Con la privativa de libertad del oficial de la Policía del estado Aragua, Jesús Gabriel Segovia Salina (29), suman cinco los funcionarios policiales, presuntamente incursos en un hecho de corrupción contra una comerciante, a quien se le habría exigido 50 mil bolívares para no implicarla en un hecho vinculado con delitos económicos. . Reuters /Carlos Garcia Rawlins
Esta irregularidad fue denunciada por la víctima, el lunes 22 de enero, ante la Dirección de Desviaciones Policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público en Maracay.
Por este caso se encuentran privados de libertad la supervisora agregada de ese organismo de seguridad regional, Elvia Benítez Núñez (48); y los oficiales Diego Toro Zamora (33) y Jean Bolívar González (28). Además fue imputado el supervisor agregado Reinaldo Díaz Hernández (50), quien también está presuntamente vinculado con lo sucedido.
En la audiencia de presentación, los fiscales 21° de esa jurisdicción, Rolando García y José Arreaza, respectivamente, imputaron a Segovia Salina por la presunta comisión de los delitos de concusión y agavillamiento, tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
Tras ser evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 7º de Control de Aragua dictó la medida privativa de libertad para el hombre, quien al igual que Benítez Núñez, Toro Zamora y Bolívar González, quedó sujeto a una medida cautelar consistente en arresto domiciliario, mientras que Díaz Hernández debe presentarse cada 90 días ante el referido juzgado.
En horas de la mañana del 22 de enero, la comerciante fue detenida, a bordo de su camioneta, por Toro Zamora y Bolívar González, cuando se trasladaba por la carretera nacional Cagua – La Villa. Seguidamente, fue llevada a la estación policial de Cagua por supuesto acaparamiento de productos de la cesta básica
En vista de la situación, la mujer le indicó a la supervisora Benítez Núñez que ella poseía todas las facturas de lo que llevaba en su vehículo; además puntualizó que esos productos serían utilizados en su empresa de servicio de comidas para empleados industriales.
A pesar de ello, los imputados le solicitaron la cantidad de 50 mil bolívares para no vincularla con ilícitos económicos.
Horas más tarde, los policías regionales la dejaron ir luego de despojarla de todos los productos que llevaba consigo. La víctima al llegar a su comercio se enteró de que los efectivos habrían cobrado a sus socios el dinero exigido a cambio de su libertad, razón por la que apersonó a ese organismo de seguridad y denunció lo ocurrido.
Ese mismo día, Benítez Núñez, Toro Zamora, Bolívar González y Díaz Hernández fueron aprehendidos en la estación de Cagua.
Posterior a una investigación coordinada por el Ministerio Público, se logró determinar que Segovia Salina habría cobrado lo acordado en el establecimiento de comida, por lo que fue capturado en Maracay cuatro días después (26 de enero), en atención a una orden de aprehensión solicitada por los fiscales y acordada por la citada instancia judicial
