El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el viernes el estado de emergencia económica por 60 días, reservándose mayores atribuciones legales para hacerle frente a las «catastróficas» cifras que colocan al país petrolero como el de peor desempeño en América. Foto Reuters/Carlos Garcia Rawlins
El mismo día del anuncio, el Banco Central dio a conocer las cifras del comportamiento económico luego de un año de silencio: el Producto Interno Bruto del país petrolero se contrajo un 4,5 por ciento entre enero y septiembre de 2015 y la inflación se elevó 108,7 por ciento en el mismo lapso.
Maduro argumenta que requiere poderes especiales para luchar contra la «guerra económica» de empresarios y políticos opositores, a los que responsabiliza por la crisis que sufre Venezuela.
«(Es) una verdadera tormenta donde estamos nosotros en este momento», dijo el mandatario, reconociendo la gravedad de la crisis al calificar las cifras publicadas por el instituto emisor como «catastróficas».
«No es la tormenta de Maduro, como algunos creen poder apostar, es una situación de todo un país que afecta a toda la familia venezolana y que amerita hacer, por lo menos, el esfuerzo de poner en el centro los puntos de interés», agregó durante su rendición anual de cuentas ante el parlamento.
Entre las prerrogativas que el Ejecutivo se adjudicó con el decreto están el control del presupuesto sin contraloría de la Asamblea Nacional, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el fin de garantizar el abastecimiento y la facultad de establecer límites máximos de acceso a bolívares.
Además, el decreto permite la agilización de la burocracia para expandir las compras estatales en un país que importa la gran mayoría de los bienes que consume.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tendrá hasta ocho días para vetar o ratificar el estado de excepción. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto que entró en vigencia el viernes.
Maduro pidió al parlamento que apruebe la norma. Si es ratificada, la cámara podrá prorrogarla hasta por otros 60 días.
«Vamos a ver si (la oposición) aprueba (el decreto). Muy difícilmente lo hagan porque ellos son los generadores de la guerra económica», opinó el diputado Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del partido de Gobierno.
Tamaño de la crisis
Las cifras publicadas el viernes por el Banco Central confirmaron la profundidad de la crisis. La economía venezolana acumula siete trimestres consecutivos de contracción, y la inflación marcó nuevos máximos históricos. (goo.gl/DAH3XJ)
Como un punto a favor para su Gobierno, el presidente destacó que la cifra de hogares pobres en el país fue de un 19,1 por ciento al cierre de 2015 y que el desempleo se mantuvo bajo, en un 6 por ciento.
Opositores, que dudan de las cifras oficiales, sostienen que el penoso trance es el corolario de más de tres lustros de controles de cambio y precios y han pedido medidas urgentes como unificación cambiaria, liberación de precios y el aumento del costo de la gasolina más barata del mundo.
En un guiño a quienes piden medidas urgentes, Maduro dijo que «llegó la hora» de aumentar el precio de la gasolina y pidió establecer el diálogo con las empresas privadas y la oposición, aunque evitó hablar sobre otras acciones específicas.
«Tenemos 17 años con este régimen y con este modelo», dijo el presidente de la Asamblea, el opositor Henry Ramos. «Ha sido un modelo económico que no ha tenido buenos resultados, el modelo es erróneo y ahí están las cifras», agregó.
El año pasado, el mandatario también prometió aumentar el precio de los combustibles, pero finalmente no lo hizo y en Venezuela aún es posible llenar un tanque de 60 litros por menos de un dólar.
A pesar de que el subsidio a la gasolina le representa al fisco un gasto de unos 12.500 millones de dólares al año, analistas opinan que el aumento debe llegar al precio del mercado internacional para que el Estado pueda embolsarse los fondos necesarios.
El panorama no luce bien para Venezuela: según cálculos de Thomson Reuters, el país debe pagar este año unos 9.500 millones de dólares en deuda externa, lo que representa más de la mitad de sus reservas.
A pesar de las dudas del mercado, el mandatario ratificó en su discurso del viernes su voluntad de honrar los compromisos.
«El decreto de emergencia intenta justificar la profundización del intervencionismo basado en la crisis causada por el mismo intervencionismo», dijo el presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León. REUTERS
