España | El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 2,6 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, empieza este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. La apertura de la vista oral culmina seis años después de uno de los mayores escándalos institucionales de la historia reciente de España, que afectó notablemente a la imagen de la Corona. Las tres magistradas que forman el tribunal deberán decidir en la primera fase del proceso si mantienen en el banquillo a la hermana del Rey Felipe VI.
El caso Nóos empezó a investigarse en 2010 casi por casualidad. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y el juez José Castro, enfrascados en el macrosumario del caso Palma Arena, se fijaron en una carpeta medio vacía. En ella se guardaba un expediente oficial en el que se justificaba el pago de un millón de euros desde el Gobierno balear presidido por Jaume Matas al Instituto Nóos, dirigido por Iñaki Urdangarin y su entonces socio, Diego Torres. La cantidad era el precio pactado por organizar un congreso dedicado al impacto del deporte en la actividad turística.
La cantidad abonada a Nóos a través del Instituto Balear del Deporte llamó la atención del magistrado instructor y del fiscal, que desentrañaron una maraña de contratos del Gobierno autonómico, y también de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, con el organismo dirigido por Urdangarin. El Instituto Nóos, del que eran miembros Cristina de Borbón y el exsecretario de las infantas Carlos García Revenga, logró contratos —de forma fraudulenta, vulnerando todos los principios de contratación pública— por valor de 5,8 millones de euros entre los años 2004 y 2007. Parte de ese dinero, no menos de 2,6 millones de euros, fue supuestamente desviado por Urdangarin y Torres a un entramado de empresas dependiente del Instituto Nóos, entre las que destaca Aizoon.
Las cantidades percibidas fraudulentamente supusieron un fraude fiscal a través de Aizoon de 182.000 y 155.000 euros en 2007 y 2008, respectivamente, en el caso de Urdangarin. La fiscalía sostiene que su esposa, Cristina de Borbón, a la que califica de elemento “decorativo” en el Instituto Nóos, no fue de cooperadora necesaria en el delito fiscal, sino de partícipe a título lucrativo, es decir, que se benefició del dinero defraudado pero sin ser consciente de la comisión de un delito. Sin embargo, la acusación popular ejercida por Manos Limpias, y el juez José Castro en su auto de apertura de juicio oral, mantienen la imputación de la hermana del Rey.
Los 18 imputados
Quebradero de cabeza
El caso, que acumula más de 70.000 folios y alrededor de un centenar de tomos, ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza tanto en los últimos años del reinado de Juan Carlos I y en los primeros tiempos de Felipe VI en el trono. El anterior monarca envió a su asesor jurídico, José Manuel Romero, conde de Fontao, a investigar los negocios de su yerno en 2006 después de que las actividades del Instituto Nóos fueran objeto de atención parlamentaria en Baleares. Urdangarin se negó a abandonar su actividad empresarial particular hasta el año 2009, cuando fichó por Telefónica y se trasladó a vivir a Washington.
En diciembre de 2011, el juez Castro imputó a Urdangarin. En su discurso de Nochebuena de ese año, don Juan Carlos pronunció una frase definitiva: “La Justicia es igual para todos”. Su yerno empezaba a quedar fuera del paraguas institucional de la Casa del Rey. En febrero del año siguiente, el antiguo jugador de balonmano acudió a declarar como imputado ante el juez. Durante 22 horas a lo largo de dos jornadas, Urdangarin cargó toda la responsabilidad en su socio Diego Torres y se esforzó en apartar a doña Cristina de sus actividades.
Sin embargo, la aparición en la causa de delitos fiscales acabó por salpicar a la infanta, que en febrero de 2014 tuvo que declarar ante el juez Castro como imputada. . En las seis horas de interrogatorio, la hermana del Rey contestó 182 veces “no sé” y otras 55 “no lo recuerdo”. La infanta, despojada del título de duquesa de Palma desde junio pasado, se sentará el lunes en el banquillo de los acusados. El País
