Aunque no se trata del primer caso, donde miembros de la delincuencia organizada se infiltran en la política o son apoyados por organizaciones políticas, en El Salvador, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) postuló como candidato a alcalde a un hombre que estaba vinculado al tráfico de drogas. Ganó el proceso, en marzo de 2015, pero el pasado 6 de enero un tribunal lo condenó a 13 años de prisión. En la imagen. Cristóbal Benítez Canales, quien fue detenido el 21 de octubre de 2010 por vender cocaína a unos policías encubiertos. Pese a que arrastraba un proceso judicial por tráfico de droga, GANA lo postuló para alcalde de San Francisco Gotera, en Morazán
A continuación la información de elfaro.net
Hay políticos que culminaron su carrera política cuando se les vinculó con actividades de crimen organizado como a los diputados Eliú Martínez y Roberto Silva. Hay otros políticos que incursionaron exitosamente en la política después de ser sorprendidos negociando cocaína. Este es el caso de Cristóbal Benítez Canales, alcalde de Gana en San Francisco Gotera, Morazán, condenado a 13 años de prisión. En el partido sabían sus antecedentes, pero decidieron ignorarlos.
Efren Lemus y Yéssica Hompanera
Un tribunal de San Miguel condenó la noche del miércoles 6 de enero a Cristóbal Benítez Canales, alcalde de San Francisco Gotera, en Morazán, a 13 años de prisión por tráfico de cocaína. El ahora condenado compitió y ganó las elecciones municipales en marzo de 2015 bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), partido que le abrió las puertas pese a que arrastraba un proceso judicial por intentar vender a agentes encubiertos dos kilogramos de cocaína en una compra controlada.
El partido GANA todavía no ha ha dado una postura oficial sobre su involucramiento con un hombre vinculado al narcotráfico, pero las palabras del jefe de la fracción legislativa y diputado por Morazán, Guadalupe Vásquez, dibujan a GANA como un partido que no ignoraba los antecedentes del candidato con el cual ganaron las elecciones municipales de 2015. De hecho, el diputado Guadalupe Vásquez dice que como Benítez no había sido condenado para cuando lo tomaron en cuenta como candidato, su partido no podía impedirle el «derecho» a optar por un cargo público.
Para Vásquez, la cabeza de Gana en el departamento de Morazán, aunque la investigación de la Fiscalía y la PNC dice que Benítez es narcotraficante, los argumentos de la defensa dicen otra cosa. «Él es inocente. La justicia terrenal a veces se equivoca», dice el jefe de fracción de Gana.
La investigación contra el exalcalde inició cinco años antes de que Benítez se convirtiera en alcalde, en abril de 2010. Los informantes de la División Antinarcóticos de la Policía (DAN) revelaron que el constructor y entonces vicepresidente del Vista Hermosa, equipo de la primera división de fútbol, estaba involucrado en narcotráfico. Después de siete meses de investigación, el 21 de octubre del 2010, la Fiscalía autorizó a los investigadores de la DAN una operación encubierta.
La operación encubierta permitió a los policías comprar dos kilogramos de cocaína y capturar a Benítez Canales, Roberto Romero Espinoza Hernández, José Benedicto Villanueva y José Zeledón Laínez Chicas. Todos fueron capturados en el Pasaje 2 de la Lotificación La Joya, municipio de San Carlos, en Morazán, minutos después de pactar la venta de la droga con los policías encubiertos. El alijo fue valorado en 25 mil dólares, pero un peritaje judicial determinó que, por el grado de pureza, la droga valía 11 mil dólares.
Benítez no es el primer dirigente político cercano a Gana relacionado con el narcotráfico. Gana, un partido que nació en octubre de 2009 tras la renuncia de 23 diputados del principal partido de oposición, Arena, se convirtió en el principal aliado del partido en el gobierno, el FMLN, en la Asamblea Legislativa. Tras los comicios de 2012 y 2015 Gana ha terminado consolidándose como la tercera fuerza política del país con 11 diputados.
Desde su nacimiento, Gana siempre ha estado vinculado al expresidente Antonio Saca (1994-1999), pero sobre todo con su primo, un hábil operador político y primo del exmandatario, pieza clave en su gobierno para buscar acercamientos con los partidos PDC y PCN. Herbert Ernesto Saca Vides a la postre terminó convirtiéndose en asesor del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). A Herbert Saca, investigaciones policiales y fiscales lo relacionanaron con la red de «El Repollo», un salvadoreño capturado en Guatemala al que se le acusó de enviar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. En la investigación y captura de Julio César Bonilla Cabrera, uno de los miembros de la banda de El Repollo, la Policía decomisó una camioneta contaminada con cocaína y registrada a nombre de Herber Ernesto Saca Vides, el pariente del expresidente, y uno de los padrinos políticos de Gana.
