayores aseguradores del gobierno venezolano.
Todo indica que los fondos, cuyo origen en su mayoría no fueron justificados por los titulares de las cuentas, correspondían al pago de sobornos, enmascarados como comisiones, a cambio del otorgamiento de millonarios contratos públicos del sector eléctrico, transporte y de seguros en Venezuela.
Durante la investigación se reactivò un caso por corrupción y narcotráfico que se encontraba pendiente. Se trata de la red conformada por un alto ex directivo del CICPC y varios traficantes de drogas que, mediante pasaportes diplomáticos otorgados por la cancillería venezolana lograron trasladar millones de dólares en maletas a la sede central de BPA en Andorra La Vieja.
Norman Puerta, ex jefe antidrogas del CICPC se entregó a la Fiscalía. El Ministerio Público apresó a los pocos días a Richard José Cammarano Jaimes por narcotràfico en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a viajar con la ex magistrada del TSJ Miriam del Valle Morandy Mijares quien meses antes había sido fuerte candidata a la Fiscalía General, designación para la que se especuló que contaba con el apoyo de su amiga personal Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro. Finalmente el cargo quedó en manos de la antigua titular del mismo, Luisa Ortega Díaz.
De los otros dos narcotraficantes implicados: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, no se volvió a hablar.
Con la entrega de Puerta y la aprehensión de Cammarano, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz dio por cerrado el caso Andorra. Nunca ordenó la investigación solicitada por varios sectores y personalidades que exigían una averiguación profunda del caso en torno a los nombres de altos ex funcionarios, operadores y contratistas señalados por las autoridades europeas.
El caso Andorra es una prueba mas de que la corrupción política es la llave que abre la impunidad de otras actividades criminales como el tráfico de drogas, la extorsión y el soborno.
Sin embargo, en Europa y EEUU el caso no sólo permanece abierto sino que cada vez arroja más luces sobre el entramado de corrupción en Pdvsa.
Uno de los puntos que se confirmó fue la información, dada a conocer por el ex ministro antidrogas y ex parlamentario Carlos Tablante, quien desde 2014 solicitaba investigar un dato que circulaba sobre unos 200 millones de dólares de Diego Salazar Carreño, supuestamente congelados en un banco de Andorra.
Las grabaciones realizadas por la policía española sacaron a la luz las conversaciones entre el acaudalado operador de las empresas de Salazar en Venezuela, Luis Mariano Rodríguez Cabello y Pablo Laplana, gestor de las cuentas de los clientes venezolanos en BPA, hoy bajo investigación por lavado de dinero. En ellas se ratificó la información sobre la cuenta congelada y se aportaron datos que apuntaban hacia otros graves delitos cometidos inclusive en territorio nacional.
Salazar Carreño contrató a un abogado de lujo para liberar el dinero, nada más y nada menos que un ex primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, que en su juventud vivió en Caracas.
Luego de año y medio de pleitos legales, Villepin y los abogados locales de Salazar en Andorra, Jesús Jiménez y Josep Silvestre, lograron la liberación de los fondos a través de una orden del tribunal supremo de Andorra. La fiscalía del principado no pudo probar el origen ilegal de los fondos que habían sido lavados a través de una intrincada madeja de empresas de maletín y fundaciones registradas en Panamá, Curazao, Belice y Luxemburgo. Sin embargo, el principal argumento de la defensa fue que su cliente no tenía antecedentes ni ningún juicio abierto en su país de origen: Venezuela.
De eso se había cuidado Salazar hacía tiempo. Sus contactos al más alto nivel y algunas operaciones puntuales para comprar impunidad también quedaron corroboradas en las conversaciones telefónicas de Laplana con Rodríguez cuando éste relató un episodio en el cual, para detener una investigación generada por un reporte de actividad sospechosa (RAS) emitido por un banco, Salazar sobornó a autoridades policiales venezolanas con más de 80.000 dólares.
Gracias a las indagaciones españolas y andorranas también quedó claro el papel que ejerce Salazar como súper intermediario del Fondo Chino Venezolano. Todo indica que no se movía una hoja dentro del convenio que no reportara alguna comisión para Salazar, el primo hermano del responsable del fondo: Rafael Ramírez.
Diego Salazar no estaba solo en la red de corrupción de Pdvsa. Gracias a la indagación realizada por la Unidad de inteligencia financiera de España (Sepclac) se pudo conocer sobre los sobornos recibidos por los ex viceministros de Energía Eléctrica y ex presidentes de la Electricidad de Caracas y Corpoelec, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, hoy en EEUU.
Por su parte, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, socios en una de las mayores contratistas de Pdvsa, se encuentran detenidos y enjuiciados en una corte de Texas por corrupción y lavado de dinero.
Nervis Villalobos fue señalado en una demanda en EEUU de recibir sobornos de la contratista eléctrica Derwick Associates, entre otras. Según The Wall Street Journal, Villalobos sería uno de los principales testaferros de Rafael Ramírez.
El 5 de noviembre, aparecen nuevos cuentas de ex funcionarios chavistas en BPA en Andorra y Panamá: el hermano de Rafael Ramírez y médico de Hugo Chávez, Fidel Ramírez, el principal operador de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Miguel Ángel Gómez Núñez, exembajador de Venezuela en Nicaragua; Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, ex directora gerente de PDVSA Gas-Colombia, reemplazada recientemente por Laura Guerra Angulo, una ex cuñada de Nicolás Maduro, dentro del mecanismo de sustitución de una red por otra que se está produciendo dentro del gobierno.
Las autoridades financieras españolas apuntan sus baterías ahora hacia otro punto que podría generar aún más información para aclarar las redes de corrupción de Pdvsa: El 27 de noviembre el Banco de España acusó a BPA de comprar Banco Madrid (su sucursal en España) con dinero opaco.
Surge ahora la pregunta: Quién o quiénes están detrás de la compra del banco que permitió a ex funcionarios, operadores y contratistas chavistas introducir fondos ilegales desde el paraíso fiscal andorrano a uno de los principales países miembros de la Comunidad Europea?
Esta historia continuará en 2016, no les quepa ninguna duda.
