El Ministerio Público acusó al teniente de la Armada Bolivariana de Venezuela, Neil Varela Antías (25), así como a Javier Rivero Cisneros (24) y Douglas Hernández Durand (20), por su presunta responsabilidad en el homicidio de los alguaciles del Palacio de Justicia de Caracas, Alonso Posada Linares (27) y Andreina Sosa Briceño (23).
Los cadáveres de Posada y Sosa fueron localizados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la madrugada del 14 de junio de 2015 en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Caricuao.
Los fiscales 36º nacional auxiliar y 55º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Luis Felipe Cádiz y Miguel Ángel Hernández, respectivamente, acusaron al militar y a los dos hombres por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, robo agravado, asociación para delinquir y robo agravado de vehículo automotor.
Tales delitos se encuentran tipificados en el Código Penal y las leyes Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores.
En el escrito presentado ante el Tribunal 50º de Control del AMC, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los tres hombres y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Varela Antías, Rivero Cisneros y Hernández Durand, quienes permanecen recluidos en el Internado Judicial Capital Rodeo II, en Guatire, municipio Plaza del estado Miranda.
Aproximadamente, a las 2:00 de la madrugada del citado día, funcionarios del Cicpc localizaron los cadáveres de los mencionados alguaciles con varios disparos en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la estación de servicio de combustible de Caricuao.
En virtud de una orden de aprehensión emitida por la citada instancia judicial y materializada el 11 de noviembre de 2015, Douglas Hernández fue detenido por funcionarios del Cicpc en una vivienda de la urbanización La Bonita del municipio Baruta.
En el caso del teniente Varela y Rivero Cisneros, ambos estaban privados de libertad y acusados por el Ministerio Público, tras el homicidio de una mujer ocurrido el 13 de julio en San Bernardino, casi un mes después del hecho de los dos alguaciles.
Por ese caso, el 19 de agosto de 2015, funcionarios de la policía científica detuvieron a Rivero en su residencia ubicada en la avenida Morán de Caracas y al teniente Varela en su comando de la Armada Bolivariana, en Mamo, estado Vargas.
Tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó la presunta vinculación de Rivero Cisneros y Varela Antías en la muerte de los alguaciles Posada Linares y Sosa Briceño.
