Los 107 diputados pertenecientes al Bloque de la Unidad negaron, con su voto, el Decreto de Emergencia Económica que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, consignó ante el Parlamento.
El presidente del Parlamento, diputado Henry Ramos Allup encabezó el acto de votación en el debate, y condenó la forma en que el Gobierno Nacional ha manejado la situación económica del país.
El informe de la Comisión
La Comisión especial de la Asamblea Nacional que analizó el Decreto de Emergencia Económica decidió no aprobar la solicitud presentada por el Ejecutivo Nacional. Voceros de la instancia parlamentaria opinaron que el mismo, además de innecesario, podría agudizar la crisis económica, especialmente en los sectores laborales, en la industria manufactures y en los pequeños comerciantes.
Las conclusiones fueron leídas por el diputado José Guerra, presidente de la comisión, quien posteriormente giró instrucciones para distribuir el informe correspondiente a todos los representantes del Parlamento Nacional, dada la solicitud de de la bancada Polo Patriótico, quienes dijeron desconocer el contenido del mismo.
Entre las consideraciones generales del texto destacan que la emergencia económica, es uno de los estados de excepción establecido en la Constitución, que solo se puede declarar ante condiciones objetivas de suma gravedad, que hagan insuficiente al estado para atenderlo.
La aprobación del decreto supondría que la Asamblea Nacional acepta como objetiva la definición de emergencia económica contenida en él, sin embargo – dice el informe -, esto supondría que se aleje de su responsabilidad legislativa y contralora, durante la crisis que enfrenta el país de acuerdo a varias consideraciones.
Como objeciones sobre la motivación del decreto el informe dice que «parte de un diagnóstico insatisfactorio de las causas de la crisis económica, omitiendo aspectos claves que requieren de atención urgente».
Difiere que la actual crisis sólo dependa de la ‘crisis económica’ iniciada contra el pueblo y coordinada por «factores externos e internos en detrimento de las actividades económicas’, en este sentido «el ejecutivo no reconoce ningún efecto a las políticas, fiscal, monetaria cambiaria y de precios que se aplican en la actualidad».
‘Se trata de políticas aplicadas desde el año 2003, cuando los precios petroleros comenzaron a incrementarse sostenidamente’. El documento indica que el uso recurrente de la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, tuvo efectos negativos en la inflación y depreciación del bolívar.
A estos argumentos se suma que «la previsible caída del precio del petróleo» arrastraría a las importaciones de bienes de consumo, maquinarias e insumos necesarios para la actividad económica y social pública y privada».
Dice que la «imposición del sistema de precios rígidos impide cubrir costos de producción e incluso la gasolina, la electricidad y otros bienes de empresas públicas».
Que el actual régimen de cambio múltiple genera oportunidades a la corrupción, y que en el año 2013 se le concedió al ejecutivo poderes habilitantes durante 12 meses, para «lanzar una lucha temprana para combatirla, sin embargo produjo, entre otras cosas, una serie de dificultadas que definimos como cadivismo».
El informe considera que el ejecutivo no reconoce en el decreto estos problemas, ni proponer soluciones se agravaría la crisis, en lugar de resolverla, «puesto que plantea objetivos inconsistentes, poco claros y en algunos casos contradictorios».
El decreto no define «emergencia económica» – señala el informe -, de modo que sea posible evaluar los efectos de las políticas a implementar, e indica que durante 2015 no fue publicada la información oficial necesaria, para evaluar el estado de la economía y la sociedad venezolana.
Expresa que la última reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela aprobada, vía habilitante, al final del año «pretende legalizar la situación», «sin información detallada y creíble no es posible ofrecer una definición operativa de la emergencia con criterios objetivos para su tratamiento».
El decreto pretende otorgar al poder ejecutivo atribuciones exclusivas en el manejo de la crisis sin delimitar su área de actuación – dice el informe – y que la anterior Asamblea aprobó un plan de desarrollo y de gastos presupuestarios y extra presupuestarios, además concedió 3 leyes habilitantes, «que aprovechó para dotar a su gobierno de un marco jurídico, para hacer lo que pide en ese decreto».
Sin embargo, solicita permiso para dictar sus medidas de orden social, económico o político que estime conveniente y, «para obligar a colaborar en su cabal cumplimiento a los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la policía administrativa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
De aprobar el decreto la Asamblea no sólo se ausentaría de sus responsabilidades, si no que reduciría espacios de participación a universidades, gremios, sindicatos, empresarios, comunidades, partidos políticos y movimientos sociales, «el decreto no justifica satisfactoriamente que los medios ordinarios de que dispone el presidente sean insuficientes, para atender la crisis».
Propuestas
Propone que se mantenga abierta la discusión y no concentrar las decisiones para manejar la crisis económica en manos del ejecutivo, «porque sería darle facultades para actuar discriminatoria y unilateralmente».
En cuanto a las áreas a que refiere el decreto Social, Fiscal, Monetaria y Jurídica, dice que «el decreto no protege el gasto social, y que decretar el estado de excepción, para asegurar salud, vivienda, educación y otras áreas implica reconocer la imposibilidad de cumplir tales funciones con las políticas empleadas por el ejecutivo desde los años de la bonanza petrolera».
Al final de la lectura, el diputado a la AN, José Guerra, presidente de la instancia hizo distribuir el informe correspondiente al resto de los integrantes, dada la solicitud de los parlamentarios del Polo Patriótico, quienes dijeron desconocer el contenido del mismo.
La Comisión que analizó el decreto estuvo integrada por los diputados José Guerra (PJ-DC) quien la preside, Elías Mata (MUD-Zulia) como vice presidente e integrada por los diputados:Alfonzo Marquina (MUD-Lara), Carlos Andrés Michelangelli (MUD-Anzoategui), Andres Eloy Camejo (MUD-Barinas) Carlos Properi (AD-Guárico), Julio César Reyes (GE-Barinas), Sergio Vergara (MUD-Táchira), Julio Borges (PJ-Miranda), Omar Barboza (AD-Zulia), José Simón Calzadilla (MUD-Aragua) y José Noriega (MUD-Sucre), por la bancada de la Unidad.
Mientras que por la bancada delPSUV estuvo integrada por los diputados: Víctor Clark (Falcón) Ricardo Sanguino (Táchira), Hugbel Roa (Trujillo),Ramón Lobo (Mérida) Héctor Rodríguez (Bolívar), Asdrúbal Chávez (Barina), además de Yul Jabour (PC-Yaracuy)