Del crimen a la política
En la historia criminal reciente del país, hay empresarios y dirigentes deportivos que incursionaron discretamente a la política y su carrera terminó abruptamente cuando se descubrieron sus nexos con actividades de crimen organizado.
En el 2003, por ejemplo, el dirigente del equipo Arcense, de Ciudad Arce, diputado suplente del desaparecido Partido de Acción Nacional (PAN), Eliú Martínez, fue arrestado en Panamá y extraditado hacia los Estados Unidos, por traficar cocaína para el Cártel del Golfo. Tres años después, en el 2006, el constructor, diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PCN), y dirigente del Topiltzin, equipo de fútbol de Jiquilisco, Usulután, Roberto Silva, fue acusado de corrupción.
Esas actividades delictivas supusieron el fin de la vida política tanto para Eliú Martínez como para Roberto Silva. Empero, el del alcalde Cristóbal Benítez Canales es un caso que recorrió el camino a la inversa: él primero fue relacionado con actividades de narcotráfico y, cuando aún su proceso por narcotráfico estaba pendiente de resolución, incursionó en la política exitosamente.
Benítez Canales fue arrestado en el 2010. En septiembre del 2011, el juez especializado de San Miguel, Enrique Beltrán, declaró la nulidad de la operación encubierta y absolvió al procesado. Beltrán es uno de los tres jueces del oriente del país que actualmente es procesado por recibir sobornos a cambio de liberar a narcotráficantes y devolver fondos en casos de lavado de dinero.
La Fiscalía presentó una casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular el fallo del juez Beltrán. En el año 2013, los magistrados ordenaron un nuevo juicio contra Benítez Canales, pero la vista pública se atrasó en varias oportunidades por la burocracia judicial. Aprovechando la poca diligencia de las autoridades, Benítez Canales se arropó en la bandera de GANA y se inscribió como candidato para las elecciones del 2015.
El diputado por Morazán de Gana, Guadalupe Vásquez, es en definitiva la cabeza del partido en ese departamento. En la política salvadoreña, las reglas no escritas ordenan que los diputados elegidos en las circunscripciones departamentales sean los líderes de esas regiones. Sobre ellos recae la responsabilidad de que su partido haya cobijado más o menos votos en una elección. Vásquez, sin embargo, señala a los líderes comunitarios del partido como los responsables de la llegada de Benítez a GANA. «Los líderes del municipio, ellos hicieron la propuesta y nosotros como partido aceptamos. Los líderes de la comunidad le propusieron la candidatura (Cristóbal Benítez) al partido GANA y el partido tomó la decisión del cargo», dice Vásquez.
Cuando se le repregunta al diputado qué filtros utilizó el partido para elegir a su candidato, Vásquez responde que «encontramos en el señor alcalde un liderazgo y por eso fue que el partido lo llevó, tenía un alto grado de liderazgo en el municipio».
Aunque Vásquez y su partido sabían que en contra de Benítez había un proceso por narcotráfico, este no fue impedimento para que el partido se replanteara esa candidatura, que al final lo colocó en la silla edilicia, en mayo de 2015.
«Estamos hablando de que él se tomó como candidato y tenía una sentencia absolutoria. Ya lo demás no es responsabilidad nuestra, del partido. Es una responsabilidad netamente personal», dice Vásquez. «Si nosotros tomamos a una persona y no ha sido condenada a juicio, entonces no le podemos negar un derecho constitucional que tiene. Ahora, si él hubiera sido condenado, entonces sí estaríamos violando las leyes que dicen para la elección de un candidato», agrega.
Un mes después de ganar las elecciones, en abril del 2015, estaba programado el juicio contra Benítez Canales, pero el tribunal lo suspendió sin argumentar razones y la reprogramó para agosto. Ese mes tampoco se realizó el juicio. Fue hasta el 5 de enero de 2016 que la justicia sentó en el banquillo al alcalde de Gotera por GANA, socio de la constructora Benítez S.A de C.V y propietario del estadio Correcaminos, en San Francisco Gotera. La noche de este miércoles, el juez Roberto Manuel Campos Ascencio declaró culpable al exalcalde y lo condenó a 13 años de prisión.
El juez también condenó a 13 años de cárcel a Roberto Romero Espinoza Hernández. En el caso de José Benedicto Villanueva se cerró porque murió por causas naturales, mientras que José Zeledón Laínez Chicas es prófugo. Él logró escapar gracias al fallo del juez Beltrán, actualmente procesado por recibir sobornos.
