Para Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, no ha habido voluntad política para resolver el problema de las cárceles “porque hay intereses de por medio”.
Señaló – en la entrevista que le realizó Sandra Guerrero para El Nacional– que si el Estado quisiera realizar una verdadera transformación bastaría con aplicar el artículo 272 de la Constitución, que establece la descentralización de esos recintos, al analizar los hechos ocurridos recientemente en el Internado Judicial San Antonio de Margarita, en donde los presos homenajearon con ráfagas de armas potentes al cadáver del exprán, Teófilo Rodríguez Cazorla, alias el Conejo.
El ingreso de armas de guerra a los penales, aseguró, comenzó después de 1999 porque anteriormente los presos mantenían riñas en las que se usaban chuzos, y luego chopos de fabricación carcelaria.
“Cuando las autoridades se olvidaron de los presos, estos empezaron a formar su gobierno, cerraron la puerta del área de reclusión y comenzaron su gestión. (Entonces) surgió la figura del pran. Hasta los directores de las cárceles tienen que pedirle permiso al pran para entrar”, indicó.
A partir de esta perversión, los pranes se encargan de buscar financiamiento para la compra de armas de fuego. El cobro de la “causa” es semanal y oscila entre los 500 y 3.000 bolívares. Esta última tarifa la cobran a los reclusos que dentro del penal tienen negocios como la venta de comida. Otra forma de financiarse es mediante el expendio de drogas y las extorsiones, pero también secuestros que dirigen desde el mismo recinto.
“Los reclusos pagan para poder vivir porque, de lo contrario, los matan o tienen que pedir traslado a otra cárcel”, dijo.
Como entra el armamento
Los pranes se las ingenian para introducir las armas de fuego, así como granadas, a los penales. Lo primero que hacen es establecer contacto con aquellos individuos que las tienen, para que estos las entreguen a funcionarios de la Guardia Nacional o a custodios, precisó Prado.
Asimismo, negocian con personas que están dispuestas a arriesgarse y a lanzar las armas dentro de bolsos al interior del penal. El armamento que les venden pueden, a su vez, ser producto de un hurto cometido en la casa de un militar, un policía o de un coleccionista. También se las dan militares o policías que se las han robado. “No se puede actuar solo cuando hay un motín para trasladar y desarmar a la población penal. Tiene que haber mecanismos”, señaló.
Recomienda hacer requisas selectivas, organizadas y de sorpresa. Propuso que la Guardia Nacional salga de los recintos penitenciarios y se cree un organismo civil para la custodia interna y externa.
Penales armados
Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Liberad, no tiene dudas de que en todos los penales hay armas de fuego “que introducen la GNB y los custodios”. “En la única en que no se han visto es en el Instituto Nacional de Orientación Femenina”.
Al parafrasear a Elio Gómez Grillo, expresó: “Las cárceles son tan productivas como Pdvsa”.
Para Nieto Palma, decir que las cárceles están pacificadas y no tienen armas de fuego es una fantasía. Tildó de disparate aseverar que el armamento que hay en la cárcel de San Antonio, en Margarita, data de la cuarta república. “Es un disparate decir que esas armas estuvieron ahí por 17 años”.
Afirmó que el armamento debe ser retirado de los penales, pero más importante es impedir que regrese.
